El gobierno nacional sigue dando pasos hacia la construcción de un aeropuerto internacional en Rocha, cerca del mar y entre dos lagunas. Un grupo ambientalista, en tanto, pretende frenar el proyecto y reclama relocalizarlo.
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica solicitó a la intendencia recategorizar el suelo y la Fundación Lagunas Costeras pidió que no se avance en ese lugar
El gobierno nacional sigue dando pasos hacia la construcción de un aeropuerto internacional en Rocha, cerca del mar y entre dos lagunas. Un grupo ambientalista, en tanto, pretende frenar el proyecto y reclama relocalizarlo.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa legendaria disputa entre el desarrollo y el cuidado del ambiente enfrenta por estas horas a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) del Ministerio de Defensa Nacional, que impulsa la iniciativa, y a la Fundación Lagunas Costeras, que presentó una petición administrativa ante la Intendencia de Rocha para que la comuna no autorice esta construcción.
El proyecto para instalar el primer aeropuerto en Rocha, el departamento con más costa oceánica del país, tomó impulso por el próximo vencimiento de la concesión del aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado encontraron una fórmula para extender la concesión de esta terminal aérea, la más cercana a Punta del Este, a la empresa Corporación América Airports y, al mismo tiempo, potenciar la conectividad y el turismo en Rocha. El artículo 107 del Presupuesto Nacional, aprobado por unanimidad en el Senado en diciembre, establece que, una vez que la empresa construya, conserve y explote el aeropuerto internacional de Rocha, se podrá ampliar la concesión del aeropuerto fernandino por hasta 25 años.
Corporación América Airports definió que el nuevo aeropuerto se localizaría sobre la ruta 10 entre las lagunas Garzón y Rocha, en los padrones 69.929 y 69.930. Ambos suman 209 hectáreas y están ubicados frente a Las Garzas, un desarrollo urbanístico del empresario Eduardo Constantini que se extiende por 240 hectáreas sobre dos kilómetros de costa atlántica. Una vez seleccionada la ubicación, la Dinacia inició los trámites para avanzar. Primero lo hizo ante el Ministerio de Ambiente, donde propuso clasificar el proyecto en la categoría B, que agrupa las obras con “impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. Ambiente respondió que se trata de un proyecto de categoría C, cuya ejecución puede producir “impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”.
Ambiente reclamó, además, la recategorización del suelo. El informe técnico del Área de Evaluación Ambiental del ministerio, difundido por Búsqueda en mayo, plantea que los predios son “suelo rural potencialmente transformable”, pero “el proyecto no es compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables, dado que la actividad proyectada no es propia de la actual categoría”. Tras este planteo, la Dinacia presentó el proyecto a la Intendencia de Rocha y solicitó que ambos padrones sean recategorizados como suelo suburbano. El expediente está a estudio de los técnicos de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la intendencia, informó a Búsqueda el titular de esa dirección, Santiago Martínez.
El cambio de categoría del suelo requiere aprobación de la Junta Departamental. Si se recategoriza el suelo, el expediente volverá al Ministerio de Ambiente para la clasificación definitiva del proyecto.
Mientras la comuna se dispone a tramitar la solicitud, la Fundación Lagunas Costeras presentó una petición administrativa ante la intendencia en la que solicita que “se abstenga de otorgar autorización, viabilidad de localización, permiso de construcción o acto departamental de análoga naturaleza que habilite la transformación del suelo o la ejecución de obras en los referidos padrones” donde se construiría el aeropuerto.
La fundación, constituida en 2003, advierte que se proyecta la construcción en “un corredor ecológicamente sensible” localizado entre dos áreas integradas al Sistema Nacional de Área Protegidas: el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón. Ambas áreas están comprendidas, a su vez, en el sitio Ramsar que conforman Bañados del Este y Franja Costera. “La recategorización solicitada no es legítima, porque habilita el desarrollo de un proyecto que tiene graves consecuencias ambientales”, expresa la petición a la que accedió Búsqueda.
Los ambientalistas remarcan que no se oponen a la instalación de un aeropuerto en Rocha, sino a su localización entre dos lagunas. Plantean que existen “alternativas de emplazamiento técnicamente más adecuadas” que servirían de “mejor modo” a la conectividad departamental sin comprometer el corredor costero protegido. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo en junio en Canal 5 que una alternativa a la localización actual (en ruta 10 y Camino al Caracol) es localizarlo en ruta 9 sobre el mismo camino.
De todas maneras, la Dinacia avanzó en la solicitud de recategorización del suelo de los padrones ubicados en ruta 10, más próximos al mar que la alternativa manejada por el intendente.
Al solicitar que no se cambie la categoría del suelo, la fundación consigna los impactos ambientales previstos por el Ministerio de Ambiente. La cartera alertó en su informe que el proyecto “tiene la potencialidad de interaccionar negativamente con los valores para la biodiversidad presentes en el área del proyecto y su zona de influencia por la colisión” con aves, “los disturbios” sonoros y lumínicos, “la modificación de hábitat y la introducción de especies exóticas invasoras”, entre otros eventuales impactos. La fundación destaca en particular que afectaría los desplazamientos entre lagunas de aves acuáticas, chorlos y playeros migratorios.
Los ambientalistas concluyen que “el riesgo de colisión deja de ser un impacto ambiental administrable mediante medidas de gestión y pasa a constituir un problema de seguridad operacional aeronáutica que la localización propuesta no permite resolver”. Luis Castelli, columnista del diario argentino La Nación, firma la petición en representación de la Fundación Lagunas Costeras.
La solicitud se sustenta en un procedimiento administrativo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República y el artículo 106 del Decreto 500/991.