El "infierno" de una víctima de violencia de género que vive con monitoreo electrónico expone debilidades del sistema de protección

Esta funcionaria pública y estudiante universitaria, madre de una hija veinteañera, vive en el Centro. El hombre que provocó que viva monitoreada, que tiene prohibido acercarse a 500 metros de su casa, su trabajo y su facultad, también. “Salgo de acá, camino dos pasos y tengo el pitido en el oído”. Eso también le ha pasado en su casa, su trabajo y su facultad; también en una reunión, en un bar, en un ómnibus, en todos lados.

“Al final el sistema te revictimiza: tenés que contarle una y otra vez lo que vivís y esperar que te crean”. La odisea de esta mujer estuvo muy lejos de terminar con la denuncia a Pablo, su expareja, al que conoció a través de una aplicación de citas a fines de 2019. “Yo tendría que ser la persona protegida, pero la persona que vive condicionada soy yo, la que tiene que dejar de hacer su vida, salir de donde está y dejar lo que está haciendo, la que recibe las alarmas… Al final él tiene una vida más normal que yo”, se enoja.

La vida bajo monitoreo electrónico

Al principio, Pablo quería saber “todo” de ella, lo que hizo que se sintiera “halagada”. Parecía digno de confianza: él había cuidado a todos los hijos de sus ex, de quienes hablaba religiosamente mal. “Una persona a la que le dejan los hijos te merece confianza”, dice la Cecilia de ayer. Era mentira, como mentira era su trabajo en la construcción, rubro en el cual decía tener una empresa. De hecho, él vivía económicamente de su madre; a la sazón, otra víctima. La idea nunca fue convivir, pero en los hechos él se instaló en su casa. Luego pasó a manipularla, a generar un ambiente donde el caos y la agresividad siempre estuvieran a un paso de estallar, a violentarla de forma sexual, a dominarla, a detectar sus vulnerabilidades, a hacerla dependiente.

El final se demoró hasta que él se expresó de manera lasciva respecto a la hija de Cecilia, que había vuelto a vivir con su madre. Ella no aguantó más. Pero ese final terminó siendo otro principio. Era enero de 2022.

La denuncia en la Unidad Especializada en Violencia de Género de la calle San José fue en marzo. Ya estaba cansada del hostigamiento en redes, por WhatsApp, por las cuentas de familiares y amigos, de que un pedido de ayuda a un hermano de él para que la dejara tranquila no prosperara, de que se le apareciera en la puerta del trabajo. “Me llamaba de noche, de madrugada. Lo que quieren es minarte la resistencia, dejarte agotada, que no puedas pensar bien, que te canses y precises paz. Y la paz para ellos es que retomes la relación”, dice con la seguridad de alguien que investigó, por razones de fuerza mayor, la psicología de estos agresores.

La denuncia derivó en una prohibición de contacto y acercamiento para el agresor, en un radio de 500 metros de la casa y el trabajo de Cecilia. La Justicia también le prohibió el uso y la tenencia de armas, y —hasta que no se dispusiera el monitoreo electrónico— ordenó custodia policial para la mujer. A solicitud de la jueza, se le hizo una evaluación psiquiátrica forense que, además de prender las alarmas, reveló una estructura mental psicopática antisocial y la recomendación de una internación compulsiva. “Es alguien más impulsivo que calculador”, traduce ella. “Ahí radica el riesgo para él y para los demás, sobre todo porque él se niega a tomar la medicación”, añade, apelando al expediente.

El Ministerio del Interior ya utiliza dispositivos electrónicos para monitorear casos de violencia de género y evalúa incorporar nueva tecnología.

Javier Calvelo/adhocFOTOS

Cecilia trata de resumir lo ocurrido durante este tiempo. Haber tirado su tobillera a la volqueta, más un largo rosario de incumplimiento de las medidas cautelares, llevó a Pablo a estar preso. Salió igual que como entró, quizá más amenazante. “Perdí la cuenta de las veces que me sonó el aparato”. Lo peor, asegura, es que no siempre esas alertas quedaban registradas en la Dimoe. “Yo registraba con el celular cada vez que sonaba, sacaba fotos, filmaba; eso fue lo que más me ayudó”.

Pronto se daría cuenta de que ser víctima de violencia de género no causa igual empatía en todo el mundo. Lo notó en compañeros de trabajo, en profesores y compañeros de clase. Lo vivió también entre familiares y amigos. Su círculo social se redujo a la mínima expresión. Al principio le dolió; hoy lo agradece. De todos modos, perturban mucho “esas miradas” en los bares cuando el dispositivo suena, recibe una llamada y a los pocos minutos aparece un patrullero. “Es que a veces no lo pueden encontrar, entonces me vienen a escoltar”, vuelve a sonreír con amargura. Tiembla cuando recuerda un alerta arriba de un ómnibus, levantar la vista y verlo en la parte de atrás. La respuesta policial fue lenta, eterna, asegura.

Estos años le han provocado a Cecilia un diagnóstico de estrés postraumático que ya se cronificó. “Es como si yo fuera un soldado que hubiera vuelto de la guerra”, ilustra. También sufre cefaleas constantes, que su médico atribuye al estrés, más un agravamiento de su diabetes y un problema ocular. Llegó a pensar en suicidarse. “Todo esto te desgasta, te chupa la energía. No es solo lo que me hizo él, sino lo que hizo o no el sistema por mí”, resume.

La diferencia entre vivir y morir

Zabaleta reconoce que estar en el programa de monitoreo del ministerio, con tobilleras electrónicas y dispositivos GPS, puede ser un “estresor”; pero, también, la diferencia entre vivir y morir. “Desde 2013 a hoy se ha protegido al 100% de las víctimas en las que la tobillera (del agresor) está activa”, dice a Búsqueda.

Los dispositivos electrónicos, recordatorios físicos de los sufrimientos padecidos, están pensados como medidas temporales. También han sido ideados como “apenas una herramienta más” en el proceso de salida de las situaciones de violencia. La realidad muestra que, pasado el tiempo de la medida cautelar, muchas veces la evaluación técnica dice que el riesgo no ha cesado y, en el entendido de que la vida es el bien mayor a tutelar, la Justicia ordena una prolongación. “Se pide siempre que el pasaje por esta herramienta no se cronifique”, señala Zabaleta, “pero en algunos casos termina pasando eso; y sí, vivir así es un infierno”.

Harta de los incumplimientos de Pablo, de las estridencias del aparato, de organizar su vida en función de los movimientos de quien hizo su vida un infierno, de las miradas carentes de empatía y de la “revictimización constante”, Cecilia quiere llevar de nuevo su caso de la Justicia de familia especializada a la órbita penal. El caso ya estuvo en ese ámbito cuando en febrero de 2025 se condenó a Pablo a cinco meses y 19 días de prisión por los reiterados desacatos, los que se tuvieron por cumplidos con la prisión preventiva. “Fue un acuerdo abreviado entre la fiscalía y su defensa”, lamenta.

“Y todo sigue igual. Él también. Y yo también”, resopla. Ella asegura que no ha tenido suerte con los abogados en volver al ámbito penal.

Si estuviera en esa órbita podría ser atendida psicosocialmente por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. El 80% de las 4.200 personas que atendió esta unidad el año pasado fueron mujeres; el 61% fue por delitos sexuales, y el 20% por violencia doméstica. Cecilia piensa en el pasaje a esa área como una meta, más allá de que hace mucho que descree de milagros.

“En estos casos confluye mucha dependencia emocional, ambivalencia y culpa. Son mujeres que dudan si sus versiones van a ser creídas o no y que terminan naturalizando las situaciones de violencia”, afirma Manuela Reguera, directora de la unidad. La funcionaria coincide con Zabaleta en que una prolongación del monitoreo podrá significar una vida cuesta arriba, pero al menos les garantiza seguir vivas. “Ellas podrán tener su cotidianeidad dañada, vulnerada, lo que complejiza salir adelante, pero son decisiones judiciales con un trasfondo técnico. En todo caso, es un desafío del sistema de Justicia mejorar el acompañamiento de estas personas”, dice a Búsqueda.

“Pablo tiene novia”, sonríe con bronca Cecilia, apelando a la última información del “expediente”. Ella no ha vuelto, en cambio, a tener pareja: “No quiero, no estoy dispuesta, no me interesa”, machaca. Esa es otra muestra, subraya, de cuál de los dos logró tener algo parecido a una vida normal. La última vez que lo vio fue en una audiencia de agosto, en el Juzgado de Familia Especializada, cuando se prolongaron de nuevo las medidas cautelares. “Se paró atrás mío, me miraba, pero no logró ‘sacarme’ como antes lo hacía”, cuenta. “¡Estoy más empoderada!”, corrige. “Pero también es un recuerdo constante de que vivo dentro un riesgo permanente, que estoy hipervigilada, que siempre tengo que estar pendiente de todo mientras trato de hacer todo, de que no puedo relajarme nunca”.