—¿Cómo describiría la marcha del gobierno? En estos primeros meses de gestión la oposición ha cuestionado la falta de anuncios, el oficialismo ha insistido en que la situación fiscal del país es compleja y eso marcará el período, referentes frenteamplistas han cuestionado a la oposición porque no les da “ni un vaso de agua”, ha habido cambios de autoridades como en Vivienda y Colonización…
—Es un gobierno que se ha afianzado y ha comenzado a instrumentar los cambios en el segundo trimestre. La falta de información y problemas vinculados a las dificultades económicas estiraron la transición y, por tanto, los primeros dos meses fueron de construcción de equipos y de afianzarse. Hoy es un gobierno consolidado y en desarrollo e implementación de su programa. A nivel de oposición también ha habido, con la incidencia de la campaña electoral de las departamentales, una prolongación de la lógica electoral que espero que cambie.
—En esa primera etapa de transición prolongada usted apunta sobre todo a la falta de información por parte del gobierno saliente. ¿Identifica también problemas del propio Frente Amplio para entrar en marcha?
—Tuvimos dos meses de transición real con disponibilidad de todos los datos y números objetivos que demostraron que recibimos un país en una situación más crítica que la esperada. Quizás, además de los problemas de endeudamiento, los nuevos datos de pobreza con la nueva línea de medición que recibimos del INE (Instituto Nacional de Estadística) sean un símbolo.
Del lado del gobierno, hubo ajustes en la composición de los equipos. También hubo articulación con la fuerza política en un contexto de campaña electoral y de redefinición de algunos aspectos en función de las restricciones económicas y políticas. Y la restricción política a la que quizás nos está costando más adaptarnos es a la ausencia de mayoría parlamentaria en Diputados.
—¿En qué lo notó?
—En los niveles de demanda y exigencia de aplicación inmediata de algunos planteos del programa desde una perspectiva maximalista y poco flexible a la negociación. Asumir la necesidad de mayor flexibilidad es otra de las inflexiones de este período, que tiene como aspecto positivo la instalación de canales de diálogo. Más allá de la confrontación en lo político, objetivamente se van abriendo espacios de diálogo que vimos en forma incipiente con la aprobación de la Rendición de Cuentas, luego con la trabajosa negociación de la solución para la caja de jubilaciones profesionales y ahora con un tema clave de la agenda como es la seguridad.
Edgardo-Ortuno
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Cuáles son sus prioridades como ministro de Ambiente? Por las señales que se han dado de parte del Ministerio de Economía el presupuesto será apretado.
—El ministerio se plantea jerarquizar la agenda ambiental y climática a nivel país, en un contexto global marcado por la COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), donde la agenda ambiental es un punto fundamental del debate y de cualquier propuesta de desarrollo sostenible desde la izquierda.
He dialogado mucho planteando un doble concepto: la jerarquización de lo ambiental y lo climático como compromiso ético y político, pero también como una oportunidad. En un mundo donde las exigencias de procesos sostenibles detrás de las ofertas comerciales y productivas crecen, con una normativa en la Unión Europea cada vez más exigente en temas ambientales, llevar a un nuevo nivel lo del Uruguay Natural, apoyado en experiencias como el liderazgo en energías renovables, es una oportunidad para el posicionamiento internacional.
Con el MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) trabajaremos en prácticas de producción sostenible en la ganadería y en la agricultura, impulsando también la agroecología, incorporando la experiencia regional en la difusión e incorporación de los bioinsumos como alternativa a los agroquímicos.
También queremos, como marca país, impulsar la cadena de valor en torno a los residuos. Tenemos la gran apuesta de generar un cambio en el modelo de gestión de residuos, incorporando clasificación y valorización con lógica de economía circular. Apostamos a una política de Estado en la que gobierno nacional e intendencias de todos los signos políticos trabajemos juntos. Lo mismo con el impulso a la extensión del Plan Vale: participamos de la concreción del compromiso de inversión de US$ 50 millones de las empresas que conforman el plan en la Cámara de Industrias para que en 2026 y 2027 tengamos un salto significativo en la recuperación de envases y su valorización.
Otra área clave es la gestión del agua como prioridad nacional, tanto para asegurar el agua potable para el consumo humano como para la producción. Estamos trabajando con el MGAP, con Presidencia, y trabajaremos también con el Ministerio de Industria y la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) para impulsar una nueva etapa de desarrollo del riego en Uruguay.
Buscamos un avance sustancial en materia de gestión del agua como recurso natural básico y fundamental para asegurar calidad de vida y desarrollo sostenible en el país. Esto incluye la construcción de la represa de Casupá, de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, de la represa y planta en Solís Chico y la mejora de la cuarta y la quinta línea de bombeo que vamos a realizar con la reconfiguración del Neptuno. También apostamos a la mejora en materia de normativa ambiental de la calidad del agua con la actualización del decreto 253, que espera su reforma desde 1979, y a la mejora del conocimiento y el desarrollo de políticas de gestión del agua subterránea.
Otro eje es la mayor y mejor protección de nuestros ecosistemas y el cuidado de nuestra biodiversidad, aumentando el porcentaje de áreas con medidas de protección. La novedad más importante y desafiante es la designación por decreto de áreas marinas protegidas que el país se acaba de comprometer a concretar en este período en la conferencia de Naciones Unidas.
—Con la discusión presupuestal a la vuelta de la esquina, ¿ya sabe qué recursos va a necesitar para esta agenda? El Ministerio de Ambiente es nuevo y tiene una serie de debilidades estructurales.
—El quinto objetivo de gestión es el fortalecimiento institucional de un ministerio que es muy nuevo y que, por lo tanto, es el último en disponibilidad de recursos económicos y humanos. El reconocimiento de eso es la aprobación y autorización parlamentaria a disponer de un número extraordinario de pases en comisión para obtener los recursos humanos que objetivamente faltan.
—¿Siente que son los últimos de la agenda?
—No lo siento, es lo que dicen los datos. Somos el ministerio que tiene menos recursos asignados. Tenemos el desafío de crecer en un marco extremadamente restrictivo que comprendemos por los compromisos heredados y por la situación internacional desafiante que están enfrentando el Uruguay y la región. Pero somos conscientes de que, con las definiciones adoptadas por el gobierno, Uruguay va a hacer una inversión histórica en agua potable, la más importante de los últimos 50 años (cerca de US$ 350 millones en obras de abastecimiento). Son US$ 130 millones para la construcción de la represa de Casupá, pero también la construcción de una nueva planta potabilizadora y dos infraestructuras para llevar agua a la Costa de Oro, donde al día de hoy, en pleno siglo XXI, algunos balnearios todavía no disponen de servicio de agua potable en sus casas.
—¿Y eso cómo se va a financiar?
—Lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno/Arazatí ya tiene comprometido un mecanismo de financiamiento a partir del contrato con el consorcio y los pagos por disponibilidad que durante 17 o 18 años se realizarán para costear la inversión y el mantenimiento. En el caso de Casupá, la ampliación del financiamiento que el último gobierno de Tabaré Vázquez había concretado y tenía la aprobación de la CAF (Corporación Andina de Fomento). Me refiero al costeo inicial de US$ 100 millones en los que se estimaba la inversión de Casupá, que hoy actualizamos en US$ 130 millones. La CAF ya ha confirmado su voluntad de financiar.
—El gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo anunciaron que se va a mantener el mismo contrato pero se cambia el objeto. Tanto el abogado Juan Ceretta como referentes de la oposición política advirtieron que ese es un camino difícil de sostener jurídicamente y que quizás haya que hacer una nueva licitación. ¿Tiene un plan alternativo ante ese escenario?
—La solución a la que arribó el gobierno en acuerdo con el consorcio encuadra con los objetivos planteados por el contrato original, que se planteaba como objetivo central el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua de Montevideo y su área metropolitana, o el aseguramiento del abastecimiento con perspectiva a 2045. Con las obras que el contrato ahora garantizará, se va a cumplir con ese objetivo como no lo hacía la obra y el proyecto de Arazatí. Además el contrato planteaba la construcción de una planta potabilizadora con capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable. Eso se va a hacer con el acuerdo alcanzado, modificándose la ubicación. Se planteaba la incorporación de una reserva de agua bruta. Estamos incorporando una nueva reserva en Solís Chico con la represa que se construirá allí, generando un embalse de 6 millones de metros cúbicos de agua y reforzando la capacidad de potabilización con 24.000 metros cúbicos por día de producción para la Costa de Oro. Se van a fortalecer las líneas de aducción y el transporte de agua. Se cumplen los principales objetivos planteados en el contrato con una inversión menor y un ahorro significativo del costo financiero para el Estado. Esperamos comenzar con las obras en el primer trimestre de 2026 o en la primera mitad del año próximo.
Ortuno
Edgardo Ortuño en su oficina del Ministerio de Ambiente en Montevideo
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—El gobierno de Vázquez le dejó al de Lacalle Pou pronto el proyecto Casupá, la coalición lo relegó y optó por Neptuno. Ahora ustedes vuelven a invertir los proyectos y esto vuelve a demorar una solución necesaria para el suministro de agua potable. ¿Por qué el sistema político tiene tantos problemas para resolver un asunto de características más técnicas que políticas?
—Nos ha costado valorar la importancia estratégica y cotidiana del agua como país y priorizar las apuestas de mediano plazo a las lecturas electorales de corto plazo. Con la solución arribada, el país retoma una construcción estratégica de larga data. Hay un fuerte fundamento técnico, no es ni un capricho ni una decisión política antojadiza. Si algo faltara, se agrega en esta nueva administración el estudio realizado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que vuelve a ratificar que la única solución técnica que asegura el abastecimiento en tiempos corrientes, pero también —y fundamentalmente— ante un escenario de sequía, es la construcción de una nueva reserva de agua bruta en Casupá. Estaremos concretando una obra fundamental que nadie ha cuestionado ni en lo técnico ni siquiera en lo político. Porque en la segunda mitad del período pasado el propio gobierno incorporó a su discurso que había que hacer Casupá. Tenemos que madurar y, como hicimos en materia energética, construir acuerdos de política de Estado en materia de agua.
—¿Cuál es el estado de avance de los distintos proyectos de hidrógeno verde? Recientemente HIF presentó una versión reformulada de su proyecto que incluyó reubicar las chimeneas, reducir la superficie total de la planta y disminuir la intervención sobre el monte nativo. ¿Cómo evalúa el ministerio estos cambios?
—Uruguay es líder en energías renovables a nivel de la región y del mundo y debemos continuar trabajando en conocimiento y desarrollo, tanto a nivel de hidrógeno verde como de movilidad eléctrica y nuevos desarrollos. Desde esa perspectiva, es importante no hacerlo de cualquier manera, sino en función de un plan estratégico a mediano y largo plazo. En ese sentido, lo primero a destacar es el acuerdo con el Ministerio de Industria para el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica para el desarrollo del hidrógeno verde. Eso nos dirá fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos, pero también cuestiones fundamentales concretas para la gestión e implementación de la política pública, que son las condiciones y los lugares más y menos adecuados. Estamos ya trabajando en esa evaluación ambiental estratégica.
En paralelo, tenemos a consideración algunos proyectos en trámite. El que más me ha tocado trabajar es el de HIF, en Paysandú, donde aplicamos esta mirada general del tema: hidrógeno verde sí, no de cualquier manera. Tomamos la decisión con el gobierno departamental de Paysandú de avanzar en una configuración del proyecto a través de la concreción de un cambio de categorización del suelo. Planteamos además nuestra firme discrepancia con la interpretación de que el ministerio había otorgado una autorización ficta al no expedirse y que por lo tanto estaba brindada la autorización y, en base a una postura firme pero también a la apuesta al diálogo, logramos revertir esa situación, culminar el proceso de evaluación ambiental del ministerio, hacer recomendaciones sobre los aspectos que entendíamos se debían modificar y se obtuvo una reconfiguración del proyecto. La principal afectación que veíamos era la tala de 110 hectáreas de monte nativo que se podía evitar y efectivamente la empresa en su reconfiguración la evita en su gran mayoría, reduciéndola a 33 hectáreas. Es un ejemplo de lo que es una gestión ambiental comprometida, responsable, que permite el avance de los proyectos de desarrollo productivo en clave de desarrollo sostenible y minimizando los impactos ambientales negativos. HIF todavía debe recorrer el camino de la aprobación de la viabilidad ambiental de localización, la presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental, ambos de mayor profundidad.
Con esta misma perspectiva vamos a analizar los otros proyectos que están en un menor avance en su tramitación.
—En Uruguay está pendiente la aprobación de una legislación penal sobre delitos ambientales. ¿Esta gestión prevé avanzar o revisar estos aspectos?
—Nos planteamos avanzar sobre el terreno conquistado por la anterior administración con el liderazgo del exministro Adrián Peña, que modificó y enriqueció un proyecto presentado en el último gobierno del Frente Amplio y consiguió que el proyecto de delitos ambientales tuviera una aprobación por unanimidad en el Senado. Con ese proyecto insistiremos para lograr la sanción de las dos cámaras que permita que Uruguay tenga esta ley aprobada, recogiendo aportes de los distintos partidos con representación parlamentaria en Uruguay.
—En las primeras semanas de gobierno renunciaron en este ministerio figuras clave como el subsecretario y la directora de Secretaría. ¿Hubo diferencias internas en la orientación del ministerio o en la dinámica de trabajo?
—Los cambios responden a situaciones distintas. El gobierno apuesta decididamente al cambio de modelo de gestión de residuos a nivel nacional, y en la capital del país, donde vive la mitad de la población, tenemos que hacer un avance sustancial. Para eso el gobierno nacional aportó a uno de sus mejores hombres, que es el exsubsecretario Leonardo Herou, que fue solicitado por el nuevo intendente. En el caso de la Dirección General de Secretaría (que ocupaba Victoria Cros) surgieron algunas diferencias sobre el rol y el perfil necesario para lograr los objetivos de gestión planteados —fundamentalmente, en relación con la gestión del presupuesto— y apostamos a la experiencia de Alejandra Varela, quien ya fue directora general de Secretaría del MVOTMA (antiguo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), fue luego directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y vicepresidenta de OSE, una de las áreas que priorizamos para el desarrollo de la gestión.
—¿Qué legado le gustaría dejar como ministro de Ambiente?
—Una nueva conciencia y un cambio cultural sobre la importancia del ambiente y el compromiso con la agenda climática, en las políticas de gobierno y también en la modificación de nuestras formas cotidianas, desde la gestión de nuestros residuos hasta cuando salimos de vacaciones y tomamos contacto con la naturaleza. La protección y el cuidado del ambiente requieren políticas e ideología, pero sobre todo compromisos y acciones cotidianas efectivas. No basta con el avance manuscrito en materia de compromisos, sino que tenemos que lograr que encarne en la población y generar un cambio real. Mi gran apuesta, como docente que soy, es el trabajo con la educación ambiental, con concientización e información: acciones, lineamientos, proyectos concretos, pero al mismo tiempo una invitación permanente a la participación ciudadana y al compromiso individual.
