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Lejos de las próximas elecciones, una iniciativa del Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones para optimizar la transparencia y profesionalización en la designación de jerarcas merece ser considerada
Julio Lestido es, además de presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, portador de un nombre con larga tradición empresarial. Según contó recientemente, en la empresa familiar decidieron crear un documento de gobernanza al que llamaron “constitución”, lo que les permitió separar los vínculos familiares de la gestión ejecutiva y profesionalizar el negocio. “Pasamos de ser una empresa familiar a una familia que tiene una empresa”.
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El relato de esa experiencia corporativa lo hizo en el marco de un reciente foro organizado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO), en el que se dio a conocer un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la profesionalización en la designación de jerarcas de entes autonómos, servicios descentralizados y otras entidades donde el Estado tiene participación. Así como en las empresas familiares muchas veces la gestión se ve distorsionada si no están claros los roles e intereses, en el sector público los problemas están a la orden del día si las designaciones por cuota política desplazan las posiciones que deberían ser principalmente técnicas.
La iniciativa de CUGO consiste en una declaración interpretativa del articulo 187 de la Constitución de la República, que regula el procedimiento de selección de miembros de directorios y directores generales no electivos. Su fin es establecer criterios claros y objetivos en el proceso, asegurando que las personas designadas cumplan con condiciones personales, funcionales y técnicas acordes al cargo. El proyecto también busca que estos criterios se apliquen a representantes del Estado en personas públicas no estatales y sociedades comerciales con participación estatal. Asimismo, plantea escalonar la renovación de los directorios, de modo de evitar la sustitución total al inicio de cada período de gobierno, con lo cual se pretende preservar la memoria institucional en esos ámbitos.
La propuesta refiere a un ámbito del Estado uruguayo nada despreciable por su influencia económica y abarca a nueve entes autónomos —incluyendo algunas de las empresas más grandes del país, como Ancap, UTE y el Banco República—, siete servicios descentralizados, además de la Dirección General de Casinos, una unidad ejecutora del Ministerio de Economía con un régimen presupuestal propio de los entes del dominio comercial e industrial estatal. Se trata de jugadores relevantes que, en varios casos, con sus tarifas inciden de manera determinante en los costos de vida y de producción.
Como ocurre tras cada cambio de gobierno, los cargos de dirección son motivo de negociaciones a la interna del partido ganador y también con los de la oposición, que tiene sus propios representantes designados con una saludable función de contralor al oficialismo. Los nombramientos en general recaen en personas calificadas, pero otras veces el reparto tiene más que ver con las lógicas partidarias que de la buena gestión pública. Esa etapa ya pasó. Ahora que el país está lejos de las próximas elecciones, sería oportuno que el sistema político ponga en consideración estos temas.
Sin embargo, por fuera de esta iniciativa surgida del ámbito privado, que tiene como antecedente un documento promovido hace algunos años desde el Ceres por el hoy presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, propiciar cambios profundos en la gobernanza de entes y servicios descentralizados no parece ser, otra vez, importante para las actuales autoridades. Al menos, no está explicitado entre las 63 prioridades anunciadas en la última campaña electoral que los guían ni se menciona en el discurso público de los gobernantes.
En las empresas familiares, los problemas de gestión lo son para sus dueños. Las ineficiencias en el Estado las paga toda la sociedad. El sistema político nunca debería perder eso de vista.
