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¿Cuándo decidimos que los viejos eran un estorbo?; ¿en qué momento pasaron a ser tan incómodos y prescindibles que aceptamos, casi con indiferencia, que se los privara de derechos que nunca cuestionaríamos para cualquier otro ciudadano?
Los videos del desalojo del residencial clandestino de La Unión golpean la conciencia con una brutalidad difícil de procesar. Más de 20 ancianos hacinados, durmiendo directamente sobre pisos sucios o en colchones sin sábanas ni abrigo suficiente, habitaciones húmedas que evidencian años de abandono, falta de higiene, ausencia total de controles. Pero lo verdaderamente perturbador no es que esto haya ocurrido, es el hecho de que solo nos enteramos porque alguien lo descubrió, porque alguien entró a la casa de los horrores, la fotografió y la filmó.
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Mientras nos horrorizamos con este caso que sucedió en Montevideo, la historia reciente demuestra que no estamos frente a una excepción, sino ante un problema estructural. Todavía recuerdo la entrada del Ejército español a una residencia de Valladolid durante la pandemia: ancianos abandonados por el personal conviviendo con cadáveres en condiciones que desafiaban toda idea de dignidad humana. No son episodios aislados. En distintos países y en tiempos diferentes aparecen residencias clandestinas, galpones convertidos en asilos improvisados, habitaciones donde personas mayores sobreviven malnutridas, medicadas de forma deficiente, cubiertas por la suciedad y esperando la muerte.
¿Cuándo decidimos que los viejos eran un estorbo? ¿En qué momento pasaron a ser tan incómodos y prescindibles que aceptamos, casi con indiferencia, que se los privara de derechos que nunca cuestionaríamos para cualquier otro ciudadano?
Arturo Pérez-Reverte lo resumió con una frase incómoda: “A los viejos se les arrincona porque la vejez es fea y aquí todos tenemos que ser jóvenes y guapos”. Más allá de quien la pronuncie, la observación acierta en algo esencial: vivimos en una cultura donde la utilidad económica y la apariencia física terminan condicionando el valor que atribuimos a una vida.
Hay un aspecto lateral del problema que me resulta especialmente irritante: el uso indiscriminado de la palabra edadismo para describir lo que, en muchos casos, es viejismo puro y duro. No son conceptos equivalentes. El edadismo es la discriminación basada en la edad, cualquiera sea. Incluye prejuicios contra jóvenes y contra personas mayores. Expresiones como “es demasiado joven para asumir esa responsabilidad” o “es demasiado viejo para aprender algo nuevo” responden al mismo mecanismo: reducir a una persona a un estereotipo asociado a su edad.
El viejismo, en cambio, es la discriminación específica contra quienes han envejecido. Es asumir que por el solo hecho de haber sobrepasado cierto número de años valen menos, importan menos y merecen menos atención, menos recursos y menos autonomía.
Resulta significativo que incluso la palabra viejo haya sido expulsada del lenguaje cotidiano. Hoy hablamos de “adultos mayores”, “personas mayores”, “seniors”, “tercera edad” o, más recientemente, “vejeces”. En este tema, como en tantos otros, parece que bastase cambiar las palabras para transformar la realidad mágicamente. Pero resulta que los eufemismos no eliminan el problema: apenas lo vuelven más cómodo de ignorar, y mientras discutimos cuál es el término mejor, más correcto, menos excluyente y discriminatorio, hay personas mayores sucias y subalimentadas durmiendo sobre el piso.
Esa negación de la realidad, los prejuicios y la exclusión alcanzan a veces a las instituciones. ¿Qué pensarían si el Instituto Nacional de las Mujeres estuviera dirigido por un hombre? ¿Y si el Instituto Nacional de la Juventud estuviera encabezado por una persona de 75 años? Habría muchísimas voces en contra, disidencias. Sin embargo, aceptamos con naturalidad que las personas mayores no tengan la dirección de los espacios donde se diseñan las políticas que determinan cómo vivirán los últimos años de su vida. Sí, que una persona joven dirija el Instituto Nacional de Personas Mayores, por más que sea capaz y tenga la formación correspondiente al cargo, también es una forma de exclusión. Un botón como muestra: la directora general del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) de España, María Teresa Sancho Castiello, tiene 74 años.
El viejismo no es solo un problema cultural o moral. Es, sobre todo, el fracaso institucional de un Estado que permite que funcionen residenciales clandestinos. Y si no controla adecuadamente los establecimientos, renuncia a una de sus obligaciones más elementales, la de proteger a quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
No se necesitan eufemismos, se necesitan inspecciones permanentes, controles efectivos y sanciones ejemplares para quienes lucran con el abandono. Se precisan políticas públicas sostenidas, presupuesto suficiente y una participación real de las propias personas mayores en las decisiones que las afectan.
Deberíamos caer en la cuenta de que la vejez, tarde o temprano, no va a ser una categoría ajena, algo que solo les pasa a los otros. Si tenemos suerte, si llegamos, será también nuestro futuro. Y cada vez que toleramos que un viejo sea tratado como una cosa descartable, estamos decidiendo, silenciosamente, aceptar que nos traten como a un objeto prescindible el día que nos llegue el turno.
