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Suprema Corte advierte al Senado que tomará “acciones legales” si se aprueba ley de Defensoría Pública
En una nota enviada el jueves 9 a la Cámara de Senadores, los ministros afirmaron que ceder bienes del Poder Judicial al nuevo servicio descentralizado produciría “graves perjuicios institucionales y económicos” a un poder del Estado “históricamente postergado”
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) alertó al Parlamento que, de sancionarse el proyecto de ley que transforma a la Defensoría Pública en un servicio descentralizado, se ocasionarían “graves perjuicios institucionales y económicos al Poder Judicial”. Esto se debe a que la iniciativa legislativa prevé que la Corte transfiera al nuevo organismo descentralizado todos los bienes destinados a la prestación del servicio de la defensa pública.
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La “preocupación” por el proyecto de ley fue manifestada en una nota, a la que accedió Búsqueda, firmada por los cuatro ministros que actualmente integran la Corte —John Pérez Brignani, Bernadette Minvielle, Doris Morales y Tabaré Sosa— y dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse. El texto fue enviado también a todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que esta semana aprobó la iniciativa legislativa. Está previsto que el proyecto de ley, que fue votado en comisión por senadores de los tres partidos políticos que integran la Cámara Alta, se apruebe en el plenario el martes próximo.
En concreto, la Corte planteó al Senado su preocupación por las disposiciones del proyecto de ley “referidas a los bienes muebles, inmuebles y derechos patrimoniales destinados al servicio de la Defensa Pública”. El proyecto dispone que los bienes y derechos de los que es titular el Poder Judicial pasen a integrar el patrimonio del nuevo servicio descentralizado y establece que la Corte deberá elaborar un listado con los bienes cuya titularidad transferirá. Esto, plantearon los ministros, “afecta directamente la economía del Poder Judicial, ya de por sí extremadamente limitada, privándolo de bienes que han sido adquiridos, mantenidos y mejorados a lo largo de los años con ahorros significativos y reasignaciones internas, muchas veces en detrimento de necesidades igualmente relevantes”.
En la nota recuerdan que en “múltiples oportunidades y ante diversos ámbitos interinstitucionales” la Corte manifestó que los recursos presupuestales asignados al Poder Judicial “son insuficientes” para atender la creciente demanda del servicio y advierten que la transferencia de bienes “agravaría aún más la situación”.
La Corte subrayó que esta advertencia ya había sido hecha por su presidente, Pérez Brignani, ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en una comparecencia en mayo. También planteó que inversiones en infraestructura y equipamiento para la Defensoría en sedes de ciudades como Rivera, Treinta y Tres, Carmelo o Montevideo —realizadas con “enorme esfuerzo”— ascienden a US$ 5 millones y fueron financiadas con recursos propios, sin contar con incrementos presupuestales específicos.
Los ministros ilustraron que ese monto equivale al costo de funcionamiento de los cuatro juzgados de violencia basada en género con turnos dobles creados desde la sanción de la Ley 19.580 contra la violencia basada en género, comparación que permite “dimensionar adecuadamente la magnitud” de el inversión. Mencionaron además la complejidad de dividir bienes en las situaciones en que “no es posible una delimitación física clara entre los espacios asignados a juzgados y a defensorías” y sostuvieron que debería cuantificarse también el costo de los desarrollos tecnológicos, como el sistema de gestión, implementados por el Poder Judicial para la Defensoría.
La Corte concluyó su nota alertando que la ley, de aprobarse, tendría “un impacto negativo y desproporcionado sobre un poder del Estado que ha sido históricamente postergado en términos presupuestales”. Asimismo, advirtió que, en caso de aprobarse, la corporación “recurrirá a las acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos”.
Fuentes del Poder Judicial dijeron a Búsqueda que un posible camino a recorrer es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Pues a la preocupación por los bienes se suma la posibilidad de que la ley contravenga el artículo 239 de la Constitución, que establece que es competencia de la Suprema Corte de Justicia nombrar a los defensores de oficio.
Con el objetivo de sortear una eventual inconstitucionalidad sin resignar la independencia del nuevo servicio, el proyecto establece que los defensores sigan siendo nombrados por la Corte, pero a partir de un orden de prelación de postulantes elaborado por la Defensa Pública. No obstante, en la corporación hay dudas sobre la constitucionalidad de esta solución, dijeron las fuentes. Los riesgos sobre una eventual inconstitucionalidad de la ley fueron advertidos en la comisión del Senado por los constitucionalistas Martín Risso y Jaime Sapolinski.
En la nota, la Corte expresó que no emitiría opinión sobre el fondo del proyecto, aunque señaló que de convertirse en ley “podría eventualmente ser sometido al control de constitucionalidad”.
