Datos, análisis y opinión
Conversando para esta entrega, un funcionario ministerial me dijo, con resignación, que las medidas o discusiones en torno a la economía “no le interesan a nadie”, salvo cuando tienen impacto muy directo en el bolsillo de la gente o en la ecuación de las empresas. ¿Ajustes de precios de los combustibles u otras tarifas públicas? ¿Aumentos de pasividades? ¿Cambios en los impuestos? ¿Una reforma importante? Tiene sentido.
A eso se suma nuestra limitada “cultura económica” promedio. Según encuestas hechas este año para el Banco Central, ocho de cada diez uruguayos adultos admite saber poco o nada sobre qué es la inflación (el alza general de los precios al consumo) o el tipo de cambio (la cotización de conversión dólar/peso).
Ayuda poco el abuso de tecnicismos, muchas veces, por parte de quienes analizamos y comunicamos información económica.
La conversación económica adquiere mayor caudal con la opinión, que proviene de, al menos, dos vertientes. La más tradicional son las columnas —en los diarios, por lo que leo, en general reforzando sesgos editoriales del medio— y unos pocos espacios analíticos en radio; en soporte televisivo, la economía muchas veces queda restringida a cuánto cotiza el dólar y al indicador del día. Otra vertiente son las redes sociales, donde la información, verificada o no, fluye sin diques de contención y donde tiene el mismo derecho a tuitear alguien con nombre y apellido que un anónimo.
Debate público en foros institucionales, por otro lado, hay poco.
¿Quiénes moldean nuestra conversación (al menos la mainstream o dominante)?
Con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y después de muchísimas iteraciones ajustando criterios y corrigiendo información, elaboré un Índice de Influencia en la Conversación Económica Pública-IICEP (la literalidad del nombre fue idea de la IA) que decantó en un total de 100 jerarcas y exfuncionarios de gobierno, políticos, economistas, consultores, académicos, empresarios y periodistas especializados.
El IICEP pretende reflejar la incidencia activa en la conversación, no el prestigio, la trayectoria o la influencia específica dada por los cargos o posiciones que ocupan (ni mucho menos quienes “farmean aura”). Combina la intervención histórica y la reciente —los últimos 12 meses, hasta mediados de agosto—, y se presenta con puntajes de 0 a 100 (máximo). Algunos aspectos metodológicos están explicados al pie de la lista.
Gabriel Oddone registra un índice de 80,1, por su capacidad de instalar temas en la agenda como actual ministro de Economía y también por su peso anterior como investigador en el Cinve, además de analista y socio en la consultora CPA/Ferrere.
Le sigue Isaac Alfie (77,1), quien fue ministro a principios de este siglo, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno pasado y actualmente publica columnas en el diario El País.
La lista continúa con Martín Vallcorba (70,1), hoy subsecretario de Economía y antes cara visible del programa de “inclusión financiera” que nos puso en el mundo del “pin y verde”. El top 10 lo completan analistas privados, un periodista y otro integrante del actual equipo económico.
El IICEP es imperfecto dadas las limitaciones de la IA como herramienta analítica —y los sesgos que yo, sin ninguna intencionalidad, pude haberle inducido—, por lo cual no lo tomaría como algo serio.
“Estabilidad sin transformación”
Además de quiénes intervienen en la conversación económica pública, es relevante analizar de qué se habla.
Un artículo de Diego Vallarino publicado hace poco en Review of Political Economy, cuyo título traducido del inglés es Estabilidad sin transformación: discurso económico y capacidad de reforma en pequeñas economías abiertas, advierte algunas deficiencias en esa conversación.
Vallarino es un uruguayo especializado en ciencia de datos que actualmente reside en Washington D.C. y trabaja como asesor del Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest.
Combinando evidencia de informes institucionales sobre el país con análisis del debate económico público —principalmente en redes sociales— entre 2021 y 2025, constató una “marcada concentración de la atención en un conjunto relativamente acotado” de temas, como la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal, el equilibrio externo, la dinámica salarial, los precios administrados, el tipo de cambio y la competitividad. A su vez, cuestiones relacionadas con la modernización tecnológica, la transformación industrial, la inteligencia artificial, la digitalización o las reformas orientadas a aumentar la productividad “rara vez se convierten en el eje de una discusión sostenida” y “tienden a presentarse como desafíos secundarios, sectoriales o de largo plazo, más que como principios rectores de la agenda política”.
En contraste, en las economías avanzadas que analizó, la atención rota entre un conjunto más amplio de asuntos.
¿Por qué importa de qué se habla en Uruguay?
Vallarino advierte que cuando la estabilidad se convierte en el principal criterio para evaluar las políticas, las propuestas de reforma que implican incertidumbre, redistribución, reasignación productiva o experimentación institucional pueden enfrentar mayores barreras discursivas y políticas. El problema no radica necesariamente en que esas reformas sean desconocidas, técnicamente inviables o estén ausentes del debate, sino que pueden tener dificultades para ganar relevancia sostenida dentro de la distribución predominante de la atención institucional.
Por eso, les asigna a economistas, analistas, periodistas y expertos en políticas públicas un papel “más trascendental de lo que suele suponerse”. Como productores e intérpretes del discurso económico, las “comunidades de expertos participan en la asignación de la atención institucional. Esta función a menudo se presenta como neutral o tecnocrática, pero posee una importancia institucional significativa”.
Su síntesis es que, si bien el énfasis persistente en los indicadores de estabilización, la disciplina fiscal, el control de la inflación y la credibilidad puede resultar plenamente racional —especialmente en economías expuestas a la volatilidad externa, como puede ser la uruguaya—, “también puede restringir el abanico de opciones de política consideradas viables y reforzar los equilibrios existentes”.
Antes de despedirme, y porque está conectado con lo anterior —las dificultades que tenemos para discutir ciertas reformas políticamente incómodas—, te recomiendo esta columna del politólogo Adolfo Fito Garcé.
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