El director ejecutivo de Alai, Raúl Echeberría, aclaró que compartía la incorporación de los deepfakes sexuales al artículo 92, pero propuso revisar tres aspectos de la norma para dar “garantías a todas las partes”. Planteó que la orden para retirar los contenidos proviniera de la Justicia, pidió sustituir la obligación de hacerlo “de manera inmediata” por un “plazo razonable” y revisar la aplicación de sanciones penales a las plataformas digitales.
Señaló que la expresión “inmediato no es cuantificable” y que esa falta de precisión debía analizarse porque “se adjudican responsabilidades de tipo penal”. También afirmó que Uruguay sería una excepción en la región si mantuviera esa redacción. “No hay antecedentes en América Latina de leyes que atribuyan responsabilidades penales en temas de moderación de contenidos de plataformas digitales”, dijo.
“No terminamos más”
Para el director ejecutivo de Observacom, una organización que sigue las políticas públicas sobre medios y plataformas digitales en la región, los planteos de Alai abren una discusión más amplia sobre la ley 19.580. “Cuando estamos siguiendo muy de cerca estos temas y vemos que, por ejemplo, las empresas de internet quieren reabrir la discusión” sobre la norma “nos preocupamos”, afirmó Gustavo Gómez.
Las empresas de internet “tuvieron un año para discutir este proyecto y nunca presentaron una iniciativa ni vinieron a las comisiones”, planteó. Si bien afirmó que la preocupación de las empresas “es de recibo”, sostuvo que era “inoportuno presentar cambios” en esta instancia, ya que implicaría volver a discutir aspectos de la Ley 19.580 que no están en revisión. “Sugerimos desestimular cualquier nueva presentación de cambios que abran la Ley 19.580, porque no terminamos más”, sostuvo.
También cuestionó el planteo de exigir una orden judicial para retirar los contenidos. A su juicio, supondría “un retroceso en el reconocimiento de derechos”. Gómez recordó que las plataformas ya eliminan publicaciones sin intervención judicial en otros casos, como las denuncias por derechos de autor o la transmisión no autorizada de espectáculos deportivos. “Ya hoy existe y por supuesto que eso tenemos que discutirlo, porque el proceso judicial da muchas más garantías”, dijo.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Coincidencias y diferencias con Alai
En ese punto, Bordaberry coincidió con Alai. A su entender, la ley debe aclarar que la notificación a las plataformas tiene que provenir de la Justicia. “Creo que nadie piensa que una decisión de cesar la reproducción de las imágenes o bajarlas en derecho del olvido de las distintas plataformas no venga por la Justicia. (...) Es algo que no reviste mucha ciencia”, afirmó.
No ocurrió lo mismo con otro de los planteos de Alai. “Soy hincha de que se deje ‘de manera inmediata’, porque la idea es evitar el daño que se está causando con la difusión de imágenes de ese tipo de contenido sexual evidente”, sostuvo Bordaberry.
El senador incorporó otro elemento a la discusión. Según dijo, la redacción actual del artículo 92 es un obstáculo para que algunas plataformas tecnológicas se instalen en Uruguay. “¿Por qué es un obstáculo? Porque, si se instalan acá y sucede algo similar a este caso, les va a costar mandar a personas que estén a cargo con una amenaza de una sanción penal de este tipo”, afirmó.
Aprobar primero, discutir después
Bordaberry fue uno de los senadores que defendió avanzar con el proyecto tal como llegó desde Diputados. Entendió que la iniciativa no crea un delito nuevo, sino que actualiza la ley vigente para incorporar un fenómeno reciente. “La modificación original es muy sensata y pequeña. Ya existe la penalización de quien divulgue imágenes y grabaciones de contenido íntimo y se le suma exclusivamente (...) la difusión utilizando imágenes de inteligencia artificial”, afirmó.
Para el senador, postergar la votación para discutir una reforma más amplia no es el camino. “Demorarlo no sé si es lo adecuado”, dijo. Y agregó: “¿Por qué no aprobarlo, que ya quede vigente, y después analizamos todo lo otro?”.
El legislador colorado Robert Silva sostuvo una posición similar. “Aquí puede haber una intención loable (...) de desarrollar una normativa más general, pero en el mientras tanto es bueno regular”, dijo.
El propio Gurméndez insistió en que el proyecto fue pensado justamente para evitar abrir otras discusiones. “La incorporación del concepto de imágenes no reales o simuladas utilizando inteligencia artificial u otras tecnologías que produzcan una representación falsa pero creíble es la cuestión central del proyecto. Es esa, precisamente, la innovación”, afirmó.
Señaló, además, que los planteos de Alai no recaen sobre el cambio que propone el proyecto, sino sobre disposiciones de la Ley 19.580 que están vigentes desde hace nueve años. “Una de las virtudes que yo quería que tuviera el proyecto era que tocara solamente lo imprescindible y no abriera discusiones de otra naturaleza, que suponen, al final del día, un debate mucho más amplio y ya en terrenos en los cuales podría no existir tanto consenso”, explicó.
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género analiza el proyecto sobre la Divulgación de Contenidos Sexuales Elaborados con IA.
Senado
Silva coincidió con Gurméndez en que el proyecto fue concebido como una modificación puntual para incorporar un fenómeno que no existía cuando se aprobó la ley integral de violencia basada en género, en 2017.
“Lo que yo me temo es que todo esto va a quedar sin regulación, a través de lo que yo catalogaría una modificación modesta, pero muy importante, por esa macrodiscusión que quieren que exista y que nos va a llevar a todos a un gran debate”, afirmó.
Para Silva, si el Parlamento opta por una discusión más amplia sobre violencia digital, esta modificación puede quedar relegada. “No sé si nos dará el período para poder sacarlo, porque va a haber mucho debate y ahí vamos a tocar una cantidad de intereses”, sostuvo. Y señaló que las gestiones de las empresas de internet fue lo que cambió la discusión. “Vinieron las empresas de telecomunicaciones, de internet, de tecnología, golpearon en la bancada del Frente Amplio y el Frente Amplio propuso sacar el tema del plenario. Lo sacamos y lo trajimos a comisión con el compromiso de escuchar y de tratar de volver a incluirlo”, dijo.
A su juicio, una cosa no impide la otra. “Yo creo, francamente, que no es obstáculo la aprobación de este proyecto (...) para seguir avanzando en otras cosas”, afirmó. Y concluyó: “Mientras siguen las discusiones, la realidad nos cachetea y la vulneración de derechos sigue pasando”.
El Frente Amplio propone postergar
Durante el nuevo tratamiento del proyecto en la comisión del Senado, la bancada del Frente Amplio (FA) entendió que la discusión no debe limitarse a incorporar los deepfakes sexuales al artículo 92, sino avanzar hacia una regulación más amplia sobre violencia en entornos digitales. “La bancada del FA tuvo una larga conversación sobre este tema y cómo se inserta en el proyecto que se estaría preparando sobre violencia en entornos digitales”, explicó la presidenta de la comisión.
Moreira rechazó que la decisión de devolver el proyecto a comisión haya respondido a las gestiones de Alai. “Quiero aclarar que el proyecto no se postergó por la presión de las empresas sobre la bancada de gobierno; eso no es así”, afirmó.
Según explicó, esa discusión también tomó en cuenta otras iniciativas que ya estaban en estudio y los planteos recibidos durante las audiencias. Agregó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informó a la comisión que trabaja en un proyecto sobre violencia en entornos digitales y que le propuso a Gurméndez incorporar allí esta discusión. También señaló que Alai propuso que el procedimiento pase de la vía penal a la civil, “lo que implicaría modificar otros aspectos de la Ley 19.580”. “Por otro lado, el Instituto de Derecho Penal protesta porque no le gusta la definición de verosimilitud y quiere acercarnos una propuesta mejorada para la redacción”, añadió.
“Esos son los problemas que yo veo, más allá de que acompaño la decisión de la bancada de postergar el proyecto de ley —no se pretende rechazarlo, sino postergarlo— hasta solucionar estos elementos, además de ver el avance en el Parlamento de los diferentes proyectos de ley”, dijo Moreira.
Bettiana Díaz en comisión.
Senado
La senadora frenteamplista Bettiana Díaz acotó que los planteos realizados por las distintas delegaciones llevaron a su bancada a revisar el alcance del proyecto. “Creo que se puso bastante interesante la discusión y cada vez tengo más argumentos para pensar que hay que avanzar en una discusión más integral”, afirmó.
Díaz recordó que hoy existen otras iniciativas impulsadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlatino e Inmujeres y sostuvo que el Parlamento debía considerar esos antecedentes. “No nos parece que la vía de modificar la Ley 19.580 sea la más adecuada, sino que habría que tener un planteo más integral de armonización de diferentes normas en el marco de la discusión de una ley integral”, señaló.
Sobre la propuesta de exigir una orden judicial para retirar los contenidos, dijo tener dudas. “Tiene que ver con los tiempos y con este concepto de la inmediatez”, afirmó. Según explicó, “cuando uno inicia un proceso judicial, por más que el dar la orden de bajar puede ser rápido, llegar a esa instancia requiere de una serie de herramientas”. Agregó que esa discusión también involucra “el acceso a la justicia y la disponibilidad de recursos para poder efectivizar eso”.
La senadora sostuvo que, si el objetivo es crear una respuesta penal para este tipo de conductas, el Parlamento debería aprovechar otras iniciativas que ya están en discusión. Por eso defendió la postergación del proyecto. De todos modos, dejó claro que el FA comparte el objetivo de la iniciativa. “Entendemos que tenemos que avanzar en esto, que es una forma nueva de violencia y además de exposición a la desprotección de niños, niñas, adolescentes y mujeres”, afirmó.
Díaz explicó que la bancada pretende reunir más antecedentes antes de resolver cómo continuará el trámite del proyecto. También planteó consultar al Poder Ejecutivo sobre “la intención de avanzar en una normativa más integral de regulación sobre los contenidos en plataformas”.
