Así, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto que transforma a la Defensa Pública en un servicio descentralizado y la saca de la órbita del Poder Judicial. La norma, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, concreta un largo reclamo de los defensores públicos por mayor autonomía institucional.
La votación fue seguida desde las barras del Senado por decenas de defensores, que aplaudieron e incluso se emocionaron hasta las lágrimas durante algunas intervenciones de los legisladores en defensa del proyecto.
El senador colorado Andrés Ojeda subrayó el consenso alcanzado entre todos los partidos detrás del proyecto de ley. En su intervención como miembro informante de la Comisión de Constitución y Legislación, que trabajó en el texto, destacó el rol de la Defensoría Pública para garantizar el acceso a la justicia de las personas con menos recursos, y defendió que darle autonomía permite garantizar “que cada parte del sistema de Justicia cumpla su rol con independencia” y “libre de condicionamientos jerárquicos”.
Ojeda hizo referencia al debate en torno a la posibilidad de que el proyecto contravenga el artículo 239 de la Constitución, que da a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la competencia de nombrar a los defensores. Dijo que se buscó la “solución más razonable” —el proyecto establece que los defensores sigan siendo nombrados por la Corte, pero a partir de un orden de prelación elaborado por la Defensa Pública— y que puede ser “perfectible” en la Cámara Baja.
La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira, también integrante de la comisión, dijo que “sin defensa no hay Justicia” y que el fortalecimiento de la Defensoría “no es un favor del Estado, es una obligación jurídica y ética”. Añadió que no se trata de un “capricho corporativo”, sino de un “imperativo para fortalecer la democracia”.
Graciela Bianchi (Partido Nacional), otra de las senadoras que trabajó en el proyecto, dijo que la Defensoría es “la pariente pobre del Poder Judicial” y que eso no es compatible con “el principio de igualdad”. “Necesitamos que la Defensoría sea de alta calidad”, afirmó. Bianchi añadió que lo que más quieren los defensores es la autonomía técnica y que se les reconozca que “son capaces de administrar” su propio organismo.
“Ha llegado la hora del reconocimiento de los defensores públicos”, cerró, provocando aplausos en las barras.
“Hoy es un día para estar contentos”, dijo por su parte el frenteamplista Sebastián Sabini, y subrayó que se trata del cumplimiento de un compromiso de campaña del Frente Amplio.
El colorado Pedro Bordaberry cuestionó algunos aspectos del proyecto que, a su entender, quedaron redactados de forma “diabólica” y resultaron en un “Frankenstein”. Sus críticas referían a la solución para el nombramiento de los defensores y al traspaso de bienes del Poder Judicial al nuevo organismo. Se mezclan “cosas de servicio descentralizado con cosas de la Suprema Corte de Justicia”, objetó. El senador advirtió que “avizora problemas” si no se le asigna presupuesto al nuevo organismo.
Bianchi le respondió que el texto no era un “Frankenstein” y que se le había dado a la Defensoría Pública “el máximo de autonomía” posible.
Otros legisladores, como el nacionalista Carlos Camy —el único que no votó el proyecto— y el colorado Gustavo Zubía, plantearon dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley.
“Amenazas” de la Corte causaron molestia entre los senadores
Un tema central en el debate fue el reciente planteo de la SCJ sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si se aprobaba la normativa. La advertencia fue hecha por los ministros de la corporación en una nota enviada a la Cámara de Senadores el pasado jueves 9, sobre la que informó Búsqueda.
Esto se debe a que la iniciativa legislativa prevé que la Corte transfiera al organismo descentralizado los bienes del Poder Judicial destinados al servicio de la defensa pública. En la carta, la SCJ afirma que eso produciría “graves perjuicios institucionales y económicos” a un poder del Estado “históricamente postergado en términos presupuestales”.
La Corte expresó que no emitiría opinión sobre el fondo del proyecto, pero señaló que de convertirse en ley “podría eventualmente ser sometido al control de constitucionalidad”. Y concluyó su nota alertando que, en caso de aprobarse, “recurrirá a las acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos”.
Sobre estos reparos, Ojeda dijo que eran aspectos que podían mejorarse durante el tratamiento en Diputados, y que lo material no podía ser un “obstáculo” para que la norma se concrete: “Hay un bien superior que debe ser priorizado”.
“Veremos cómo se soluciona y acá le tiramos la pelota presupuestal al gobierno”, afirmó.
Moreira, por su parte, dijo que en la subcomisión que trabajó en la redacción del texto se le hicieron ajustes para “evitar problemas” referidos a los bienes, y que por eso la norma establece que la cesión queda condicionada a una resolución previa de la Corte. Sostuvo, además, que el Estado tiene que “cooperar” entre sí.
La senadora Bianchi señaló que no querían tener “problemas” con la Corte y dijo que las publicaciones que leyó en la prensa le “preocuparon”. “¿No podemos entre todos hacer un esfuerzo jurídico?”, planteó. “¿Vamos a impedirnos dar este paso y darles a los defensores el lugar que les corresponde? ¿Y a la ciudadanía que no tiene acceso a los abogados privados (vamos a impedirle) que tengan el mismo derecho?”.
Bianchi consideró que la preocupación de la Corte por los bienes es “legítima”, pero que se debe buscar una solución “sin judicializar” el tema. “Abramos la cabeza”, reclamó.
A su turno, el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, Nicolás Viera, se manifestó “muy molesto” por la nota de la Corte, sobre la cual, dijo, “se enteró por la prensa”. El legislador frenteamplista recordó que la comisión recibió al presidente de la SCJ, John Pérez Brignani, y que este expresó inquietud por los bienes, pero no emitió opinión sobre el fondo del proyecto.
“Espada de Damocles”
“¿Si no se va a emitir opinión sobre el fondo, por qué se termina amenazando con la inconstitucionalidad de la norma? Me preocupa”. Viera sostuvo que debido a la opinión de la Corte, la Defensoría Pública estaba “naciendo con una espada de Damocles”.
Sabini también cuestionó a la corporación. Hizo referencia a los necesarios “contrapesos” de la separación de poderes y afirmó que el Parlamento tiene derecho a dar más preponderancia a la Defensoría sin recibir “presiones”. “Lo vimos como una suerte de amenaza, y creo que no corresponde”, cuestionó.
La frenteamplista Liliam Kechichian dijo que le “sorprendió” la carta enviada por la SCJ: “Lo sentí hasta amenazante porque contenía algunas frases que no se habían dicho en el Parlamento. Me disgustó bastante”.
Camy consideró que si la Corte hubiera expresado su opinión en la comisión, “debía inhibirse de actuar en eventuales recursos de inconstitucionalidad”. “Que haya hecho silencio me parece que es conforme a derecho”, opinó, y agregó que la Constitución “es clara” y “votar una norma contra ella es un problema”.
El colorado Robert Silva evaluó que “el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo presupuestal para atender lo que plantea la Suprema Corte de Justicia”. Mientras, Bordaberry planteó que la solución respecto a los bienes deja un “problema” que debería haberse resuelto de una forma “más concreta”.
El proyecto de ley se aprobó por 29 en 30 votos.
