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    Nacer y morir sin justicia

    Luna sufrió en vida todo tipo de violencias y discriminación por parte de su padre; en varias oportunidades pidió ayuda, pero nadie la protegió como lo merecía; el presidente Orsi llamó a hacer un “mea culpa” colectivo por el asesinato de la niña y señaló la necesidad de mejorar la comunicación entre instituciones, pero el problema es mucho más estructural que una falta de coordinación entre instituciones: es el resultado de una ausencia constante del Estado

    Columnista de Búsqueda

    Los militares que van a las misiones de paz lo saben bien: Naciones Unidas tiene políticas claras de “no fraternización”. Cualquier tipo de relación con la población local implica una violación de las normas de conducta (salvo que se deba a una tarea militar planificada, como una “reunión con líderes civiles o patrullas de seguridad”).

    Sin embargo, una y otra vez se realizan denuncias a cascos azules del mundo entero por abuso sexual o explotación sexual y casos de paternidad probada. Uruguay no solo no es la excepción, sino que es uno de los países que más figura en las estadísticas. Un informe publicado por The Conversation en 2019 mostraba que, durante las misiones de paz en Haití entre 2004 y 2017, el personal uruguayo estuvo involucrado en el 28,3% de los casos de abuso sexual y embarazo infantil. En particular, Uruguay alcanzaba en ese informe el primer lugar como país de origen de soldados implicados en historias de embarazos (a pesar de que la tropa uruguaya era menor en tamaño que la brasileña, que figuraba en segundo lugar de responsabilidad). En 2017, también fueron acusados ocho cascos azules uruguayos por explotación sexual en la República Democrática del Congo. Datos a escala global mencionan que, entre 2004 y 2016, se registraron casi 2.000 denuncias de abuso sexual por parte de cascos azules de diversos países “incluyendo Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán, Uruguay y Sri Lanka”.

    Naciones Unidas tiene una política de tolerancia cero respecto a la explotación y el abuso sexual, que incluye cualquier tipo de relación con población local. Sin embargo, las acciones legales recaen en los países de origen, ya que son explícitamente los Estados miembros “los responsables de garantizar que sus contingentes militares y policiales cumplan con las normas de conducta de la ONU”. Como muestran los datos citados anteriormente, hace años ya que el Estado uruguayo está al tanto de los abusos que cometen sus militares. Sin embargo, los soldados vuelven a Uruguay (ya sea porque terminaron la misión o porque son repatriados por las denuncias) y las soluciones siguen sin aparecer, y no se cuenta con información clara sobre acciones legales concretas con relación a estos casos. Al final es como una serpiente que se muerde la cola, porque qué sentido tiene decir que Naciones Unidas tiene “tolerancia cero”, si después no hay medidas de ningún tipo que aseguren que haya justicia para alguna de esas víctimas.

    La vida de Luna Echegoyen, la niña de 13 años asesinada en Maldonado por su padre, el excoronel José María Echegoyen Lequini, es una de esas vidas atravesadas por la injusticia desde su gestación hasta su muerte. Una vida atravesada por el desinterés y la omisión del Estado y de toda una serie de organismos públicos nacionales e internacionales.

    Según comunicó Claudia Romero, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), Luna nació en Uganda en 2012, producto de una relación entre una mujer ugandesa y el excoronel Echegoyen, mientras este estaba en una misión de paz en la República Democrática del Congo. En 2015, cuando Echegoyen estaba otra vez en misión de paz en el Congo, la madre de Luna pidió a Naciones Unidas una prueba de ADN para reclamar el reconocimiento de la paternidad. La prueba confirmó que el exmilitar era el padre biológico, y ese mismo año la niña viajó a Uruguay con autorización de la madre, para vivir bajo la tutela del excoronel.

    Es turbio y no logro entender por qué, teniendo una prueba de ADN positiva que confirmaba la falta ya cometida por el exmilitar durante una misión de paz, el Comando General del Ejército volvió a proponer en 2018 la designación de Echegoyen para una misión oficial en el Congo. Es decir, que el Estado uruguayo no solamente no realizó ningún tipo de acciones legales ante la falta de conducta del entonces coronel, sino que, además, lo consideró merecedor de nuevas oportunidades de trabajo.

    Según la información que salió a la luz después de su asesinato, Luna sufrió en vida todo tipo de violencias y discriminación por parte de su padre. En varias oportunidades pidió ayuda, pero nadie la protegió como lo merecía. El presidente Orsi llamó a hacer un “mea culpa” colectivo por el asesinato de la niña y señaló la necesidad de mejorar la comunicación entre instituciones para garantizar una atención efectiva.

    Pero el problema es mucho más estructural que una falta de coordinación entre instituciones. Es el resultado de una ausencia constante del Estado a lo largo de la vida de Luna. Desde enviar soldados abusadores a misiones de paz, pasando por no tomar ninguna medida de protección hacia una niña que nace como resultado de un abuso de poder, no tomar medidas legales contra los cascos azules que incurren en este tipo de faltas, para finalmente llegar a la debilidad de acción por parte del INAU, los centros educativos y los centros de salud en las distintas etapas de la vida de Luna.

    Una tristeza infinita.

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