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El tiempo corre. En las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde las negociaciones son continuas entre los presidentes de los clubes de Primera División, y en la Torre Ejecutiva, donde miran desde lejos con inquietud las consecuencias políticas, económicas y deportivas que puede acarrear una inédita sanción de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
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A fines de agosto la FIFA intervino la AUF en medio del escándalo generado por las grabaciones a su expresidente Wilmar Valdez, hecho que aplazó las elecciones presidenciales. Aunque ese acontecimiento fue el argumento para la intervención, la FIFA designó una comisión regularizadora con el objetivo principal de aprobar un nuevo estatuto para la AUF ajustado a determinados requisitos que desde 2016 exige a todas sus federaciones. Luego de varios plazos no cumplidos, el ultimátum para Uruguay es el próximo 2 de diciembre, y aunque en la AUF son optimistas de votar antes del límite el nuevo estatuto, desde el gobierno la mirada es diferente y alarmante por las sanciones que el fútbol local puede recibir.
Apenas semanas antes de que la fecha venza, en el Poder Ejecutivo consideran “muy complicado” que para el 2 de diciembre la AUF tenga un nuevo estatuto, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, lo que preocupa a las autoridades pues acarreará la suspensión a la AUF de la FIFA y con ello la posibilidad de que la Selección nacional y los clubes locales queden afuera de competencias internacionales oficiales y amistosas.
Administrativamente los tiempos no dan si los dirigentes del fútbol uruguayo no llegan a un acuerdo “casi que de inmediato” respecto al tema, argumentaron las fuentes, pues una vez que el estatuto es votado en la AUF debe luego pasar por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Secretaría Nacional del Deporte y la Fiscalía de Gobierno antes de volver a la asociación de fútbol para ser nuevamente discutido, modificado a partir de las observaciones y votado definitivamente.
Apenas semanas antes de que la fecha venza, en el Poder Ejecutivo consideran “muy complicado” que para el 2 de diciembre la AUF tenga un nuevo estatuto.
La ley marca que las normas de funcionamiento de toda asociación civil uruguaya deban ser previamente analizadas por la Fiscalía de Gobierno y validadas por el MEC. Y en el Poder Ejecutivo creen que será “inevitable” que se observe el estatuto que salga desde la AUF, una circunstancia muy común porque los reglamentos de las asociaciones civiles muchas veces “entran en conflicto” con la legislación nacional vigente.
Con eso en mente, en la Torre Ejecutiva aún esperan que la AUF invite a dos de sus jerarcas a un ámbito bipartito para pulir conjuntamente los artículos del nuevo reglamento que puedan ser observados, y así evitar que el proceso administrativo se demore y el estatuto deba retornar a la AUF para otra discusión.
La propuesta fue realizada a mediados de setiembre por Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy, director y subdirector de la Secretaría Nacional del Deporte, a los tres integrantes de la comisión regularizadora que hasta el 28 de febrero gestionan la AUF: el senador colorado Pedro Bordaberry, el diputado blanco Armando Castaingdebat y el exfutbolista Andrés Scotti. Desde entonces ni Cáceres ni Etchandy han recibido novedades. “Hemos expresado nuestra voluntad para salir rápidamente de esta situación. Estamos a la espera de que se tomen algunas decisiones que nos permitan contribuir a acelerar algunos procesos”, dijo Cáceres el jueves 11 en radio Sport890.
Efecto inmediato.
En el comunicado de prensa donde anunció la intervención de la AUF, y en otro sucesivo donde designó a los integrantes de la comisión regularizadora, la FIFA fue clara en la necesidad de que la asociación uruguaya revise sus estatutos actuales para ajustarlos a los requisitos establecidos en sus propias normas y en las de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). “Incorporará valores esenciales y extremadamente positivos para el futuro del fútbol uruguayo. Con mayor transparencia operativa, institucional y comercial, la participación de la mujer en el fútbol, el crecimiento del fútbol femenino, una clara división de poderes y en particular la inclusión de todos los actores relevantes del fútbol en Uruguay entre otros elementos positivos”, sostiene uno de los puntos respecto al reglamento que se exige.
En la Torre Ejecutiva aún esperan que la AUF invite a dos de sus jerarcas a un ámbito bipartito para pulir conjuntamente los artículos del nuevo reglamento que puedan ser observados, y así evitar que el proceso administrativo se demore.
Entre los cerca de 80 artículos que forman el documento que actualmente se debate en la AUF, son 15 los que demoran la aprobación; los más discutidos obligan a crear un congreso que reemplace a la asamblea general de clubes, el máximo órgano de decisión de la asociación uruguaya, un elemento que rechazan varios clubes de Primera División.
En caso de que el estatuto no esté definitivamente aprobado por la AUF antes del 2 de diciembre, la asociación será suspendida con efecto inmediato: de acuerdo al artículo 16 del estatuto de la FIFA, sus federaciones miembro suspendidas no podrán ejercer sus derechos como miembro, y el resto de las federaciones miembro no mantendrán contacto en el plano deportivo con los suspendidos; además deja abierta la posibilidad de que una comisión disciplinaria pueda imponer otras sanciones.
