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La Ley de Divorcio, que desde hace casi 120 años permite a las mujeres en Uruguay iniciar la disolución del vínculo, ha tenido un uso creciente. Mientras que en 1950 10 de cada 100 matrimonios terminaban en divorcio, esta proporción aumentó a 30 de cada 100 en 1995. En 1985 se habían divorciado el 8% de las mujeres de entre 35 y 39 años y el 9% de las de entre 50 y 54 años; en 2022 esos porcentajes ascendieron a 20% y 29%, respectivamente.
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La “evolución de las pautas de participación laboral femenina, las crisis económicas y el consiguiente desempleo masculino, las normas sociales y las políticas públicas figuran entre los factores explicativos del aumento de las separaciones y divorcios”, señalan las investigadoras Marisa Bucheli y Andrea Vigorito en un reciente artículo donde exponen evidencia para Uruguay sobre los efectos en el bienestar económico y subjetivo, el uso del tiempo y el “empoderamiento” de las mujeres tras la ruptura.
Utilizando datos de dos oleadas de un estudio longitudinal oficial —la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud— que posibilitó un seguimiento de hogares uruguayos con niños de 0 a 3 años a partir de 2013, su investigación muestra que la disolución de la pareja conlleva, en promedio, una pérdida neta del 29% en el ingreso per cápita del hogar, a un aumento en la dedicación al trabajo remunerado y a una disminución del tiempo destinado a las tareas domésticas.
Las investigadoras entienden que Uruguay presenta características que lo hacen “interesante para comprender estos temas” y que el análisis del caso puede contribuir al debate sobre la disolución de las uniones tanto en países desarrollados como en desarrollo.
La separación y sus efectos
Compararon los resultados previos y posteriores de aquellas mujeres que se separaron de su pareja entre el año de referencia y la segunda oleada (2016) con los resultados de un grupo similar que permaneció casado o en unión libre.
El artículo, publicado en la edición de junio de la revista Economía Feminista, subraya que la separación no es un “evento aleatorio”. Las mujeres con menores niveles de ingresos, menor satisfacción con el reparto de las tareas domésticas y mayor desacuerdo con las actitudes tradicionales sobre los roles de género tienen más probabilidades de experimentar una ruptura de pareja. Por el contrario, aquellas que están casadas (frente a las que conviven con sus parejas) o que declaran ser religiosas tienen menos probabilidades de separarse. Por otro lado, la región de residencia y el nivel educativo no están asociados con la disolución de la unión.
Según la literatura sobre el tema, las dificultades económicas tras la separación son una de las consecuencias más previsibles, debido a la salida del hogar del principal proveedor de ingresos.
Trabajo pago y en el hogar
Para analizar los efectos de la separación en la distribución del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, las investigadoras restringieron la muestra a aquellas entrevistadas que declararon una carga total (de mercado y doméstica) de 112 horas semanales o menos.
Constataron que la separación fomenta la incorporación al mercado laboral: la tasa de participación era de 60% en la situación inicial, y el efecto promedio de la separación se sitúa entre 7,6 y 9 puntos porcentuales, “una cifra nada despreciable”.
El impacto promedio en el tiempo dedicado al mercado laboral es de casi tres horas semanales adicionales. Eso explica el aumento de los ingresos por trabajo.
Por otra parte, la separación reduce el tiempo dedicado a las tareas domésticas en casi tres horas semanales, lo cual compensa el aumento de las horas de trabajo en el mercado laboral. Una mayor asistencia escolar de los hijos parece ser la principal vía para habilitar esa sustitución.
Al respecto, Bucheli y Vigorito citan estudios previos realizados en Uruguay, según los cuales los hogares con hijos que asisten a escuelas públicas experimentan una pérdida de ingresos netos de alrededor del 16% tras la separación; en cambio, cuando la separación de los padres ocurre durante la adolescencia del hijo, los ingresos disminuyen aproximadamente un 3%. Sus estimaciones indican, sin embargo, que la pérdida “es mucho mayor, situándose entre el 25,8% y el 32%”.
Eso ocurre a pesar de que, calculan, los ingresos laborales de las mujeres crecen entre 24% y 27% tras la separación.
Agregan como dato de contexto que la proporción de padres que no conviven con sus hijos y que incumplen sus obligaciones de manutención es de 35%, según la encuesta tomada como base de su investigación.
“Inesperadamente, no encontramos un efecto significativo en la satisfacción en el ámbito económico“, afirman.
Aportes al debate
Las autoras entienden que sus hallazgos tienen implicaciones relevantes para los debates actuales en Uruguay. “Un primer ámbito de intervención se refiere a la necesidad de equilibrar la considerable pérdida de ingresos que experimentan las mujeres con la custodia y la incidencia del incumplimiento en los pagos de manutención. En este sentido, cobran especial relevancia el aumento de las transferencias públicas y la implementación de mecanismos que garanticen que los padres cumplan con dichas obligaciones”, afirman.
Un segundo ámbito implica “incidir sobre las actitudes respecto a las normas de género para fomentar la autonomía de la mujer y la implicación paterna, promoviendo así un mejor reparto de las tareas domésticas, tanto en las parejas que conviven como tras la disolución de la unión”. Por último, la educación prescolar —sostienen— “parece desempeñar un papel fundamental a la hora de compensar el tiempo dedicado al mercado laboral y de mitigar la falta de tiempo en los hogares monoparentales”.
Bucheli es investigadora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Vigorito trabaja en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
