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Piden a Fiscalía un protocolo para investigar si mujeres condenadas por entrar droga a cárceles actúan bajo coacción
La propuesta busca que se dicte una instrucción general para que los fiscales no limiten la indagatoria a quien ingresa los estupefacientes en los centros penitenciarios y se rastree a los responsables de la cadena
La abogada Valentina Piquinela —que ha sido defensora de varias mujeres condenadas por delitos de estupefacientes al intentar ingresar droga a establecimientos penitenciarios— presentó una petición a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, donde solicita que se dicte una instrucción general para que disponga una articulación entre el trabajo que realizan las fiscalías especializadas en drogas y las de violencia basada en género, que son las que tienen competencia para investigar la trata.
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La abogada busca que se establezcan protocolos e indicadores de riesgo con el objetivo de detectar, en todas las causas por delitos de estupefacientes donde sea imputada una mujer, “si su participación fue libre” o si “obedeció a coacción, violencia basada en género, engaño o situación de trata o explotación”. El escrito, al que tuvo acceso Búsqueda, plantea que se dirija la investigación penal a la desarticulación efectiva de las redes de trata responsables y “no exclusivamente hacia la sanción de quien materializó el hecho”.
La solicitud la hizo como presidenta de la asociación civil Derechos con Voz, una organización sin fines de lucro que promueve acciones en materia de derechos humanos de grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad, y trabaja en la situación de mujeres privadas de libertad y de sus familias.
La abogada dirigió la petición a Ferrero como directora del Consejo Honorario de Instrucciones Generales, que es el ámbito donde se emiten las directrices sobre cómo debe ser la actuación de los fiscales en la persecución penal de los delitos, según quedó establecido en el Código del Proceso Penal que entró en vigencia en 2017. La última vez que se emitió una instrucción general fue en junio de 2021, cuando el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, era todavía fiscal de Corte.
“Los eslabones más bajos”
En los fundamentos de la petición, la organización sostiene que la persecución penal “recae sobre quien materializa el ingreso o transporte de la sustancia”, que en su mayoría son mujeres, “sin alcanzar a quienes organizan, captan o se benefician” del circuito.
El planteo expone evidencia sobre el crecimiento de la población femenina privada de libertad a un ritmo muy superior en relación con la masculina, en particular en delitos de estupefacientes. Las mujeres, sostiene el escrito, “suelen ocupar los eslabones más bajos y prescindibles de las estructuras de narcotráfico”, y luego son reemplazadas por otras “captadas bajo el mismo patrón”.
Solo en 2025 hubo 460 mujeres formalizadas por delitos de estupefacientes, de las cuales 10 fueron por el numeral 5 del artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración, que restableció el artículo 36 del decreto ley sobre delitos de estupefacientes, de 1974, con el que se aumentó la pena a quienes intenten vender droga en las inmediaciones de las cárceles.
Se trata de una situación que tiene un impacto particular sobre las mujeres, que son quienes en su gran mayoría van a visitar a personas privadas de libertad.
Para Derechos con Voz, la persistencia de ese circuito en el tiempo, “sin que se registre una disminución de su magnitud pese a la reiterada intervención estatal sobre las mujeres captadas, constituye en sí mismo un indicador de que la respuesta” actual “no está alcanzando a la estructura de trata subyacente”. En su opinión, esto señala la necesidad de una intervención específica y articulada entre distintos organismos vinculados al tema, como la Fiscalía lo hace desde la persecución penal y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) lo realiza desde la custodia cotidiana de los centros penitenciarios.
El crecimiento de la cantidad de mujeres privadas de libertad llevó al INR a resolver durante el período de gobierno anterior la construcción de una nueva cárcel femenina. Las mujeres recluidas en la principal cárcel femenina del país fueron trasladadas al nuevo establecimiento a fines de julio de este año.
Un caso que no se sigue investigando
El 12 de agosto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Departamental de Libertad de 1er turno había logrado la condena mediante un proceso abreviado de un hombre que “conformó con su pareja una organización” criminal cuya finalidad era ingresar droga a la Unidad N° 4 del INR, la cárcel de Santiago Vázquez, el antiguo Comcar. Para hacerlo, reclutaron a varias mujeres con el engaño de que eran contratadas como trabajadoras domésticas, pero las trasladaban desde Montevideo a un inmueble en Ciudad del Plata, donde estaban vigiladas y no podían escapar, y les comunicaban que su tarea era ingresar estupefacientes a reclusos de ese centro penitenciario.
El imputado fue condenado a cinco años y ocho meses de penitenciaría como responsable de un delito de asociación para delinquir, trata de personas y suministro de sustancias estupefacientes. Era quien trasladaba a las mujeres y acondicionaba los envoltorios con droga. La mujer fue liberada porque “no se logró reunir los elementos suficientes para vincularla con estos delitos”, dijo la fiscalía.
Según surge de la sentencia judicial, a la que accedió Búsqueda, en la vivienda había cuatro mujeres, y se incautaron 216 gramos de marihuana y 2,83 gramos de cocaína. Fuentes del Ministerio Público señalaron que “el caso no se sigue investigando”, y no se está buscando a otras mujeres que puedan haber sido condenadas por ingresar droga al Comcar bajo su orden. Para eso, “habría que tener denuncias de otras situaciones y evidencias” que vinculen a las personas con los hechos denunciados o deberían haber surgido pruebas durante la investigación, en el marco de registro o intervención de comunicaciones, lo que no sucedió en el caso.
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