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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ausentismo laboral entre quienes tienen un consumo problemático de sustancias es de dos a tres veces mayor que el del resto del personal. Eso se ve reflejado en las cifras de la Intendencia de Montevideo (IM), donde los problemas con el consumo de sustancias han aumentado y preocupan a las autoridades.
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Para tener una mejor prevención y control del problema, el intendente Christian di Candia aprobó días atrás un protocolo para la detección del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas que será aplicado a los funcionarios.
Según explicó a Búsqueda la directora de Administración de Personal de la comuna, Rosana Paredes, para la elaboración del protocolo se tomaron en cuenta las recomendaciones de la OIT para el tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo. El fin es promover la prevención, la reducción del consumo y el tratamiento, indicó.
Durante 2018 se certificaron 104 funcionarios de la IM por razones vinculadas a consumos problemáticos de alcohol, tabaco y otras sustancias, por un total de 1.914 días (Búsqueda Nº 2.007). El año pasado, varios funcionarios del Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional crearon de forma voluntaria un “grupo de autoayuda” integrado por más de 60 referentes de distintas dependencias de la IM, con el fin de detectar y brindar apoyo a aquellos compañeros que atraviesan una situación de adicción.
La idea es realizar, este año, un llamado a licitación entre los prestadores de salud para comenzar a aplicar el protocolo lo antes posible.
El protocolo es resultado de un acuerdo con el sindicato de trabajadores municipales (Adeom) en el marco de la Comisión Bipartita Permanente de Seguridad y Salud Laboral. Las negociaciones demandaron varios meses, dijo Paredes, pero lograron llegar a “consenso”. En el documento se definieron “las pautas de adecuación de las actuaciones para la aplicación de un plan de pruebas de detección de alcohol y otras drogas”, informó.
En la reglamentación del procedimiento, aprobada el 10 de junio y a la que accedió Búsqueda, se establecen las disposiciones de carácter general para proceder ante las situaciones de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, en todas las dependencias municipales. Específicamente, lo que hace la resolución es acordar pautas y procedimientos sistemáticos para detectar situaciones de consumo problemático a través de pruebas reactivas y determina las acciones que se emprenderán para la prevención y detección precoz.
Según la resolución, la IM tendrá la potestad de realizar controles a los trabajadores que al ingreso o durante la jornada de trabajo “presenten indicadores conductuales que hagan evidente no encontrarse en condiciones de desempeñar su labor y que pudieran corresponder a efectos de consumo de drogas legales o ilegales”. Los síntomas que serán tenidos en cuenta para la sospecha son trastornos motrices, trastornos del habla, trastornos de la atención, excitación, agresividad y aliento alcoholico, dice la resolución.
Procesos
Según explicó Paredes, ante la sospecha de que un funcionario esté bajo los efectos de sustancias psicoactivas, será separado de la tarea cualquiera sea su escalafón o carrera. Dependiendo de los resultados de la prueba, que se hará con dispositivos analíticos no invasivos, se aplicarán sanciones. En caso de que el trabajador se niegue, no podrá retornar a sus tareas hasta que certifique estar en condiciones.
“El protocolo indica cómo deben abordarse en general las diferentes situaciones, porque antes no había un criterio unificado; el trabajador podría terminar con un sumario, otros en tratamiento, otros iban al grupo de ayuda... Todo dependía de para dónde iba su expediente y no se sabía exactamente qué hacer”, dijo la jerarca.
Por eso, a partir de la reciente resolución, cualquier mando medio o responsable podrá solicitar que se haga un test ante una sospecha, y personal médico especializado hará pruebas reactivas, que incluyen desde espirometrías hasta análisis de sangre y orina.
Ante la sospecha de que un funcionario esté bajo los efectos de sustancias psicoactivas, será separado de la tarea cualquiera sea su escalafón o carrera.
La resolución indica que las comisiones bipartitas podrán determinar paralelamente la realización de controles aleatorios sistemáticos a los trabajadores. El funcionario será apartado de su tarea hasta que se realice la prueba de detección del consumo y en caso positivo, para reintegrarse deberá demostrar una constancia médica que lo respalde, al igual que si se niega a realizar la prueba. La IM no aceptará más de dos negativas en el año, y podrá aplicar las medidas sancionatorias que considere convenientes. En caso de querer rectificar un resultado, el funcionario podrá hacerlo mediante un examen de sangre realizado en las siguientes dos horas.
Si el resultado de la prueba reactiva es positivo, los miembros de la comisión bipartita de Seguridad y Salud Ocupacional tendrán la obligación de asesorar al trabajador y recomendarle que sea sometido a una evaluación y diagnóstico. A partir de entonces podrá optar, en caso de ser necesario, tratamientos privados o brindados por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en caso de no cumplir con el tratamiento indicado, la IM lo considerará como una falta administrativa y se aplicará una sanción disciplinaria.
Paredes aseguró que la política que se pretende desarrollar se sustenta en un paradigma de derechos humanos y de promoción de la salud, que tiene como eje la responsabilidad individual y colectiva, “persiguiendo la prevención, asistencia y reinserción de la persona, sin carácter sancionador”.
La idea es realizar, este año, un llamado a licitación entre los prestadores de salud para comenzar a aplicar el protocolo lo antes posible.
