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Decisiones del ministro de Defensa causan malestar en la Armada
Ante la dificultad de vender todo el predio de la Escuela Naval, el ministerio analiza fraccionamientos para que privados construyan casas; retirados consideran que persigue objetivos “ajenos por completo a los intereses nacionales”
Gustavo Luciani jamás imaginó que su comentario irónico sobre el ministro de Defensa Nacional iba a llegar tan rápido a los oídos de su superior. Durante un encuentro de trabajo criticó a Javier García por su afán de “figurar” y pretender salir en la foto de las buenas noticias. No sabía que a su lado estaba una colaboradora directa del ministro. Enterado, García ordenó el arresto a rigor del contralmirante y jefe del Estado Mayor General de la Armada. La sanción, aunque cumplida hace unos días y considerada superada en ámbitos militares, refleja posiciones contrapuestas con el ministro que están instaladas en la Armada. Manifestadas pública y abiertamente por retirados de la institución, las diferencias se acumulan desde el año pasado y parecen dificultar un vínculo que era fluido al inicio del gobierno.
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Búsqueda consultó a distintas fuentes militares que coinciden en que la mirada de oficiales de la Armada sobre García cambió con el paso de los meses: valoran su respaldo público a la fuerza, pero cuestionan acciones políticas que consideran perjudiciales. “Si uno se guía por las declaraciones y los discursos, para afuera parece que estuviera todo bien, pero no es así”, señaló uno de los informantes. La lista de objeciones es variada y tiene como centro la debatida venta del predio de la Escuela Naval que García propuso pocas semanas después de asumir el cargo.
Luego de esa situación, una de las principales críticas corresponde al ahorro estatal encomendado desde la Presidencia de la República, que tiene consecuencias sobre los ingresos del personal naval. “El presupuesto es el mismo el primer año y el último. No tuvimos aumentos de nada”, apuntó un oficial. Al reclamo salarial se le suma la falta de partidas extras, “zanahorias que eran un incentivo” para los miembros de la marina y que se cancelaron, como por ejemplo inspecciones en embarcaciones que llegan a puerto, misiones oficiales y esencialmente los agregados militares en el extranjero.
También causó malestar que no haya representantes en actividad de la Armada en las delegaciones uruguayas de las comisiones del Río Uruguay y del Río de la Plata. Los consultados opinan que prevaleció el “interés político” para las designaciones en detrimento del conocimiento naval, lo que se traduce “en debilidades de experiencia y capacidad” para lidiar con temas como el Sistema Riachuelo, la megaobra argentina de infraestructura que busca solucionar la capacidad de transporte de desagües cloacales en el área metropolitana de Buenos Aires, con posibles consecuencias ambientales sobre el Río de la Plata.
Otra de las discusiones se enfoca en una situación operativa: la Armada reclama desde hace años la necesidad de renovar sus buques patrulleros para mar abierto, hoy prácticamente inútiles para evitar delitos cometidos en aguas territoriales como la pesca ilegal. García admitió el problema, la falta de soluciones que brindaron los gobiernos anteriores y los intentos del ministerio por encontrar mecanismos de compra por fuera del presupuesto. Por el momento, sin embargo, Uruguay adquirió tres lanchas de patrulla costera a través de un programa de donaciones con Estados Unidos. Aunque en la Armada valoran el esfuerzo postergado desde hace varias administraciones, entienden que la prioridad debieron ser los buques de mar abierto, más aún cuando estas lanchas “no son la panacea”, “no mejoran sustancialmente la flota existente” y suponen “costos de logística, acondicionamiento y mantenimiento” para la institución.
El último cuestionamiento está relacionado a un hecho que supera al Ministerio de Defensa, pero directamente “golpea” a la marina. Se trata del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la extensión por 50 años de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), donde se establece que el área dentro del puerto de Montevideo que actualmente se encuentra utilizada por el Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada y que pertenece a la Administración Nacional de Puertos deberá ser desocupada porque pasará a integrar el área de la concesión de TCP.
Javier García durante un acto naval, Puerto de Montevideo. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
No podemos pagar
Consciente de los disgustos, García entiende que muchos son inevitables porque chocan con la política de ajuste impulsada por Luis Lacalle Pou, anunciada desde la campaña electoral y reforzada con el arribo del Covid-19. “Con respecto a los viáticos hay ahorros en virtud de la pandemia y ahorros que no son en virtud de la pandemia, sino porque el ministro de Defensa Nacional tomó decisiones de no otorgar viáticos en algunas circunstancias muy importantes y desvinculadas de la pandemia. Además, nosotros estamos analizando las misiones. A pesar de que la mayoría de las veces son muy importantes las misiones que se cumplen, cuando hemos tenido que poner los platos en la balanza, hemos tomado decisiones de no autorizar misiones en el exterior”, dijo el martes 13 ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados.
“Todas las misiones en el exterior son por miles de dólares y optamos, independientemente de la pandemia, por no autorizar, con dolor, desde el punto de vista de que se pierden posibilidades, pero tomamos esas decisiones. Se han logrado disminuciones, que no son preferidas. Cuando uno ahorra un viático para un curso en el exterior muy técnico, sí ahorró el dinero, pero se perdió el curso”, agregó.
En su comparecencia, el ministro aseguró que le negó a Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada, la participación de la fuerza en el Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (Camas) —un organismo internacional que se ocupa de acciones de control naval y protección del tráfico marítimo continental—, así como la modificación de agregadurías militares. “Podría hablar de otras agregadurías donde redujimos la dotación que se daba —en una ahorré US$ 103.000— y de muchas misiones que no autoricé”, dijo.
En medio de este panorama, uno de los puntos más calientes es la Escuela Naval que funciona en Carrasco. El año pasado García destacó el “valor inmobiliario muy importante” del predio, planteó venderlo y mudar todos los servicios a la base naval de la laguna del Sauce. Desde entonces un movimiento liderado por exintegrantes de la Armada y apoyado por varias organizaciones marinas ha hecho una campaña pública contra la propuesta (Búsqueda Nº 2.102), la cual es compartida en privado por oficiales en actividad de la fuerza.
La venta por ahora se encuentra en stand by. En diciembre el exministro de Defensa, Yamandú Fau, solicitó a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación declarar al complejo monumento histórico, lo que, de concretarse, no impediría su enajenación, pero sí que se modifique su estructura. “En la comisión de patrimonio el tema está parado, sin novedades. Yo mantengo mi pedido, aunque tengo entendido que se estaría trabajando en una idea que dio el ministro”, dijo Fau a Búsqueda.
La idea es fraccionar el predio que circunda los edificios y comercializar los terrenos para que terceros construyan casas en una suerte de barrio cerrado. Desde el ministerio de Defensa indicaron que la propuesta no surgió de García, sino de la propia Armada, tiene el respaldo del comando y está a estudio por parte de la cartera. Por lo pronto, las fuentes señalaron que muchos contralmirantes, capitanes y tenientes se oponen a este emprendimiento y que la insistencia de enajenar total o parcialmente la Escuela Naval ocasionó “una tensión creciente” con el mando civil.
La Asociación Capitán de Fragata Ramiro Jouan, que reúne a exalumnos y amigos de la escuela, elaboró un documento en donde rechaza el fraccionamiento. “Derivará en intereses privados y particulares de emprendimientos inmobiliarios, ajenos por completo a los intereses nacionales. Presenta ribetes cuya lógica solo se puede justificar en términos monetarios”, dice el informe firmado por el capitán de navío retirado José Fernando Elizondo. Añade que el precio de esos terrenos es relativamente bajo en comparación a otras zonas de Carrasco por encontrarse ubicados dentro de una unidad militar. “El frente daría a una calle lateral no pavimentada y a los fondos se encontrarían varios institutos educativos navales y marítimos. Frecuentes ensayos de una banda militar de músicos, ejercicios de infantería, actividad física y el lógico bullicio de 300 personas circulando hacen previsible suponer que el valor que se obtenga por esa eventual enajenación no arrojaría una cantidad razonable como para permitir una transformación patrimonial importante”.
