Condenas y maniobras
El Fosvoc es uno de los cuatro fondos sociales de la construcción. Su cometido es brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Para ello, se nutre de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico a cargo del empleador. La directiva del fondo la componen dos representantes sindicales y dos de las cámaras empresariales.
De los ocho condenados, tres eran dirigentes del Sunca. El de perfil más alto era Bruno Bertolio, quien se desempeñaba como presidente del Fosvoc en 2024, integraba la dirección nacional del Sunca y tenía responsabilidades en las finanzas del sindicato en Montevideo. Víctor Rivero y Santiago Bernaola, en tanto, integraban la dirección departamental de Montevideo del Sunca; se desempeñaban en el área social y en la secretaría de Organización, respectivamente.
Los tres dirigentes formaban parte de la lista 658 de la corriente sindical Agustín Pedroza, cercana al Partido Comunista. Mediante acuerdos abreviados se les impusieron condenas de poco más de dos años de prisión por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia. Aunque fueron condenados en junio de 2025, en julio de 2026 salieron de la reclusión bajo régimen de libertad anticipada, según informó Montevideo Portal.
Otra de las figuras centrales del esquema fue Stella Rey, funcionaria del Fosvoc desde 2005 y despedida en enero de 2025, que fue la ejecutora en 2024 de 193 transferencias irregulares por unos US$ 840.000. Tenía un cargo de jefa de Departamento y autorización para el manejo de cuentas bancarias para el pago de salarios.
Según declaró, hacía las transferencias por orden de Bertolio. La investigación probó que parte del dinero del Fosvoc que transfería de forma irregular a terceros luego volvía a ella. Según el dictamen, recibió en su cuenta $ 6 millones provenientes de cuentas de Bertolio y otros.
Rey fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir, y posesión y tenencia. Es la única que permanece recluida.
Los otros cuatro formalizados fueron Nicolás Mañana y Carlos Larrosa, exintegrantes del Sunca, y Diego Almeida y Viviana Aguilar, un matrimonio con un vínculo personal con Bertolio. Se les imputaron, en una audiencia celebrada el lunes 15 de diciembre, delitos de apropiación indebida y de asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Según la investigación, recibieron decenas de transferencias a sus cuentas, que, en total, sumaron $ 14.825.000, la mayor parte de ese dinero la volvieron a transferir a Bertolio. Las penas en este caso se dieron en régimen de “libertad a prueba”, lo que implica que deben presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio y cumplir cuatro horas de trabajo comunitario semanales durante 10 meses.
En paralelo a la investigación judicial, el Sunca expulsó a 10 integrantes durante el 2025 por su participación en maniobras irregulares.
Bruno Bertolio (a la derecha), expresidente del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, durante una movilización del Sunca en 2022.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Senaclaft sugirió investigación más profunda
La fiscalía tuvo como una línea de investigación un eventual financiamiento con el dinero desviado de actividades del Sunca y del Partido Comunista. En una rueda de prensa a mediados de 2025, tras conseguir las primeras tres condenas, Rodríguez declaró: “En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”.
En la misma línea se expresó la fiscal Gabriela Gómez —una de las principales investigadoras del caso— en una audiencia del 15 diciembre de 2025 en la que se alcanzaron las últimas condenas. “En lo que respecta al destino final (del dinero), como ya lo hemos señalado en alguna audiencia anterior, y se encuentra siendo aún investigado por esta fiscalía, tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca”, afirmó.
Esa hipótesis de trabajo en la que se apoyaron Rodríguez y Gómez no encontró evidencias.
Para la investigación, la fiscalía contó con la colaboración de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf), que hizo relevamientos “primarios” de las finanzas del Partido Comunista y el Sunca. El dictamen fiscal por el que se archivó la causa días atrás se basó en gran medida en ese trabajo. De hecho, casi la mitad del documento es una cita a lo informado por la Senaclaft.
Tras los relevamientos que hizo, la secretaría indicó a la fiscalía que no era posible “afirmar ni descartar” que el Partido Comunista haya recibido aportes del Fosvoc. Tampoco identificó movimientos entre el Fosvoc y el Sunca, o entre el Sunca y el Partido Comunista. De los análisis sí surgieron “ingresos no documentados” en el Partido Comunista, pero “no existen indicios claros de ilicitud”. El organismo detalló que hay una gran dificultad de auditoría por el “grado importante de efectivo” que manejan las organizaciones involucradas.
Aunque con los análisis primarios no encontró vínculos transaccionales entre el Fosvoc, el Sunca y el Partido Comunista, la Senaclaft le dijo a la fiscalía que para llegar a una opinión más determinante faltaba más información. Para acercarse más a una conclusión, sugirió “líneas a seguir” en la investigación.
Entre ellas, indicó que la operativa de finanzas del Partido Comunista no permitía un correcto control, ya que “se desconoce la totalidad de cuentas bancarias” que utiliza y algunas están a nombre de militantes. Para la Senaclaft, era relevante “obtener declaración explícita” en la investigación de las personas físicas que operan cuentas bancarias con las que se hacen transacciones del partido.
También propuso investigar con mayor detalle el mecanismo de financiamiento mediante rifas y bonos, dado que “no es posible confirmar que el efectivo depositado por estos conceptos” provenga de ahí.
Otra vía de financiamiento del partido son los aportes que hacen quienes ocupan cargos políticos. La Senaclaft señala como una dificultad de control el hecho de que, salvo en el caso de los parlamentarios que tienen un monto establecido, en los demás casos el dinero que vuelcan es “voluntario y variable”. “Si en este punto se integra efectivo de varios orígenes, no es posible determinarlo con exactitud”, apunta.
Finalmente, la secretaría indicó a la fiscalía que el eventual financiamiento no necesariamente tendría que ingresar a la contabilidad del Partido Comunista o el Sunca, sino que se podría usar directamente para adquirir bienes o pagar servicios, entre otras posibilidades. “Entendemos que se requeriría otro tipo de análisis mucho más profundo, que involucre una auditoría exhaustiva y combine varias técnicas”, dice el informe. Como ejemplo, alude a un análisis de proveedores, como imprentas, salones, sonido.
Luego de hacer estas sugerencias, aclara: “Es de destacar que de ningún modo esta conclusión sugiere que existan indicios respecto a maniobras de esta índole”.
La fiscalía, ante la falta de indicios, decidió no seguir las líneas planteadas por la Senaclaft. La secretaría analizó documentación y consultó a algunos involucrados, pero no tiene las mismas potestades que la fiscalía o la policía, dijeron a Búsqueda fuentes del caso.
“El vaso medio lleno”
Aunque en su momento fue crítico con algunas características de los acuerdos abreviados alcanzados y especialmente con que no se tuviera en cuenta la reparación económica al Fosvoc, López Goldaracena calificó como “excelente” el trabajo de la fiscalía y de la policía en este caso.
Para el abogado, una de las lecciones que dejó esta investigación es que las unidades de ambas instituciones especializadas en delitos económicos necesitan mayores recursos. Aún así, resaltó: “En un año se logró aclarar la maniobra y se lograron ocho condenas penales, si bien no se pudo terminar de rastrear el destino del dinero. A veces hay que ver el vaso medio lleno”.
Otra conclusión que saca de la investigación es un llamado de atención para las organizaciones sociales y especialmente los sindicatos: “Tienen que tener pautas éticas en el manejo de los fondos y pautas de control”.
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