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Recortan compensaciones a 400 funcionarios en Rocha; la oposición denuncia situación económica compleja
El intendente Alejo Umpiérrez aseguró que se trata de una práctica habitual al comienzo de cada nuevo período, que se aplica para “barajar y dar de vuelta”
El pasado 11 de julio, un día después de que asumieran las nuevas autoridades departamentales del país, comenzó a difundirse de forma interna en la Intendencia de Rocha una circular con una orden de servicio dirigida a los directores generales. El documento indicaba que a partir del 1 de agosto de 2025 “se dejarían sin efecto todas las resoluciones que otorgaron diferencias de grado, compensaciones, incrementos de ocho horas y autorizaciones para la realización de horas extra” a los funcionarios municipales, una decisión que causó molestia entre los trabajadores y en la oposición departamental.
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Según consignó la radio local Acuario FM el miércoles 6 de agosto, el diputado por el Frente Amplio Gabriel Tinaglini comentó que la medida es una “señal clara de que no hay caja” y “evidencia” una situación financiera “compleja” dentro de la comuna. Sin embargo, en diálogo con Búsqueda, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, aseguró que la decisión es una medida habitual, que “se hace en todos los cambios de gobierno”, sin importar el color político.
“Cuando empieza una nueva administración, decreta la caída de las compensaciones, de las horas extras y de las diferencias de grado. Es histórico. No hicimos nada nuevo. Se hace para volver a barajar y dar de vuelta, porque en cinco años ocurren un conjunto de deformaciones y desvíos económicos”, explicó. Según dijo, los funcionarios “tienen una capacidad burocrática impresionante de inventiva” para obtener diferencias de grado, horas extras, compensaciones y pago de viáticos, por lo que implementar esta medida cada cinco años sirve para “barrer” cualquier irregularidad y “limpiar la cancha”. Más aún, agregó, en el caso de la actual administración departamental, que cuenta con 13 autoridades nuevas, las cuales “tienen todo el derecho de ver cómo recalculan y redistribuyen” este tipo de mecanismos.
Nuevos requerimientos y necesidades
La medida afecta a unos 400 funcionarios y prevé implementarse por un período de al menos 60 días. La idea, comentó Umpiérrez, es que en ese plazo cada director de área plantee cuáles serán sus requerimientos para el futuro y cuáles son las necesidades reales del servicio, de forma de determinar “cuál es la suma económica de ese paquete de compensaciones y horas extra a nivel presupuestal”.
“De no haber ningún problema, vamos a comenzar a levantar esta restricción; y en caso de no corresponder, podaremos en algunas áreas, porque es mucho el gasto”, señaló.
Respecto a la situación financiera de la Intendencia de Rocha, Umpiérrez dijo que el gobierno departamental cerró el año 2024 con el déficit más bajo del Uruguay en año electoral (US$ 1 millón), a excepción de Flores (US$ 600.000). “El déficit acumulado, que viene de administración en administración, lo bajamos de US$ 27 millones a US$ 19 millones, de los cuales US$ 9 millones responden a un fideicomiso que terminamos de pagar el 30 de junio”, sostuvo. Detalló que recientemente se puso en marcha una mesa de trabajo con el Frente Amplio para estudiar la conformación de un nuevo fideicomiso destinado a obras de infraestructura.
“Hace dos años que vienen diciendo lo mismo y la campaña electoral ya terminó”, cerró en referencia a las acusaciones de la oposición.
Alejo-Umpierrez
Alejo Umpiérrez durante la primera sesión del Congreso de Intendentes del periodo 2025–2030 en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Situación compleja
En diálogo con Búsqueda, el diputado Tinaglini señaló que la Intendencia de Rocha “viene arrastrando un déficit bastante considerable”, de cerca de US$ 23 millones. Según dijo, el endeudamiento “se ha ido incrementando sustancialmente” y ha llevado a que haya proveedores de municipios a los que “no se les paga hace un año y medio”.
“Castillos, por ejemplo, está debiendo $ 11 millones. Hay otros municipios que están un poquito mejor, pero también con atrasos en el pago a proveedores”, dijo. Sostuvo que la cadena de pago, tanto de la intendencia como de los municipios, se cortó en parte “por falta de circulante”, ya que al priorizarse el pago de salarios “se empezó a desencadenar una serie de situaciones, como el acceso a créditos del Banco República”, comentó. Tinaglini se refería así a un crédito por $ 100.000 al que accedió la comuna el 3 de junio, dirigido, según entiende la oposición, al pago de aguinaldos y salarios, que debía ser abonado el 30 de junio antes del cambio de ejercicio.
“El tema es que ese crédito no se saldó y eso ha generado que la intendencia empiece un proceso de pérdida de grado de cliente. Eso desencadena ahora un tema que se está tratando con celeridad en la Junta Departamental, que es la posibilidad de entrar a un nuevo fideicomiso a 15 años por US$ 40 millones”, criticó el diputado rochense, quien cuestionó además que el primer acto de gobierno de la actual administración fuera solicitar a la Junta autorizar otras líneas de crédito, independientes a la del Banco República (BROU), el pasado 11 de julio.
“Para darle los votos, la bancada del Frente Amplio pidió que la solicitud pasara primero por el Tribunal de Cuentas, con el fin de conocer de primera mano qué grado de endeudamiento tiene la comuna y así ver si el crédito es viable o no en función de su situación económica”, indicó. La idea, para el diputado, es evitar que un nuevo fideicomiso “termine pagando las deudas que dejó el propio gobierno anterior”, lo que ha provocado una serie de recortes que asegura que se evidencian ahora en la decisión de limitar diferentes compensaciones.
Por su parte, el edil por el Frente Amplio Felipe González dijo a Búsqueda que al analizar las rendiciones de cuentas de la intendencia desde 2022 es posible notar “una importante acumulación de deuda”. Ya en 2023, comentó, el déficit acumulado ascendía a $ 756 millones, mientras que en 2024 aumentó a $ 801 millones, en su gran mayoría por deudas a proveedores. “En términos económicos, la intendencia está en descuelgue financiero, ya que gasta mucho más de lo que le ingresa”, dijo González.
Para el edil, la decisión de eliminar todas las compensaciones de categorías y las horas extras y la solicitud de un nuevo crédito a la Junta por el máximo del monto legal son claras señales de que, a nivel de “salud financiera, la intendencia está realmente enferma”. Respecto a la deuda con el BROU, dijo que en julio la comuna logró pagar $ 42 millones gracias a una partida proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, en lugar de utilizar fondos municipales. “Los directores, que en su gran mayoría no cambiaron, tienen prohibido hacer compras porque el presupuesto 2025 está agotado”, cerró.
