El rol de las empresas públicas
Ambos documentos resaltan la importancia de las empresas públicas. Estas cumplen un “rol fundamental en la economía del país y en el desarrollo nacional”, señala la OPP. En ese sentido, el “impacto” que tienen en el “crecimiento económico, la infraestructura, la inclusión y la sostenibilidad refuerza” la relevancia de contar con una “planificación estratégica y presupuestal alineada con los objetivos nacionales de desarrollo”.
El documento más largo plantea que “resulta redundante destacar el peso del sector público empresarial en el Producto Bruto Interno uruguayo; la participación en exclusividad en determinados sectores de la actividad nacional (trasmisión y distribución de energía eléctrica; combustibles; agua potable y saneamiento) o en su caso la prestación de servicios de carácter estratégico (portuarios, de transporte, telecomunicaciones y financieros) y la importancia cualitativa de una más eficiente gestión a nivel global”.
Agrega que, “adicionalmente, la mayoría de las empresas públicas se ven enfrentadas cada vez más a un mercado desmonopolizado e interactuando con empresas privadas, ya sea en régimen de concesión o en competencia abierta, lo que las obliga a una gestión eficiente a fin de no perder mercados o reducir la aceptación por parte de sus clientes”.
Planes
El instructivo ordena a los entes incorporar como un primer capítulo de sus iniciativas presupuestales para 2025 y 2026 un “Plan Estratégico de Mediano Plazo de la Empresa”, acompañado del “Plan Operativo” para cada uno de esos años. Deben tener indicadores y metas enmarcadas en la “situación esperada del sector” en el que actúan.
Compromisos
“Como elemento innovador” respecto al pasado, el instructivo señala que se dará “especial jerarquía al esquema de compromisos de gestión que cada empresa deberá asumir y presentar ante el Poder Ejecutivo, buscando que ocupen un lugar de vital relevancia tanto para la orientación de las acciones de la empresa como para su evaluación”.
Enfatiza que “se procurará revalorizar su importancia asociando” el cumplimiento de esos compromisos con “nuevas posibilidades en el uso de los recursos por parte de las empresas (vacantes, gastos, inversiones), incentivando una gestión más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos”. En concreto —avanza el documento de la OPP—, cumplir con lo comprometido con el Poder Ejecutivo para 2025 “se podrá traducir en habilitaciones de partidas condicionadas a resultados en la ejecución presupuestal 2026 y en consideraciones especiales en el cumplimiento de los lineamientos impartidos por esta oficina para la elaboración de la iniciativa presupuestal 2027”.
Los compromisos de gestión deben ser un capítulo específico dentro de la iniciativa presupuestal; “expresarán la voluntad inequívoca” de las empresas públicas en “la mejora de su gestión y el logro de las principales metas del Plan Estratégico”, enuncia el instructivo.
Estos compromisos deben referir a la dimensión financiera, de eficiencia y de “eficacia/resultados”, en cada caso con el respectivo indicador y la meta anual. Deben ser valores “cumplibles pero desafiantes”. Los entes y los servicios descentralizados deberán remitir a la OPP, en julio y enero de cada año, el grado de cumplimiento correspondiente al semestre inmediato anterior, incluyendo un “detalle explicativo” también para los “desvíos”.
Tarifas
La OPP “espera que las tarifas se ajusten por un nivel que no supere el ajuste paramétrico de costos” y que las empresas que “perciban o requieran apoyos financieros del gobierno central (especialmente por el concepto de subsidios de Rentas Generales) lo hagan a un monto” de hasta “el valor efectivamente percibido en 2024 a mismo nivel de precios”.
Personal
Al inicio de su gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou decretó que "sólo podrán ocuparse un tercio" de las vacantes de funcionarios -salvo personal docente, profesional técnico y especializado de la salud y policías abocados directamente a la seguridad-; para los entes, esta restricción buscando bajar el déficit fiscal tuvo carácter de exhortación.
El nuevo Poder Ejecutivo transforma para las empresas públicas aquella disposición conocida como el "uno por tres".
El instructivo dispone la eliminación del 25% de las vacantes que se generen en todo el 2025 y el 2026. Eso no regirá para las empresas que alcancen un cumplimiento mayor al 85% de sus compromisos de gestión del año; en ese caso, podrán cubrir la totalidad de las vacantes en su plantilla.
En ciertas circunstancias “se aceptarán cumplimientos parciales para indicadores que alcancen al menos un 75% del valor acordado” en el compromiso, acotan las directivas de la OPP.
Los entes o servicios descentralizados que tengan actualmente vacantes “excepcionadas de la aplicación general y/o acuerdos sobre dotaciones mínimas para sectores críticos o red de distribución, así como plantillas generales objetivo, en caso de que entiendan necesario” mantenerlas, “deberán justificar su pertinencia” ante la oficina de Presidencia de la República que dirige Rodrigo Arim.
Únicamente en casos donde los llamados internos se encuentren iniciados al 31 de diciembre de 2025 o de 2026, según corresponda, las empresas que entiendan necesario conservar las vacantes de ascenso podrán hacerlo en la medida que eliminen las vacantes del último grado, disminuyendo en consecuencia las partidas presupuestales o, en su caso, las correspondientes a los contratados de función pública u otras relaciones funcionales.
Asimismo, el importe en pesos destinado este año y el próximo a contratos a término, becarios, pasantes y arrendamientos de obra no podrá superar el menor monto entre lo presupuestado y lo ejecutado en 2024, a igual nivel de precios.
Para las horas extra, además del requisito de cumplir con diversas normas vigentes, el instructivo establece que las iniciativas presupuestales de los entes no pueden incluir un valor superior al menor monto entre lo presupuestado y lo ejecutado en 2024, a igual nivel de precios.
Retiros y reestructuras
La OPP dispone que “no se aceptarán nuevos regímenes de retiros incentivados o extensiones de vigencia de los existentes”. Tampoco se aprobarán nuevas reestructuras, salvo que estas “impliquen disminución de costos” o se ajusten a lo dispuesto en la Ley 19.924 y normas relacionadas.
Personal de confianza
El instructivo “insta a que el importe a presupuestar” como personal de confianza de los directorios no exceda el 85% del tope dispuesto por la ley, a igual nivel de precios.
Bienes y servicios
Para el ejercicio en curso, la OPP “solicita un ahorro del 1% respecto al menor entre el monto presupuestado y ejecutado el 2024 a igual nivel de precios sobre el total de gastos discrecionales y un 1% adicional” para el 2026.
Frente al pago de condenas o sentencias judiciales, las empresas tendrán que compensar esos importes con una menor ejecución en “bienes y servicios”.
Las empresas públicas no pueden incluir un valor superior al menor monto entre lo presupuestado y lo ejecutado en 2024, a igual nivel de precios, para el rubro de publicidad y propaganda.
Inversiones
El instructivo exige la presentación de un plan quinquenal (2025-2029) de inversiones que esté “en consonancia” con el Plan Estratégico de cada empresa.
La relación entre inversiones e ingresos previstos para este año y el próximo no podrá superar el ratio promedio del período 2020-2024. El mismo tope rige para el plan quinquenal.
Para la iniciativa presupuestal del 2026 se podrán analizar excepciones puntuales que sean justificadas y que dependan de si se cumplió con los compromisos de gestión del año que está en curso.
