Un grupo integrado por representantes del PIT-CNT, la Universidad de la República (Udelar) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para el seguimiento y la implementación de la Ley 19.829 sobre Gestión Integral de Residuos visitó días atrás a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores. Allí, los delegados de estas organizaciones expusieron un panorama crítico sobre el tema con una “preocupación principal”: a cinco años de su aprobación por unanimidad en el Parlamento (en octubre de 2019), la ley no se reglamentó ni se implementó, y los avances que se han dado van “en el sentido contrario” a sus propósitos fundacionales.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión celebrada el pasado 12 de agosto, Jorge Ramada, coordinador de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, recordó que la ley se había concebido sobre dos aspectos centrales: establecer una “política pública en la gestión de residuos que implicara involucrar a organismos estatales” y “contribuir a la dignificación del trabajo de los clasificadores de residuos”. Uno de los principales objetivos, sostuvo, era la eliminación de los vertederos a cielo abierto, en donde hasta hoy “trabaja gente en condiciones impresentables”.
“Lo que entendíamos correspondiente con relación a los principios que establecía la ley era que ese cierre se hiciera dando trabajo digno a todos los que estaban allí. Al momento se han cerrado pocos y la situación sigue igual. Y han pasado cinco años”, lamentó.
Ramada también se refirió a la financiación de esta política integral, que la ley preveía contemplar a través de un impuesto a los envases y embalajes. Sin embargo, dicha tasa “fue descartada por la administración anterior a pedido de la Cámara de Industrias del Uruguay” (CIU), por lo que el avance de la ley “fue demorado en función de los intereses de la CIU”, acusó el sindicalista al citar versiones taquigráficas de sesiones anteriores.
De esta manera, dijo que, en lugar de un fondo tripartito gestionado con un impuesto, se “volvió al viejo sistema de responsabilidad extendida del productor” instalado en la Ley de Reciclaje de Envases de 2004, un esquema que la propia resolución de modificación reconoce como “un sistema que ha fracasado”, al generar “poco más de 200 puestos de trabajo” y permitir recuperar “alrededor de 5% de los envases” en 15 años.
“Nuestra preocupación es en qué medida es posible que esta legislatura esté en disposición de contribuir para que esto se implemente en el sentido que estableció la ley, la política pública, la defensa de los trabajadores que han sido durante años marginados y ninguneados y que han contribuido mucho al cuidado del ambiente”, indicó.
Por su parte, Mauricio Passeggi, docente de la Udelar, afirmó que las resoluciones del Poder Ejecutivo en el período pasado fueron “orientadas por los intereses privados y, en particular, los de la CIU”. Según describió, en 2022 se aceptó la propuesta del Plan Vale, que a su entender “contradice la ley votada en 2019” y que específicamente indica que envases y embalajes no están alcanzados por la responsabilidad extendida del productor, sino que se iban a gestionar a partir de un fondo alimentado a través de un IMESI.
“El propio presidente de la cámara declaró en 2022 un ahorro enorme con el Plan Vale, porque de los US$ 100 millones anuales que estaba previsto que se recaudaría por IMESI, solo se iban a tener que invertir US$ 50 millones en la implementación y US$ 25 millones anuales en la operación del plan”, comentó.
Aunque el Plan Vale empezaría a correr en 2025 con un préstamo de US$ 50 millones, Passeggi advirtió que “no está garantizado que los residuos efectivamente sean valorizados”, ya que no se contempla la implementación de una cadena de valor para que aquello que los ciudadanos separan en sus hogares llegue realmente a la industria con el fin de tener una segunda vida. Expresó su preocupación porque de esa manera solo “se valorizará lo que resulta rentable, como el plástico PET, que va a quedar en gestión del Plan Vale”.
Esta situación, según los expositores, “relegará cada vez más a los clasificadores”, quienes históricamente han recuperado entre el 70% y el 80% del material que se volcaba a la industria. El PET, el material “más valioso”, “ya no va a pasar por las cooperativas”, beneficiando a “multinacionales, corporaciones oligopólicas”, agregó Passeggi.
Ramada señaló que, tras la asunción de las nuevas autoridades de gobierno, el grupo mantuvo reuniones con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien les aseguró que “tenían en sus manos el Plan Vale que les había sido otorgado y que tenían que ver todas las situaciones”.
“La opinión no fue favorable a lo que planteábamos, pero por lo menos abría un compás de espera. Si bien no apoyaron nuestros planteos, dijeron que los iban a estudiar”, reconoció el sindicalista.
Incoherencias
Otro punto en el que el delegado del PIT-CNT centró sus críticas fue el artículo 567 de la última Rendición de Cuentas. Este artículo estableció, a partir del 1 de enero de 2025 y por 10 años, que el impuesto a los envases y embalajes sería de “pesos cero”, con una tasa de 0%. Aunque esta exoneración estaba condicionada a que las empresas lograran valorizar el 50% del material puesto en el mercado antes del 31 de diciembre de 2025, Ramada calificó la situación (según dijo, promovida por la CIU) como “una cachada”. Si no se cumple la meta, se supone que deberían pagar los impuestos retroactivamente, pero como la tasa inicial se fijó en 0%, “nunca se fijó el valor de la tasa” y, por lo tanto, no hay nada real que cobrar.
“Vemos una incoherencia total que niega el carácter de política pública que se había establecido en la ley y, a su vez, la situación de los clasificadores no ha mejorado nada e, incluso, ahora ha empeorado porque hay más gente en la calle”, criticó.
Passeggi señaló que el gobierno entrante “recibió un Plan Vale prácticamente acordado” que, si bien “contrariaba la ley”, lo apoyó públicamente por la vía de los hechos, lo que constituye un “incumplimiento de la ley que es flagrante”. Incluso, dijo que existe una resolución del Ministerio de Ambiente de diciembre de 2024 que pretendía eliminar la exigencia del 50% de recuperación para finales de 2025. “Es la primera vez que veo una resolución ministerial que pretende pasar por arriba de una ley”, criticó.
Álvaro Soto, también integrante de la delegación, lamentó que mientras el tiempo pasa, “toda la población enfrenta una contaminación ambiental” debido a la falta de aplicación de la ley, y denunció que los productores e importadores de plástico no retornable “siguen actuando y no hay ningún tipo de mitigación”.
Además, dijo que el principio de que “pague más el que contamina más, no existe” en la práctica, dejando la ley “sin instrumentar y bajo la presión de los mismos contaminadores”. Las consecuencias, según Passeggi, son graves: con “viento a favor llegaremos al 15% o 20% de recuperación”; el resto del material “lo seguirán enterrando las intendencias, a costo propio”, en lugar de que el costo de la gestión de residuos sea sostenido por quien los genera, agregó.
Alertó incluso sobre la posible llegada de “empresas privadas que quemen los residuos para obtener energía”, trasladando el costo a UTE y, finalmente, al Presupuesto Nacional.
