La Fiscalía General de la Nación se prepara para afrontar dos instancias presupuestales durante este año: la Rendición de Cuentas de 2024 y la discusión del presupuesto para los próximos cinco años, que llevará a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, al Parlamento, para solicitar al sistema político un incremento en los recursos que están asignados a la institución que lidera la persecución de los delitos.
El buque insignia de su propuesta será la creación de una “escuela de fiscales” que apunta a la profesionalización de la función, según confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público, porque entienden que existe una “carencia” en la formación. Además, será una manera de unificar los criterios de la Fiscalía, sin perjuicio de la independencia técnica que tienen los fiscales.
En caso de concretarse, para ingresar a trabajar como fiscales los abogados interesados deberán tener un período previo de formación en la escuela —que podría ser de hasta un año— y luego realizar una evaluación, en vez de entrar por concurso. En el caso de los ascensos dentro de la institución, los fiscales también tendrán que participar en un curso específico, según dónde apuntan a trabajar. En Montevideo, departamento donde existen fiscalías especializadas, serían formaciones dictadas por docentes extranjeros sobre narcotráfico, homicidios, delitos sexuales, lavado de activos y flagrancia.
La iniciativa de crear una escuela que dependa de la Fiscalía es un proyecto que está inspirado en el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial uruguayo, donde se capacitan los abogados que tienen interés en ser jueces y también se brinda una formación permanente para los magistrados que ya están en funciones, así como a los defensores públicos, procuradores y mediadores.
Consultada por Búsqueda, Ferrero destacó que el sistema sería “mucho mejor” porque permitiría que los fiscales estén “mejor preparados”. Además, sería una instancia en la que se daría un intercambio sobre los casos y las políticas de la Fiscalía, y serviría para entusiasmar a los trabajadores, porque por los recursos humanos “tan limitados” que existen y la forma de ascenso actual, hoy se puede estar “coartando” la motivación de un fiscal. Según contó, ella fue de las últimas fiscales en funciones que se formó en la institución académica de magistrados, porque ingresó como jueza, y consideró que “fue una excelente formación”.
“Te ayuda en la seguridad para las audiencias, en cómo tenés que desempeñarte, cómo tenés que estudiar, cómo encarar un caso y la obligación con la víctima”, aseguró. Y destacó la importancia de participar en esa instancia, en la cual se hacen “juicios simulados”.
Corrupción, estafas y cibercrimen
En la propuesta de presupuesto, Ferrero pedirá recursos para crear varias fiscalías especializadas, en el marco de un cambio en la criminalidad. Por un lado, buscará que se creen dos fiscalías para investigar las denuncias de corrupción, un pedido que en 2023 el exfiscal de Corte Juan Gómez había elevado al Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas, que finalmente no se concretó. En la actualidad, la corrupción es investigada por los fiscales de Delitos Económicos y Complejos, que trabajan en tres turnos y pasarían a ser dos, porque, por el volumen de causas, la Fiscalía considera necesaria la creación de sedes específicas.
Vinculado con los delitos económicos, también se impulsará la creación de dos fiscalías especializadas en la investigación de denuncias de estafas, que se triplicaron entre 2018 y 2022, porque pasaron de ser 6.500 a 19.500 en ese período, según datos del Ministerio del Interior, y continuaron en aumento los años siguientes. Este pedido se dará en el marco de las investigaciones sobre denuncias de estafa por la caída de los fondos como Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte, que fueron asignadas a las Fiscalías de Delitos Económicos.
El Ministerio Público también solicitará presupuesto para incorporar dos sedes especializadas en cibercrimen. “Es imperioso. Lo demanda la realidad de las estadísticas”, dijo Ferrero en ese sentido. Se trata de un reclamo que también había planteado Gómez durante su gestión, cuando en 2022 se analizó la creación de la Unidad de Cibercriminalidad, que se instaló en 2023. La fiscal de Corte señaló que “hoy está como desvestido” porque únicamente tiene al fiscal Ricardo Lackner, pero falta “toda la infraestructura”, cuando varios delitos, entre ellos las estafas, son cometidos a través de medios electrónicos.
En tanto, otro de los focos estará puesto en la creación de cuatro fiscalías de Ejecución, que no existen, a pesar de que hay juzgados de esa materia. En la actualidad son los equipos fiscales los encargados de los análisis en torno a la ejecución de las penas, como pedidos de libertad a prueba, salidas transitorias y redención por trabajo y estudio.
Para las sedes especializadas en Delitos Sexuales, que son seis en Montevideo, Ferrero buscará un refuerzo de los equipos, teniendo en cuenta que son investigaciones complejas y que hay turnos que tienen cerca de 2.000 casos en carpeta. Una solución similar será planteada para las sedes de Flagrancia, que son las encargadas de indagar las causas cuando la persona es detenida al cometer el delito.
Más recursos para el interior
Primero, en la propuesta que harán al Poder Ejecutivo y luego en el Parlamento, la Fiscalía también buscará obtener mayor presupuesto para la creación de fiscalías en el interior del país, para lograr que no existan más sedes de único turno. Según el diagnóstico que realizaron, eso ocurre en unas seis ciudades, entre las que se encuentran Chuy, Toledo, Young y Paso de los Toros.
Por tanto, el planteo será que se dupliquen los recursos humanos en algunas localidades, donde únicamente trabajan el titular con dos fiscales, todo el año. Fuentes de Fiscalía plantearon que ese sistema “desgasta” a los funcionarios y dificulta la organización del trabajo, porque cuando el titular se va de licencia debe subrogarlo un adscripto, que en algunos casos no tiene la preparación suficiente para tomar todas las resoluciones.
Antecedentes negativos
Desde 2015, año en el que se creó la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, el Ministerio Público recibió muchos menos recursos de los que solicitó. Según un relevamiento de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, basado en los pedidos en las instancias presupuestales de los dos últimos gobiernos, de los casi 300 cargos de fiscales que se pidieron, se crearon 90, es decir, un 30%. En tanto, si se suman otros cargos, como abogados, informáticos, técnicos para la Unidad de Víctimas y Testigos, los gastos de funcionamiento e inversión, “el déficit es desmoralizante”, señala.
Como referencia, el documento elaborado por el gremio plantea que “en 2016 y 2017 a la Fiscalía no le asignaron un solo peso de lo poco que pidió, en 2018 pidió más porque el nuevo CPP (Código del Proceso Penal) desnudó imprevisiones y solo le dieron poco más del 10% de lo solicitado. En 2020 y 2021 nuevamente no le dieron un solo peso de lo solicitado, en 2022 a Gómez le dieron poco más del 30% de lo pedido y en 2023 poco más de un 5% de lo solicitado, nuevamente desmoralizante”.
Consultada sobre cuáles serán los fundamentos para lograr que se revierta la tendencia, Ferrero dijo que piensa que los planteos tendrán “buena receptividad”, porque el presidente, Yamandú Orsi, ha dicho que apoyará al sistema de Justicia. “Capaz que no todos, porque nadie piensa que nos van a dar una enormidad de dinero, pero si vos querés una justicia de calidad y que vaya para un sentido de favorecer a la sociedad, tiene que estar firme, sólida y con un buen presupuesto. No hay otra salida”, aseguró la fiscal de Corte.
El documento del think tank Siembra, que fue utilizado como referencia por el Frente Amplio durante la campaña porque incluye propuestas específicas “para la convivencia democrática”, plantea un fortalecimiento del sistema de Justicia, del sistema acusatorio y de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Fue elaborado, entre otros, por el ahora prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la flamante subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, el director de la Dirección Nacional del Liberado, Luis Parodi, entre otros jerarcas elegidos por el nuevo gobierno frenteamplista.
