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Gobierno electo preocupado por déficit fiscal: asegura que empresas públicas adelantaron impuestos por más de US$ 1.000 millones para reducirlo
El futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo en el Secretariado del Frente Amplio que la operación busca que el déficit de 2024 sea menor al de 2019, e informó que el Estado deberá pagar al menos US$ 100 millones si la próxima administración pretende rescindir el contrato del proyecto Neptuno
Alejandro Sánchez durante una reunión de la futura bancada del Frente Amplio, el 20 de enero.
“Ellos decían que iban a entregar el gobierno con una situación y nosotros nos imaginamos algo mucho peor, pero esto está siendo aún peor de lo que imaginamos”. Así describió una fuente del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio el estado de las arcas públicas, luego de un informe que presentó el lunes 27 el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a representantes de los sectores y las bases del Frente Amplio.
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Sánchez, una figura que ha tomado tanto protagonismo como el presidente electo Yamandú Orsi, dio detalles sobre el proceso de transición con el actual gobierno y advirtió sobre la delicada situación fiscal con la que el Frente Amplio se encontrará el 1º de marzo. En el futuro equipo económico ya manejaban información sobre que la actual administración retocaría los números finales de 2024 adelantando el pago de impuestos de 2025 por parte de las empresas públicas. Pero Sánchez afirmó que incluso este adelanto está siendo mayor a lo previsto.
Mientras las futuras autoridades preveían que estuviera en el entorno de los US$ 400 millones, hoy estiman que el monto anticipado supera los US$ 1.000 millones, relataron a Búsqueda fuentes políticas que participaron en el encuentro.
Según dijo el futuro secretario de Presidencia en el Secretariado, los anticipos tributarios por parte de los entes permitirían que el gobierno saliente muestre una cifra de déficit fiscal inferior a la que presentó la pasada administración del Frente Amplio en 2019, el último año completo de ese período. A fin de diciembre de 2019 las cuentas públicas cerraron con un resultado negativo equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) o 3,5% si se incluyen los ingresos extraordinarios por la llamada “ley de cincuentones”.
De acuerdo con los datos informados por el Ministerio de Economía, en los 12 meses cerrados a noviembre de 2024 el déficit del sector público se ubicó en 4,1% del PIB y en 4,2% sin considerar los ingresos extraordinarios recibidos por el Banco de Previsión Social por los trabajadores que hicieron uso de la posibilidad dada por la “ley de cincuentones” de desafiliarse de las AFAP, que más adelante se transformarán en un egreso.
El martes 21, durante la presentación de su equipo, el futuro titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo que durante el actual período de gobierno sería necesario realizar una “consolidación fiscal” (término utilizado por el exministro de Economía Danilo Astori para hacer un ajuste fiscal en 2016), aunque aseguró que no existía una “urgencia extraordinaria”.
En el cronograma de la bancada de Senadores del Frente Amplio se incluye como uno de los hitos de este 2025 la aprobación de la Rendición de Cuentas de 2024. Es una situación atípica que suele darse en cada primer año de gobierno, especialmente cuando hay un cambio de color político respecto a la administración anterior. Si bien se estila aprobar la Rendición de Cuentas del gobierno anterior (en la medida que ni su aprobación ni su rechazo tienen consecuencias prácticas), en 2020 la bancada de la coalición innovó agregando un segundo artículo que aclaraba que la aprobación de la rendición no implicaba “aval ni validación de la gestión reflejada en la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, cuya gestión y resultados se rechazan y condenan”. Ahora, en algunos sectores de la izquierda comienza a darse el debate sobre la pertinencia de no aprobar la futura rendición. “No es descabellado”, resumió un participante de la reunión del Secretariado.
Este comprometido panorama fiscal, detalló Sánchez en el encuentro, se suma a reiterados atrasos en el pago a proveedores, como los que se dieron a conocer en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, donde el gobierno electo pidió a las autoridades salientes más información.
Arazatí y las dificultades en la vuelta atrás
Durante su exposición, Sánchez también dio algunos detalles sobre la firma del contrato que concretó el gobierno saliente con el Consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante el proyecto Neptuno, que prevé la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, para tomar agua del Río de la Plata y reforzar el abastecimiento de la zona metropolitana.
Si bien el Frente Amplio ha tenido una postura crítica con la iniciativa, el futuro secretario de Presidencia advirtió que desandar lo acordado el jueves 23 de forma unilateral sería bastante complejo. Por ejemplo, solo por la rescisión del contrato, el Estado estaría obligado a pagar US$ 100 millones, sin tener en cuenta eventuales juicios por lucro cesante y otros litigios internacionales.
Como una manera de resaltar el rechazo a la iniciativa, el Secretariado comenzó a esbozar una declaración política sobre el proyecto Arazatí que luego fue “enriquecida” por la Mesa Política del Frente Amplio, explicaron fuentes de ambos encuentros. “OSE es una empresa pública que se financia a través de su tarifa, sus ingresos rondan los 550 millones de dólares. El costo total estimado del proyecto estaría entre 900 y 1.000 millones de dólares, en pagos anuales durante 17,5 años. A esto se suman los compromisos asumidos en préstamos por saneamiento de más de 400 millones de dólares. El proyecto deja a la empresa pública sin capacidad para enfrentar futuras inversiones que son fundamentales para el país en los 19 departamentos”, dice parte de la declaración del Frente, que le encomienda a los próximos jerarcas a actuar “con firmeza frente al daño que el contrato genera”.