Esta semana, el abogado Jorge Díaz y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reclamaron públicamente que se inicie una indagatoria sobre la ruta del dinero. También, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, dijo a Telemundo que “sería deseable” abrir una investigación paralela por lavado de activos.
El exintendente de Artigas Pablo Caram fue condenado por la omisión de denunciar y la exdiputada nacionalista Valentina dos Santos, sobrina del intendente, por usurpación de funciones. A su vez, el exsecretario general de la comuna y primo del jefe comunal, Rodolfo Caram, fue condenado como coautor de un delito de fraude, y Stefani Severo, su pareja, funcionaria administrativa de la oficina de Recursos Humanos encargada de contabilizar las horas extras, como autora del mismo delito.
Por tanto, con el fraude y la usurpación de funciones quedó probado que existieron delitos precedentes de lavado de activos y podría iniciarse en la Fiscalía una investigación para responsabilizar a quienes hayan realizado las actividades de recibir el dinero ilícito y transformarlo en “limpio”, y quienes hayan asistido en esas tareas.
Fuentes de la investigación realizada desde la Fiscalía de Artigas de 2° turno, que fue la que obtuvo las condenas de los jerarcas de la intendencia a través de acuerdos abreviados, señalaron a Búsqueda que todavía no existe una “definición” sobre si se iniciará una indagatoria por lavado de activos. La investigación podría ser liderada por esa misma sede —por estar derivada de la causa madre que fue investigada— o por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que tiene competencia nacional, cuyo titular es Enrique Rodríguez. En caso de presentarse una denuncia, la asignación la realiza la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía General de la Nación.
En mayo de este año, Federico Rodríguez, el fiscal que actuó en el caso de las horas extras irregulares, obtuvo, a través de un acuerdo abreviado, la condena judicial de una mujer como autora de un delito de lavado de activos con un delito de apropiación indebida a la pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Además, logró el decomiso de los bienes objeto del lavado, esto es, tres propiedades en Punta del Este, una en Artigas, una camioneta y las acciones de una sociedad comercial, informó la Fiscalía.
Una “cifra absurda”
Con relación al caso de la comuna, consultado por Búsqueda, el fiscal especializado en lavado de activos consideró que la causa la tramita la Fiscalía de Artigas, que “es la que evalúa si continúa la investigación” sobre otros posibles delitos si entiende que hay mérito, y, en caso de considerarlo necesario, puede remitirle los antecedentes.
Rodríguez informó que actualmente tiene 60 investigaciones en trámite por lavado de activos —que son trabajadas por él y una fiscal adscripta—, en su mayoría por los delitos precedentes de estafa, contrabando, defraudación y narcotráfico.
Desde la Fiscalía de Artigas aclararon que, si bien no hay una decisión tomada respecto a si se investigará el lavado en este caso, los US$ 8 millones que se manejan como monto de la maniobra delictiva son una “cifra absurda”, porque se trata de horas extras registradas en un largo período de tiempo, además de que una parte de ellas fueron hechas de manera regular. A su vez, las fuentes plantearon que en las condenas por juicios abreviados se incluyeron penas de multa para reintegrar el dinero obtenido de forma ilícita.
Según establece la acusación fiscal, Severo “modificó la cantidad de horas extras que llevaba a cabo (...) atribuyéndose una cantidad de horas extras diarias desmesurada” y una gran cantidad de horas trabajadas durante feriados. En total, las horas extras ascendieron a $ 1.115.318 y las horas en feriados $ 258.022.
Rodolfo Caram hizo “uso de su posición jerárquica” en la Intendencia de Artigas para que la encargada de Recursos Humanos “permitiese y aprobase las liquidaciones de su pareja, resultando indiscutible su cooperación directa en la consumación de este ilícito”, indicó el fiscal Federico Rodríguez en la acusación. Por esa razón, la condena en la Justicia les impuso una multa de 1.000 UR a cada uno, que corresponden a $ 1.727.000 al valor actual, por lo que en total devolverán $ 3.454.000.
Corrupción afuera y lavado acá
Hasta el momento, la fiscalía especializada no tuvo investigaciones de lavado de activos por corrupción cometida en Uruguay, pero sí por el delito precedente en otro país con el blanqueo de capitales en el territorio nacional. Según indicó Enrique Rodríguez, desde que empezó a funcionar la sede en enero de 2023 trabajaron con casos ocurridos en Perú y Argentina, por ejemplo.
Desde la secretaría antilavado Chediak señaló que es la Fiscalía que tiene “la iniciativa” de iniciar la investigación por lavado, en caso de considerarlo necesario, y que la Senaclaft no hace denuncias, porque no tiene condición de “querellante”.
“Nosotros hemos venido propugnando durante años que se deben profundizar las investigaciones paralelas por lavado de activos”, agregó.
La normativa vigente establece que debe ser “auxiliar en la investigación económico-financiera de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con amplias facultades de actuación, investigación y asesoramiento”.
Según informaron a Búsqueda desde la Senaclaft, en 2024 trabajaron en 15 investigaciones de la fiscalía especializada, aunque en algunos solo remitieron “información por oficio a requerimiento de la Fiscalía”.
En 2023, como complementación de la Evaluación Nacional de Riesgos, la Senaclaft publicó un compilado de tipologías nacionales en materia de lavado de activos, que estaba dirigido a los sujetos obligados del sector no financiero —como los casinos, las inmobiliarias y las empresas constructoras— con información para que pudieran identificar las principales técnicas empleadas por los delincuentes para cometer el delito, así como las señales de alerta que se pueden presentar.
En el informe incluyeron el ejemplo de un caso de lavado de activos en Uruguay producto de un acto de corrupción en el extranjero, por un monto estimado de US$ 15 millones en un período de tres años. La empresa se dedicaba a la realización de grandes obras viales y de ingeniería y había implementado un sistema de pagos de sobornos a funcionarios públicos a cambio de las adjudicaciones.
Como instrumentos fueron utilizados los giros a través de cuentas bancarias, y se detectaron como técnicas el uso de sociedades anónimas y comerciales, la presencia de un testaferro y la prestación de servicios internacionales. En esas causas, los sectores vulnerados fueron el bancario, los proveedores de servicios, el sector contable y los asesores de inversión, que pueden identificar luces amarillas por lavado de activos.
Como señales de alerta, se planteó la participación de personas expuestas políticamente, la ausencia de una estructura operativa de la empresa nacional (empresa de papel), el perfil del directivo que no coincidía con las actividades realizadas por la empresa y la ejecución de contratos de servicios por sumas elevadas. También se incluyeron análisis de casos de delitos de narcotráfico, de estafa y de contrabando.
Si bien la presentación de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de activos es un requerimiento legal para ciertos actores y una garantía para no quedar involucrados dentro de una maniobra delictiva, para Alejandro Montesdeoca, un especialista que trabajó contratado por el gobierno para desarrollar una estrategia nacional antilavado, es insuficiente. En todo 2023 fueron recibidos 911 reportes, pero consideró que el piso debería ser 1.000.
