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MSP trabaja en la revisión de su “marco sancionatorio” luego de que el caso de la anestesista revelara “fallas sistémicas”
La oposición no quedó conforme con las explicaciones de la ministra, declaró “pérdida de confianza” en la jerarca, prepara nuevos pedidos de informes y estudia cómo seguir
Rodeada de autoridades del MSP y de legisladores del Frente Amplio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ofrece una conferencia de prensa luego de su comparecencia en el Parlamento.
En su nueva comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, el martes 16, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, puso énfasis en que todo lo que rodeó a la muerte de la médica Soledad Barrera y la sanción administrativa a la anestesista Inés Miralles, que intervino en su operación, reflejan una falla sistémica que impidió una correcta intervención, lo que amerita un cambio en el marco sancionatorio para darles una mayor seguridad a los pacientes.
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Pero al igual que su anterior presencia, el 5 de mayo, sus respuestas no convencieron a la oposición.
Tras cuatro horas de sesión, el oficialismo y la oposición terminaron con sensaciones opuestas. Lustemberg, acompañada por las principales autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), recibió el respaldo de los legisladores del Frente Amplio. Ella había sido convocada por su decisión de reducir de cinco a tres años la prohibición a Miralles de actuar como médica, lo que provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que había dispuesto la sanción original. En su intervención, aseguró que no hubo “ningún apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido” a la anestesista, con quien dijo no tener “ningún vínculo”.
Si bien manifestó que compartía el fondo de la decisión de la comisión honoraria, expresó que con base en elementos “de tipo jurídico”, luego de “sopesar atenuantes y agravantes”, y de “cotejar” situaciones similares, redujo el quantum sancionatorio. Señaló de todos modos que su decisión está en “reconsideración”. Con las respuestas brindadas por ella y su equipo, el MSP aspira a terminar el tema. Solo admitió como “un error humano” que la cartera presentara la contestación a un recurso interpuesto por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por esta sanción “un día después” de finalizado el plazo, que era el 10 de diciembre de 2025. Esto está siendo objeto de una investigación administrativa por parte de la cartera.
Para la oposición, el tema está muy lejos de concluir. “Teníamos la expectativa de que se reconociera el error”, dijo en la comisión el senador nacionalista Martín Lema, el convocante de la ministra. En una conferencia de prensa posterior, señaló que las respuestas fueron “decepcionantes”, que “siguen las interrogantes” y que esto derivó en una “pérdida de confianza” en la gestión de Lustemberg. “Todos los movimientos que se hicieron favorecieron a la anestesista”, subrayó el legislador, apuntando a la baja de la sanción, a la respuesta fuera de plazo al TCA y al hecho de que, mientras el MSP le reducía la sanción a Miralles, el Ministerio de Defensa la daba de baja en el Hospital Militar, en una resolución firmada por la ministra Sandra Lazo y el presidente Yamandú Orsi el 22 de abril pasado.
En el Partido Colorado, el senador Robert Silva dijo a Búsqueda que en la intervención de Lustemberg “se presentaron inconsistencias en el accionar del ministerio que quedaron en evidencia”, por lo que está redactando un pedido de informes para acceder a los antecedentes que llevaron a esa determinación. “No se nos contestó nuestra pregunta respecto de si la ministra y el jefe de Jurídica del MSP (Martín Esposto), que curiosamente no vino a la comisión, estaban al tanto de la no contestación de la demanda en el TCA cuando vinieron la anterior vez a la comisión, el 5 de mayo, ya que ello sería algo grave”, afirmó, en referencia a que en esa instancia no lo mencionaron. Su colega Pedro Bordaberry afirmó que el tema será discutido en el interior de “la bancada y de la coalición republicana”.
Marco sancionatorio
Miralles actuó como anestesista en la operación de vesícula realizada a la médica pediatra Soledad Barrera en octubre de 2023 en la mutualista Servicio Médico Integral (SMI), que le causó graves daños neurológicos que desembocaron en su muerte en agosto de 2024. En diciembre de 2025, luego de un proceso abreviado, Miralles fue condenada por la Justicia por homicidio culpable a 24 meses en prisión, bajo un régimen de libertad a prueba.
Antes se había expedido el MSP ante una denuncia de la madre, Rosario Barrera, de diciembre de 2023: un informe del Departamento de Atención al Usuario de la cartera concluyó en mayo de 2024 que “se trató de un evento adverso grave” durante la intervención, con irregularidades que refieren al “llenado de historia clínica, la ausencia de la anestesista Miralles durante la intervención por un tiempo determinado y la incongruencia en cuanto al registro de los fármacos utilizados”. Ese documento entendió, además, que “por parte del SMI no se adoptaron conductas tendientes a aclarar rumores de consumo de estupefacientes por parte de la doctora Miralles en el horario laboral”.
Esos rumores databan, al menos, desde marzo y abril de 2023, según investigaciones internas del SMI a las que accedió Búsqueda. La sustancia en cuestión era fentanilo, un potente opioide usado como analgésico. El periodista Ignacio Álvarez divulgó la semana pasada un informe con fecha 25 de marzo de 2024 del block quirúrgico del Hospital Italiano, dirigido a la mutualista Universal, donde también trabajaba Miralles, que hablaba de “pérdida de confianza” en la profesional por “múltiples” situaciones de pacientes que registraban un “dolor posoperatorio desmedido”, habiendo recibido según los registros “suficiente cantidad de fentanilo intraoperatorio”.
En el Parlamento, Lustemberg habló de la necesidad de robustecer la “potestad jurídica” de la comisión honoraria y apuntó a las fallas de todo el sistema. Asimismo, recordó que las investigaciones por este caso comenzaron por la denuncia recibida por el MSP. En ese sentido, cuestionó, en referencia al SMI, que “recién ante los requerimientos de este ministerio” se hayan comenzado a recabar “elementos probatorios y a informar sobre lo sucedido”.
Relativo a este punto, la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, dijo a los legisladores que la cartera está “trabajando en la revisión del marco sancionatorio que tiene el ministerio”. Las competencias sancionatorias hoy “están dispersas y muchas veces no se cuenta con información para llevar adelante estos procesos”. Por eso, añadió, el MSP apunta a “un relevamiento y un mapeo de los procesos para avanzar hacia un nuevo marco sancionatorio que ordene los procedimientos”.
