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La Junta Nacional de Drogas busca colocarse al frente de la lucha contra las organizaciones criminales
En su nueva estrategia, el organismo establece la necesidad de articular a las agencias de seguridad en tareas de inteligencia, seguimiento e interceptaciones; entre los objetivos está evitar la captación de funcionarios públicos por la delincuencia, bloquear internet para la venta de drogas y controlar el desvío de precursores que producen sustancias como el fentanilo
La Junta Nacional de Drogas quiere trabajar más cerca de la Policía Nacional en el combate contra grupos locales que comercializan droga.
La Junta Nacional de Drogas (JND) presentó este mes su estrategia nacional para 2026-2030, un documento que reúne distintas políticas del organismo basadas en su misión de prevención, tratamiento, gestión de riesgos, reducción de daños, atención y modelos regulatorios.
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La estrategia, sin embargo, también incluye un carácter más novedoso y más ejecutivo para la JND, que busca darle mayor rol ante el mercado ilícito de drogas y el lavado de activos. Las medidas van en línea con el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, un organismo lanzado en mayo del año pasado para coordinar políticas públicas contra el crimen organizado y el narcotráfico, que reúne a las entidades estatales que ya tienen competencia en la materia.
Ese sistema fue impulsado por Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia y quien, en ese cargo, también lidera la Junta Nacional de Drogas. El sistema está integrado por instituciones relacionadas a la seguridad del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Estos organismos también son mencionados en la nueva estrategia de la JND. En concreto, el documento llama a promover la “planificación operativa coordinada y el abordaje estructural del crimen organizado con presencia permanente de la Junta Nacional de Drogas”, que estará encargada de la articulación interinstitucional para “orientar los recursos hacia el desmantelamiento de redes criminales complejas” y así evitar “enfoques fragmentados o reactivos”.
Se trata de un punto sensible para organismos de seguridad como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, cuyas unidades enfrentan dificultades para intercambiar información, no solo entre ambos ministerios, sino también dentro de cada uno. Entre las razones figuran la necesidad de preservar la confidencialidad y la reserva de la información, la desconfianza entre dependencias y, en algunos casos, la ausencia de normas claras que otorguen seguridad jurídica y administrativa a ese intercambio.
En ese sentido, la estrategia de la JND pretende articular “investigaciones profundas que involucren interceptación de comunicaciones, seguimientos y acciones de inteligencia”, específicamente dirigidas para detener a “líderes de cárteles” y desmantelar redes de tráfico de drogas nacionales e internacionales, clanes familiares locales y organizaciones criminales más estructuradas.
Respecto a las investigaciones, el documento propone crear un plan de alta dedicación para formar personal especializado y calificado, con equipamiento adecuado para enfrentar las redes del mercado ilícito de drogas, “que utilizan cada vez métodos más sofisticados”. Además de buscar la profesionalización, un mejor desempeño y el incentivo de funcionarios públicos dedicados en investigaciones en distintas fuerzas de seguridad del Estado, el plan apunta a evitar la corrupción al disminuir su “posibilidad de captación por parte de las organizaciones criminales mediante sobornos y amenazas”.
En el plano operativo, la estrategia de la Junta Nacional de Drogas plantea reforzar las acciones de seguridad en fronteras mediante la implementación de nuevas medidas destinadas a prevenir el tráfico ilícito a través de los pasos terrestres, fluviales y aéreos. Esto implica intensificar los patrullajes, con especial atención en las zonas más vulnerables, como las fronteras secas y el río Uruguay, mediante el uso de tecnologías como drones y sistemas de monitoreo.
Otra de las medidas apunta a mejorar las capacidades para detectar el tráfico de drogas en entornos digitales. Esto incluye el desarrollo de herramientas para monitorear actividades ilícitas en la darknet, que es un conjunto de redes privadas diseñadas para ofrecer anonimato y a las que no se accede mediante buscadores convencionales. Dentro de ese entorno funciona la dark web, que es el sector donde operan sitios y plataformas específicas, incluidos mercados ilegales en los que se comercializan drogas. Estas plataformas suelen utilizar sistemas de cifrado, servicios de ocultamiento de identidad y pagos en criptomonedas, lo que complica la identificación de vendedores y compradores.
Por último, para la JND deben mejorarse los mecanismos de control del desvío de precursores químicos, es decir, sustancias de uso legal en la industria, la medicina o la investigación que son utilizadas como insumos para la fabricación ilícita de drogas sintéticas como estimulantes (anfetaminas, metanfetamina o MDMA), opioides sintéticos (como el fentanilo) o cannabinoides sintéticos, entre otros. Para ello, la junta prevé la modernización normativa, el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y la articulación operativa entre aduanas, laboratorios, servicios logísticos, cuerpos especializados de la Policía Nacional y el sistema de Justicia.
Los bienes del narcotráfico
Una de las herramientas más importantes que maneja la JND es el Fondo de Bienes Decomisados, un mecanismo que reúne todo lo que el Estado le quita a quienes son procesados por narcotráfico o lavado de activos: dinero, bienes, vehículos y cualquier ganancia obtenida de esos delitos, además de las multas que se cobran en esos casos.
La JND tiene la titularidad de esos bienes y decide qué hacer con ellos: puede quedárselos para uso oficial, transferirlos a organismos públicos que participaron en su incautación o donarlos a instituciones que trabajan en prevención, tratamiento o rehabilitación de personas con problemas de consumo.
Hacia 2030, la Junta Nacional de Drogas busca evitar problemas en la gestión de ese fondo, garantizando que los bienes incautados y los recursos obtenidos de su liquidación en causas vinculadas al tráfico de drogas y delitos conexos sean administrados de forma transparente, eficiente y con criterios de trazabilidad. La propuesta apunta a asegurar que esos fondos no se diluyan en el circuito general del presupuesto, sino que se reinviertan de manera sostenible en políticas de prevención, tratamiento, reducción de daños y fortalecimiento institucional, con impacto directo en las comunidades más afectadas por el narcotráfico.
Este énfasis en la mejora del sistema responde a dificultades históricas en su funcionamiento, vinculadas principalmente a la implementación y coordinación entre organismos. Entre los principales problemas identificados se encuentran la falta de información oportuna y homogénea entre las instituciones intervinientes —como Policía, Fiscalía, Aduanas y el Poder Judicial—, lo que puede generar demoras en la identificación y control de los bienes incautados.
