La anestesista Miralles fue despedida del SMI por “pérdida de confianza”, pese a las sospechas de conductas graves

Entre esas contradicciones se incluyeron tres aspectos: su presencia o no en la sala de cirugía mientras la paciente sufría el paro, irregularidades en el llenado de la historia clínica de lo ocurrido y la incongruencia sobre el número de ampollas de fentanilo solicitadas, usadas y devueltas. Todo eso “afecta inexorablemente la confianza de la institución en el desempeño de la doctora Miralles determinando la pérdida de la misma y en tal mérito el quiebre definitivo de un elemento esencial en la relación laboral que impone poner fin a la misma”, según indica la resolución del directorio del SMI del 8 de abril de 2024 a la que accedió Búsqueda.

En marzo de 2024, una notificación del block quirúgico del Hospital Italiano a la mutualista Universal (otra institución en la que Miralles trabajaba) también hablaba de “frecuentes ausencias de sala de operaciones” de la profesional “para ir al baño” más “un consumo de fentanilo” para atender a pacientes “por encima del promedio” de sus otros colegas.

Pero más allá del contexto y la investigación, la dirección del SMI resolvió por unanimidad disponer el cese laboral de Miralles, aunque determinó que había que abonarle “la indemnización legal correspondiente así como los haberes al cese”.

Según dijeron a Búsqueda fuentes del SMU, Miralles se afilió a ese gremio médico por tercera vez porque “la Sociedad de Anestesiología (SAU) no le respondió como pensaba“ y “pidió un asesoramiento sobre un despido en el SMI“. El SMU, agregaron, no puede accionar en favor de sus afiliados en nada ocurrido antes de su registro, por lo que solamente pudieron intervenir —asesorados por el estudio de Mario Garmendia— en su desvinculación laboral.

“La echaron por pérdida de confianza, nada referido a la cirugía, ni fentanilo, ni notoria mala conducta, ni mala praxis. Entonces, lo que hicimos fue tramitarle un despido común: seis sueldos, aguinaldo y licencia no gozada“, explicó uno de los informantes.

El 3 de diciembre de 2024, la Comisión Honoraria de Salud Pública resolvió inhabilitar por cinco años a Miralles como médica. La sanción fue rebajada a tres años por la ministra Lustemberg el 1 de octubre de 2025. A fines de abril de este año, 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria renunciaron por esta determinación. Para entonces y luego de un juicio abreviado, la Justicia había condenado a la anestesista por homicidio culpable a 24 meses en prisión, bajo un régimen de libertad a prueba.

“Irregularidades”

En su segunda comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, la pasada semana, Lustemberg señaló que Miralles había presentado recursos de revocación y jerárquico contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública. La implicada planteó “gravísimas irregularidades formales y sustanciales”, en referencia a la inhabilitación de ejercer su profesión “sin pruebas concluyentes en base a una investigación privada y sin intervención de un perito anestesiólogo”. También habló de una “grave violación de la garantía de defensa”, porque lo que fue iniciado como una denuncia contra la mutualista SMI luego se convirtió en un expediente contra ella. Miralles, según Lustemberg, apuntó a una “indebida fundamentación del fallo”.

Todo esto corre por un camino distinto a la Justicia, que ya determinó la responsabilidad de Miralles en la muerte de Barrera.

Ese día la ministra puso énfasis en que todo lo que rodeó a este episodio refleja una falla sistémica que amerita un cambio en el marco sancionatorio. Habló de la necesidad de robustecer la “potestad” jurídica de la comisión honoraria y cuestionó al SMI señalando que “recién ante los requerimientos” del ministerio, luego de la denuncia recibida, se hayan comenzado a recabar “elementos probatorios e informar sobre lo sucedido”. Añadió que el 20 de mayo de 2024 la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud (Digesnis) dispuso que la Comisión Honoraria de Salud Pública analizara no solo la conducta profesional de Miralles, sino también la del director técnico del SMI, Roberto López. Este último presentó un recurso de revocación al que se le dio lugar porque “se carecía de una convicción racional respecto de los elementos que pudieran sustentar una eventual responsabilidad”.

Tal como ocurrió en la primera comparecencia de la ministra ante la Comisión de Salud del Senado, el 5 de mayo, la oposición no quedó conforme con las respuestas sobre por qué había rebajado la sanción. Más allá de que públicamente solo se cuestionó el quantum de la sanción, desde el entorno de Lustemberg señalaron presuntas “irregularidades” en la determinación de la comisión honoraria.

Uno de los médicos que integraba la comisión y renunció luego de la baja de la sanción, Juan Carlos Berretta, tiene un cargo jerárquico en el CTI del SMI. Esto fue confirmado a Búsqueda por la pediatra Alicia García, otra profesional que también se fue de la comisión honoraria por la reducción de pena a Miralles, aunque precisó que su excompañero “jamás asistió” a Barrera. Si eso hubiera ocurrido, afirmó, “es norma abstenerse al análisis del expediente”. Como él no cumplía funciones en el mismo CTI en el que ella permanecía internada, agregó, no se consideró que eso fuera motivo de abstención. “Eso (que tenía relación con el caso) es un ‘rumor’ que he escuchado como argumento de alguna ‘irregularidad jurídica’. No la hubo”, afirmó.

Búsqueda intentó comunicarse, sin éxito, con el director general del SMI, Fernando Paroli.