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Ante la ausencia de programas estatales, una asociación civil busca suplir la carencia de vivienda y educación para adultos con discapacidades
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A las cinco de la tarde del lunes 28 de mayo el profesor de música entró sonriente a la sala y sus nuevos alumnos aplaudieron. Primero cantaron algunas canciones, luego cada uno de los alumnos recibió una baqueta para improvisar algunos ritmos y al final bailaron.
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Las 38 personas que estaban en la sala no eran niños de una escuela o adolescentes de un liceo. Se trataba de adultos discapacitados severos que son atendidos por una organización sin fines de lucro. La mayoría de ellos vive con sus familias, en varios casos en hogares monoparentales, y otros están en casas de salud.
La clase de música forma parte de las actividades que ofrece la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (Aprodi), fundada en 2002 por familiares de adultos discapacitados intelectuales severos. Desde 2004 la asociación imparte talleres educativos, didácticos y de esparcimiento.
El objetivo primordial de la asociación es suplir la falta de vivienda y educación que sufren muchos adultos con discapacidades, ya que no cuentan con programas estatales que cubran esas necesidades. “El Estado no brinda ningún tipo de solución de vivienda a aquellos adultos discapacitados intelectuales que quedan desamparados de la familia y que por su propia discapacidad no pueden valerse por sí mismos”, dicen los integrantes de Aprodi en un documento de presentación. Agregan que el Estado “expulsa” a estas personas del “sistema educativo formal especial una vez que cumplen los 18 años”.
A su vez, este grupo de personas no es tenido en cuenta por el Sistema Nacional de Cuidados. Si bien el programa, puesto en marcha en 2016, tiene como objetivo la atención de las personas en situación de dependencia, hoy está concentrado en niños y adultos mayores.
El director del programa, Julio Bango dijo a Búsqueda que el sistema tiene por objetivo abarcar a todas las personas, de todas las edades, en situación de dependencia, pero que por el momento se definió “priorizar” algunos rangos de edades “en función de los recursos” que se disponen. “Esto es como el Fonasa, que ha ido incorporando población en etapas”, explicó.
Hoy, el 61% de las personas a las que el sistema provee un asistente personal tienen menos de 29 años, informó Bango. Según el último informe del organismo, entre 2015 y 2018 se incorporaron 11.407 niños menores de tres años. Además, se ampliaron y crearon nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia. Por otro lado, se está ampliando la cobertura de teleasistencia para los adultos mayores.
Discriminación.
Desde Aprodi sostienen que la apuesta de la asociación es atender una “necesidad que no está contemplada” en la sociedad: la atención del discapacitado intelectual adulto con familia reducida o que carece de ella y que no puede subsistir sin el apoyo constante y permanente de un supervisor.
“Hay que hablar más del discapacitado intelectual adulto”, afirmó Rosana Lens, integrante de la comisión directiva de la asociación.
Otro de los objetivos de la organización es brindar capacitaciones para la atención del discapacitado intelectual adulto y su problemática, de modo de fomentar la creación de centros similares. Asimismo, se promueve la participación de las personas con discapacidades intelectuales en actividades sociales diarias y se apuesta a su integración para “disminuir la discriminación” que sufren.
Lens informó que en nuevo centro —en un terreno en Malvín Norte cedido en comodato por la Administración Nacional de Educación Pública, inaugurado a fines del año pasado— se busca dar una “atención integral” a las personas. Además del cuidado, se dan talleres con música, manualidades, clases de computación. Para 2019 se prevé que el centro sea ampliado con un nuevo edificio que funcionará como hogar para 36 personas.
La mayoría de los que son atendidos por la asociación son adultos excluidos del sistema educativo que pertenecen a un contexto vulnerable, dijo Lens.
La organización es sin fines de lucro y su principal sustento viene del dinero que el Estado asigna a las personas con discapacidad. En este caso se trata de una ayuda extraordinaria de casi $ 5.000 para pagar a la institución a la que son enviados. Aparte, el Estado paga otros $ 10.700 a la persona por concepto de pensión a la discapacidad.
