El estreno del tribunal de ética militar derivó en el retiro de un capitán y en reclamos legales ante el Poder Ejecutivo

El capitán de corbeta Nicolás Taramasco solicitó que fuera juzgado ante un tribunal de ética por un hecho que se había dado durante su desempeño como director de la Escuela Naval. Según el denunciante, Quezada había usado la palabra “linda” durante una conversación de trabajo con su esposa, una funcionaria administrativa con rango de marinero en la institución educativa, mientras recordaban un encuentro donde ambos habían coincidido años atrás. Taramasco sostenía que el hecho lo ofendía.

El artículo 11 del reglamento indica que “todos los fallos emitidos deberán ajustarse a los hechos objetivos, a la prueba recabada y a la fundada convicción ético-moral que sobre la misma se formen sus integrantes”, a diferencia de los tribunales de honor que funcionaban bajo la convicción de sus integrantes. En un recurso de revocación presentado en mayo contra la homologación de Lacalle Pou y García, Quezada sostiene que “los hechos objetivos prueban” que no hubo ninguna afrenta contra Taramasco ni su esposa y “que no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario”. Añade que durante las declaraciones ambos aceptaron sus disculpas por un “episodio basado en una interpretación infundada”.

También refiere al artículo 83, según el cual el fallo se definirá por mayoría de votos y, en caso de posiciones discordes, deben constatarse en forma breve y fundada en el mismo acto. El tribunal estuvo formado por tres contralmirantes de la Armada: Miguel De Souza se pronunció por la absolución, Gustavo Luciani por una falta ética leve y el presidente Mario Vizcay por una falta ética grave. “La mayoría de los integrantes del tribunal no compartió la posición aislada de su presidente, por lo que no puede entenderse que se tome como pronunciamiento su opinión minoritaria. Podría decirse entonces que el voto del presidente del tribunal vale triple”, indica el recurso.

También señala que “no consta la discordancia de los dos miembros con respecto a la postura que se tomó como la adoptada”, algo “ineludible” como “requisito de garantía del debido proceso” porque “fortalece la postura de ecuanimidad”.

Otros puntos están relacionados con que el tribunal nunca le comunicó la causa de su convocatoria y con que las actuaciones y las deliberaciones, al contrario de lo que estipula el reglamento, no se registraron en actas.

Tras la homologación del fallo, Quezada recibió una sanción de arresto de carácter grave por expresarse en forma agraviante o indecorosa. Cancelada su misión como agregado de Defensa en el Reino Unido y representante ante la Organización Marítima Internacional —en su lugar se nombró a Frederick Fontanot—, permanecía sin un nuevo destino asignado por la Armada desde su salida de la Escuela Naval en diciembre, por lo que pidió a la institución que le diera oficialmente la baja.

“No encuentro explicación lógica para por qué se llega a un fallo adverso grave en el aspecto ético-moral de mi conducta”, se lamentó ante sus compañeros. “Todo me parece de una desproporcionalidad insólita. Aún confío en la justicia”.