Con unos 180 kilómetros de playas, Rocha es el departamento con más costa oceánica del país. El Parlamento aprobó en diciembre el marco normativo para construir y poner en marcha allí un aeropuerto internacional. La ruta elegida por el sistema político involucra a un privado. Un artículo de la Ley de Presupuesto Nacional establece que, una vez que construya, conserve y explote el aeropuerto internacional de Rocha, la empresa Corporación América Airports podrá ampliar la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce en Maldonado por 25 años. Sobre esa pista, el proyecto ya despegó, pero con turbulencias.
El proyecto aeroportuario implica la construcción de una terminal de pasajeros con capacidad para 50 usuarios, de hangares para almacenar y mantener aeronaves, y de un área de estacionamiento vehicular de uso público. Incluye, entre otras obras, una pista de aterrizaje de 1.350 metros de longitud, pudiendo llegar a los 1.600 metros a futuro, y 30 metros de ancho, con dos sentidos de aterrizaje (sureste y noroeste).
Al presentar la iniciativa ante Ambiente, la Dinacia propuso clasificar el proyecto en la categoría B, que agrupa las obras con “impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. Este tipo de proyectos requiere estudio de impacto ambiental sectorial.
Sin embargo, el Área de Evaluación Ambiental (AEA) del Ministerio de Ambiente no compartió la propuesta y sugirió la categoría C, como revela el informe técnico del 27 de abril al que accedió Búsqueda. Con este nivel se categoriza a los proyectos cuya ejecución puede producir “impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. En estos casos se exige un estudio de impacto ambiental completo.
El cambio de categoría sorprendió al diputado blanco Fabricio Núñez. “No me parece que” el aeropuerto de Rocha “esté en el mismo nivel” de impacto ambiental “que la prospección sísmica o el proyecto Casupá”, que también son categoría C, dijo el legislador rochense a Búsqueda. Sostuvo que los técnicos del ministerio son “extremadamente proteccionistas”, pero destacó que el expediente “va rápido”.
El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, remitió el informe técnico el 27 de abril para que continúe el trámite y se le dé vista a la Dinacia, que tiene 10 días para responder.
Potenciales impactos
El AEA sugirió recategorizar el proyecto por “la evaluación de los potenciales impactos negativos significativos identificados y valorados” por la Dinacia, “las características del proyecto, la sensibilidad y relevancia del medio receptor”.
El área de evaluación resaltó que la iniciativa está en “un enclave” entre dos áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Paisaje Protegido Laguna de Rocha (ubicado 1,5 kilómetros al este) y Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón (1,4 kilómetros al oeste). Además, “se localiza dentro” de Bañados del Este, una de las dos reservas de biósfera de la Unesco designadas en Uruguay. Recuerda también que la laguna de Rocha ha sido designada Área Ramsar. La Convención sobre los Humedales, que se firmó en 1971 en Ramsar, Irán, es el tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
“Las áreas de aproximación y rutas de vuelo se extienden más allá del predio del proyecto, pudiendo generar impactos ambientales negativos significativos, efectos de colisión a las aves y disturbios a la fauna por aumento de la presión sonora”, expresa el informe técnico.
Dicho documento prevé impactos de significancia alta sobre la biodiversidad si se tienen en cuenta “los objetivos de protección de ambas áreas“: las aves son “uno de los grupos objetos de conservación”. El informe define la zona costera marina y el espacio entre lagunas como “sitios de desplazamientos diarios y/o migratorios para varias especies de aves marinas costeras, aves acuáticas, flamenco, chorlos y playeros migratorios, varias de ellas incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y/o prioritarias para la conservación en Uruguay”. Ante “la disponibilidad de hábitat propicio” para estas especies en ambas lagunas, Ambiente “presume que la operación y por lo tanto la localización del aeropuerto podría interaccionar negativamente con estos desplazamientos”.
También son áreas de nidificación, descanso, alimentación e invernadas para aves migratorias neárticas y australes.
El proyecto “tiene la potencialidad de interaccionar negativamente con los valores para la biodiversidad presentes en el área del proyecto y su zona de influencia por la colisión, los disturbios (sonoros, lumínicos, etcétera), la modificación de hábitat y la introducción de especies exóticas invasoras”, expresa el informe.
En cuanto al “medio antrópico”, se plantea que si bien la densidad poblacional en el área de influencia de la iniciativa es baja, se deberá estudiar la huella acústica del proyecto y la eventual afectación a las viviendas. Propone un estudio de percepción social que aporte a “la valoración de potenciales impactos ambientales negativos”.
Los impactos de “significancia alta” identificados son el “incremento del nivel de presión sonora existente debido al despegue y aterrizaje” y las “molestias a la población cercana“ por estos ruidos.
Con respecto a la biodiversidad y las áreas protegidas, la Dinacia prevé “una gestión de fauna y diseño de trayectorias de vuelo que eviten zonas de alta concentración de aves”. De todas maneras, esto no fue suficiente para que el ministerio categorizara los impactos ambientales como ”moderados”, de nivel B.
“Gran oportunidad”
El director de la Dinacia, el brigadier general aviador Alejandro Trujillo, dijo a Búsqueda que están proyectando un aeropuerto internacional similar al de Carmelo. “Es una gran oportunidad para el Estado y la conectividad del país”, destacó.
Sostuvo que los predios, que hoy son privados, cuando se ejecute el proyecto “van a ser adquiridos por la concesionaria" y pasarán a manos públicas. “Ese aeropuerto será estatal”, afirmó, con control aeronáutico de Dinacia y la explotación comercial de la empresa por determinada cantidad de años. Para el jerarca, la iniciativa es “no es solo un avión despegando y aterrizando”.
“La aviación cumple una función para la sociedad: trae consigo turismo, inversiones, empresarios, negocios”, dijo Trujillo que evalúa pedir una prórroga de cinco días para responder a Ambiente.
Además de controlar el tránsito aéreo, la Dinacia vela por el fomento de la aviación. “Entiendo lo medioambiental, pero no podemos olvidarnos de que el Aeropuerto de Carrasco está en los bañados y no hubo depredación de fauna y flora”, dijo. Acotó que este aeropuerto y el de Sauce “conviven con las aves”. Los dos predios elegidos, remarcó, “no afectan reservas ecológicas”. Considera que desarrollar el proyecto es “posible”, aunque reconoció que deben realizarse estudios técnicos, sonoros y de viento, entre otros.
La Dinacia informó a Ambiente que el proyecto está en etapa de evaluación, por lo que la ubicación presentada podría no ser la definitiva.
Trujillo estima que la construcción y puesta en marcha del aeropuerto podría extenderse por un año y medio o dos. A diferencia de los otros aeropuertos, que en el último lustro se han integrado al Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para Uruguay, creado por ley en diciembre de 2020, este sería el primero que se construiría desde cero.
Recategorización del suelo
Ambiente reclamó, además, la recategorización del suelo. El informe técnico plantea que los predios están en la categoría “suelo rural potencialmente transformable”, pero “el proyecto no es compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables, dado que la actividad proyectada no es propia de la actual categoría”.
El AEA manifestó quedar “a la espera de la recategorización del suelo para continuar con el presente trámite de clasificación” y advirtió que “en caso contrario será rechazado”.
Para cambiar la categoría del suelo se requiere aprobación de la Junta Departamental. El artículo del Presupuesto que le da marco normativo al proyecto fue aprobado por blancos, colorados y frenteamplistas en el Senado. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien ha definido esta iniciativa como una política de Estado, evitó referirse a la recategorización ambiental planteada por el ministerio. “Deben darse todos los pasos necesarios para que el proyecto tenga la mayor calidad y consenso social”, dijo el dirigente blanco a Búsqueda.
