Puro realismo mágico

Este ir y venir implica la necesidad de que la teoría sea corregible y perfectible. Si la teoría está imaginada e implementada como un dogma, como un acto de fe, se rompe el sentido de la praxis o del conocimiento empírico. Por eso las teorías deben ser tasables en términos de sus impactos. De lo contrario pierden su capacidad transformadora de la realidad y se convierten en una liturgia, un ritual destinado a preservar el dogma antes que a transformar la realidad.

Esto puede deberse a que, por un lado, el prejuicio ideológico suele estar estrechamente imbricado con la pertenencia a una comunidad política y la prioridad de esa comunidad no suele ser perfeccionar la teoría que la nutre. Imbricado aquí está usado en un sentido muy concreto y específico: el prejuicio ideológico no es un defecto aislado. Está trenzado y superpuesto con el hecho de pertenecer a un grupo o partido político. El prejuicio y la identidad grupal se alimentan mutuamente de forma inseparable. Al mismo tiempo, una comunidad política (un partido, una facción, un movimiento) existe para competir, ganar poder, defender intereses o asegurar su supervivencia, no para revisar de manera constante sus bases filosóficas de fondo.

Por otro, esa urdimbre impermeable suele ser el resultado de una indignación ante una injusticia que se intenta corregir. El problema es que, si bien la indignación es un buen disparador, no es tan bueno a la hora de atacar un problema en su dimensión real. Cuando el problema pasa a ser un asunto moral, la teoría suele perderse en el camino: es justa pero no es capaz de preguntarse por sus propios límites. Es absoluta porque no concibe nada que no responda a su indignación. Se convierte en una verdad cerrada que, cuando baja al mundo, siempre se sorprende de lo poco que hace el mundo por darle la razón. Y así, cualquiera que proponga mirar los resultados de su aplicación se convierte en un hereje que debe ser excomulgado del universo moral común.

Un ejemplo en ese sentido es la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España, que lleva más de dos décadas aplicándose y que es la principal fuente de nuestra propia ley en la materia. Cuando alguien cuestiona su eficiencia, de inmediato es acusado de promover la violencia contra las mujeres. No importa que el sentido de la crítica sea tomar medidas más efectivas para proteger a las mujeres. Por tratarse de un asunto moral y no racional, cualquier comentario da lugar a un anatema laico. Algo que, si se aplicara a otras leyes y otros asuntos, nos dejaría petrificados sin poder evaluar y cambiar nunca nada.

La cifra de feminicidios en España está estancada en torno a los 60 cada año. Si la ley tuviera una eficacia estructural acumulativa, la cantidad debería bajar año tras año. Y, sin embargo, la cifra se mueve de forma errática en “picos y valles”: un año baja a 49 (2020), al año siguiente sube a 50, luego escala a 58 (2023) y vuelve a subir a 60 (2024). Esto podría indicar que el sistema ha alcanzado su techo operativo y que es necesario introducir cambios para mejorar. Así, mientras la curva de asesinatos anuales se mantiene plana y estancada en su meseta crónica, el presupuesto público institucional se ha multiplicado exponencialmente, alcanzando cifras récords en los últimos años.

Eso parece decir que los recursos adicionales no impactan en la reducción de la tasa de letalidad, lo que obligaría a replantear si el dinero se está asignando a los lugares correctos o (y esto es lo que incomoda a sus impulsores) si la teoría de base de la ley tiene fallas de diseño. Al mismo tiempo, las denuncias interpuestas y los casos activos bajo protección han crecido sustancialmente año tras año. Esto parece señalar que el sistema es muy eficaz “capturando” casos y judicializando conflictos, pero ineficaz frenando el núcleo duro de los crímenes letales. El sistema protege a las que entran en el radar, pero es incapaz de llegar al núcleo en donde las mujeres son asesinadas.

Hacerse preguntas sobre estos asuntos es indispensable y no debería provocar la defenestración de nadie. Si una política pública no puede ser evaluada por sus resultados, es que estamos priorizando la teoría por encima del bienestar de quienes son su población objetivo. Esa firmeza moral puede ser un buen alimento para quienes creen sin dudarlo en la bondad de su teoría, pero deja a la intemperie a quienes necesitan resultados reales, no solo buenas intenciones. El contraste con la realidad puede ser frustrante para quien cree dogmáticamente en una idea, pero es la única forma de que las teorías y las leyes tengan alguna clase de utilidad para el colectivo de la sociedad. Hacer lo contrario es puro realismo mágico.