Desde su detección en 2022, el Rhynchophorus ferrugineus —conocido popularmente como picudo rojo— emergió como una amenaza para Uruguay, al impactar con fuerza en la vegetación del territorio. Es que esta plaga, originaria del sudeste asiático, logró expandirse globalmente debido al comercio internacional de palmeras y hoy todo el sur del país se ha visto afectado por este insecto del que todavía no se conoce demasiado, pero que ha acabado con algunas de las palmeras uruguayas más emblemáticas.
El problema, no obstante, parecería estar focalizado en los ejemplares que se ubican en predios privados, donde las autoridades afirman no tener competencia para incidir en los tratamientos que se brindan, a diferencia de lo que sucede con aquellas palmeras que se encuentran en la vía pública. Sin embargo, agrupaciones de vecinos sostienen que esto no es correcto, ya que hoy existe normativa que obligaría a los propietarios de terrenos privados a hacerse cargo de la vegetación afectada.
Particularmente, el Plan de Contingencia para Picudo Rojo aprobado en diciembre de 2022 establece entre sus puntualizaciones “la obligatoriedad de denunciar ante la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la presencia de sintomatología sospechosa de presencia de dicha plaga por parte de los propietarios, poseedores, tenedores del predio, viveristas o cualquier otro responsable de aquellos lugares donde existan palmeras”. Incluso, plantea que el incumplimiento a lo dispuesto “dará lugar a la aplicación de sanciones”.
En ese contexto, el representante de la comisión Plaza de los Olímpicos e integrante del concejo vecinal del Centro Comunal 7 del Municipio E, Julio Riccardi, dijo a Búsqueda que prevén presentar en estos días una carta que ya fue firmada por unos 160 vecinos dirigida a la alcaldesa Mercedes Ruiz, así como a la DGSA y el Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM). Particularmente, el documento señala que “atendiendo a la gravedad de la plaga ocasionada por el picudo rojo con la destrucción de las emblemáticas palmeras de la plaza de los Olímpicos”, los vecinos solicitan “hacer todo lo que la normativa del MGAP señala para exhortar a los vecinos que en sus predios privados tengan palmeras infestadas por este insecto, a que colaboren con el cumplimiento de esta normativa evitando la diseminación y propagación del mismo a las palmeras públicas”.
Consultada al respecto, la encargada del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria de la DGSA, Felicia Duarte, dijo a Búsqueda que si una persona posee una palmera en una zona donde se sabe que la plaga está presente, debe hacer un control preventivo, llevado adelante por empresas privadas. Pero respecto a la obligatoriedad de la denuncia y tratamiento, Duarte comentó que “se planteó en la contingencia”, pero por cómo se comportó la plaga y los lugares donde se estableció “fue muy complejo”.
“Nosotros no estamos fiscalizando; de hecho, las palmeras de los predios privados son ornamentales, no tienen un objetivo productivo, como es la competencia de la DGSA, por tanto no nos compete ir a controlar las casas”, dijo Duarte. Sin embargo, señaló que han intentado coordinar las tareas con la Dirección Forestal del MGAP y el Sinae, sobre todo para evitar la dispersión de la plaga hacia los palmares nativos.
“Los privados son el gran problema aún, porque las extracciones son muy costosas —rondan los US$ 2.000— y no todas las personas pueden desembolsar ese dinero. No es tan fácil decir que hay que obligar a todos los privados, realmente el alto costo es el gran cuello de botella que tenemos”, señaló la encargada.
Duarte dijo también que en agosto de este año se realizó una actualización del plan de contingencia, en la que se modificaron los objetivos. Esto se debe a que en una primera instancia se desconocía la magnitud del fenómeno y tampoco se tenía un diagnóstico claro del impacto real del insecto. Es así que si bien el primer planteo fue intentar erradicarlo, luego se determinó “que no era posible” y que esa plaga, especialmente agresiva, ya se había distribuido en varios departamentos del sur del país. “Ahora hay que convivir con ella y eso implica hacer un manejo de las palmeras, ya sean públicas o privadas, y priorizar zonas patrimoniales, como están haciendo algunas intendencias”, sostuvo. El costo de la extracción de un ejemplar en una propiedad privada, sin embargo, es del privado, recalcó, algo que en todo caso “deberá discutirse a nivel político”.
Por su parte, la alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, dijo a Búsqueda que planteó en la Junta de Alcaldes la posibilidad de que los privados que se ven afectados por el picudo rojo pudieran descontar de los impuestos municipales el costo de la extracción de una palmera, como sucede, por ejemplo, con la rotura de veredas, pero todavía no tuvo respuesta. Tampoco es algo que se ha discutido a nivel central de la IM, aclaró.
“Esto es como una pandemia, si los predios privados no sacan sus palmeras infectadas, se van a ir afectando cada vez más ejemplares, es realmente un problema. Pero lamentablemente no mucha gente puede afrontar económicamente el costo y destinar arriba de los $ 130.000 para su extracción”, comentó Ruiz, al explicar que si bien en muchas propiedades de Carrasco sur realizaron extracciones, el insecto afecta también zonas menos pudientes. La alcaldesa dijo, además, que desde el municipio no pueden incidir en predios privados, pero que ha venido realizando un fuerte trabajo en los espacios públicos “con el acotado presupuesto” del que disponen.
“Le recomendamos a la gente que quite la parte de la copa, que es mucho menos costoso, y les brindamos información sobre las distintas empresas habilitadas que pueden contratar para su disposición. Y en las palmeras de la vía pública, les hacemos endoterapia a todas cada cuatro meses o las sacamos o les cortamos la copa, porque no damos abasto”, agregó.
Respecto a la firmas que presentarán los vecinos, la alcaldesa dijo no poder hacer nada respecto al pedido y criticó que el grupo no haya solicitado en primera instancia una reunión con ella y el ingeniero agrónomo del municipio para actuar en equipo.
Situación en la capital
Si bien el picudo rojo se ha extendido por los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Florida, Lavalleja y parte de Flores, Montevideo fue uno de los lugares donde primero se tomaron acciones, tales como la endoterapia, los baños de copa y la colocación de trampas a través de empresas especializadas.
Según explicó a Búsqueda la ingeniera Natalia Castro, directora de la División de Espacios Públicos y Edificaciones de la IM, los monitoreos en la capital del país comenzaron en 2022, cuando se detectó el primer foco en las inmediaciones del Hospital Saint Bois —en el que murieron más de 70 palmeras—, mientras esperaban la reglamentación del MGAP, al ser el ministerio la autoridad competente. En esa línea, señaló que hoy se pueden detectar palmeras enfermas en todo Montevideo, donde las palmeras públicas “son casi cuatro veces menos que las que existen en predios privados, como casas y pequeñas chacras” (particularmente, 5.662 contra 19.121).
“Tenemos una amplia cantidad de palmeras públicas ya tratadas, por lo que ante las terapias implementadas la plaga comenzó a expandirse sobre aquellas que todavía no lo tienen. Pero si bien nos consta que son realmente muy pocos, sabemos que algunos privados han actuado”, celebró. La directora resaltó, además, la importancia de trabajar en la prevención debido a los costos, ya que tanto la endoterapia como el baño de copa “cuesta en el entorno de 10 veces menos que quitar la palmera cuando muere” .
También en relación con las palmeras privadas, Castro dijo que la IM no tiene competencia, por lo que si la autoridad sanitaria responsable —el MGAP— “reglamentara la forma en la que el privado debe conducirse, ahí quizás se podría obtener un mejor resultado del control de la plaga”.
“Hoy podemos controlar solo un 25% del total, por lo que si una entidad emite una normativa y la reglamenta, tiene que tener los mecanismos de control para asegurar su cumplimiento”, agregó respecto a la resolución del ministerio, y opinó que, dada la amplia proporción de palmeras en el ámbito privado, es ahí donde el MGAP “tendría que hacer énfasis”.
En esa línea, el último informe realizado por la IM en agosto respecto a la situación del picudo rojo, al que accedió Búsqueda, señala también que las palmeras en ámbitos privados son “el principal atractor del insecto y la principal fuente de inóculo”, y que “son muy pocos los que han tomado medidas”. También reconoce que la plaga se distribuye en todo el departamento en forma homogénea y que desde 2023 todas las zonas con palmeras “tienen tasas de infección similares”.
Por otro lado, menciona que hasta agosto se contabilizaron 1.389 palmeras tratadas, aunque Castro aclaró que hoy superan las 1.400 y las más de 2.225 aplicaciones de productos. Por otro lado, al menos 112 palmeras murieron. “La zona sin aplicación tiene dos veces más palmeras con síntomas y 10 veces más palmeras muertas. La diferencia es contundente en cuanto al efecto positivo de tratar los ejemplares”, explica el documento.
