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    Muy de Tauro

    ¿De verdad se quiere investigar? ¿Se quiere llegar al fondo de los motivos, las razones, los detalles y las eventuales irregularidades o incluso ilegalidades en los procesos del contrato con el astillero Cardama, caiga quien caiga? ¿O cada parte quiere demostrar su parte de verdad e ignorar la otra?

    Columnista de Búsqueda

    Dice la gente que sabe y gusta de la astrología que Tauro es el signo más terco del zodíaco. Dicen que es imposible de convencer y cuando cree tener razón, allí se quedará hasta ganar sin dar jamás el brazo a torcer. Todo indica entonces que en el caso Cardama la Luna está en Tauro y no habrá Mercurio retrógrado ni ascendente en paz y amor que logre mover ninguna postura, haya o no elementos para eso.

    Después del anuncio del gobierno, el pasado 13 de febrero, de que rescindirá el contrato con el astillero español que construiría dos patrulleras oceánicas, aparecieron dos teorías (obvio). En realidad, se reflotaron las que ya estaban. La de la oposición, que asegura que esto está todo armado y que el gobierno quiere tirar abajo todo lo que hizo la administración de Luis Lacalle Pou, y la del oficialismo, que dice que el gobierno pasado hizo todo mal en la contratación del astillero y que algo turbio sucedió entre el Partido Nacional y Cardama.

    Entonces Tauro en una cámara y con sus mayorías quiere investigar todo lo que pasó antes de llegar a la decisión de rescindir el contrato, y Tauro y sus mayorías en la otra cámara quiere investigar la decisión de rescindirlo. Es tan sencillo como leer las dos solicitudes de creación de comisiones preinvestigadoras.

    La pedida por el Frente Amplio en nombre del senador Sebastián Sabini comienza con un punteo de algunos hechos a partir de diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Defensa firmó el contrato con la empresa Francisco Cardama por más de 80 millones de euros para construir las dos patrulleras. Recuerda las dificultades para conseguir las garantías, el hallazgo de la existencia de documentos falsos, las cuatro acciones que llevará adelante el gobierno a partir de la rescisión y algunas de las consideraciones del informe de la clasificadora Bureau Veritas, contratada por el gobierno para verificar la situación de la obra y comprobar los incumplimientos.

    Entonces aparecen las preguntas que el oficialismo quiere que se aclaren en la comisión investigadora. Por ejemplo, quién trajo a Cardama, por qué se hizo una compra directa con quien había quedado atrás en el proceso previo de licitación, por qué no se consultó más al Banco Central sobre las garantías que presentó Cardama, por qué se aceptó la Cuaderna Maestra en una fecha anterior a su presentación y quiénes aceptaron la garantía falsa, entre otras preguntas. El foco puesto únicamente en los procedimientos relacionados al contrato entre el Estado uruguayo y el astillero firmado durante el gobierno pasado.

    Luego apareció la comisión pedida por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que en su primer párrafo plantea que se disponga la creación de una comisión investigadora sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionados con la rescisión del contrato para adquirir las patrulleras. El texto advierte que si bien la rescisión se concretó ahora, el gobierno viene tomando acciones para ello desde que asumió en marzo de 2025. Y, además, considera que la investigación debe hacerse desde el año 2005. En este caso, el pedido hace énfasis como punto central de la investigación en “la actuación del gobierno y los participantes de la reunión en Presidencia de la República en la que la empresa a través del doctor Gonzalo Fernández presentó opciones para subsanar la garantía de fiel cumplimiento que el gobierno deliberadamente ignoró, que nunca llegó al Astillero”. Y allí, tal como en el pedido del oficialismo, aparecen las preguntas: si el presidente Yamandú Orsi participó en las reuniones en las que se manejaron distintas propuestas de garantía, si se pidió la opinión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre este tema, si existe un nuevo proceso de licitación y con quiénes se ha reunido el gobierno para ello, cuál es el motivo de la opacidad en torno a la información solicitada por los legisladores respecto al proceso de construcción de las patrulleras y cuánto es responsabilidad del gobierno el tema de los atrasos en la construcción de los buques, a partir de que se anunció la posibilidad de rescisión, entre otros puntos.

    Como vemos, cada cámara buscará investigar solo lo que le interesa. Aparentemente, las preguntas que hacen uno y otro para cada parte están respondidas y no son materia de análisis.

    Hay un tema previo que a esta altura ya es hasta anecdótico y es cómo el oficialismo le ganó de mano a la oposición y se adelantó en la solicitud de la preinvestigadora en el Senado, donde tiene mayoría y donde, según sus argumentos, sería mejor investigar porque allí justamente está el senador Javier García, ministro de Defensa cuando se realizó el proceso de contratación. ¿No fue una torpeza del gobierno esta jugada que pudo parecer una chicana, pero que en realidad expone al oficialismo a quedar como que hay algo que no quiere que se investigue y por eso va por la cámara en la que puede ganar? Acto seguido, el Partido Nacional en acuerdo con el resto de la oposición se mantuvo en su postura original anunciada pero no ejecutada y también pidió la preinvestigadora, esta vez en Diputados, previo acuerdo con Cabildo Abierto para que diera sus votos a cambio de que se investigara todo el proceso. Aunque el foco en el texto enviado está en la decisión del gobierno de rescindir, y no en las acciones cuestionadas por el oficialismo ni en las garantías truchas, como si eso no hubiera sido parte sustancial del proceso. Como si no fuera importante. ¿No es también una torpeza del Partido Nacional quedar en el lugar de la defensa a Cardama en vez de condenar, entre otras cosas, la presentación de las garantías truchas?

    Uno ingenuamente se pregunta si no era más sencillo que una de las dos cámaras se dedicara a analizar todo el proceso —todo— en lugar de repartirlo en dos y cada mayoría con su venda puesta y sus posturas ya tomadas. Por eso aparece la duda. ¿De verdad se quiere investigar? ¿Se quiere llegar al fondo de los motivos, las razones, los detalles y las eventuales irregularidades o incluso ilegalidades en los procesos, caiga quien caiga? ¿O cada uno va a seguir con la mira puesta en lo que le interesa demostrar y hacer como que lo otro no existe? Ojalá me equivoque, pero no están dejando opción para creer que verdaderamente se quiere conocer la verdad completa.

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