Los impuestos y la “moral”

En esta primera entrega del año de Detrás de los números expongo algunos datos acerca de la “presión fiscal”, nuestra “moral” como contribuyentes y el gasto público, rondando un tema que fue uno de los hits del 2025 y del último verano: los tributos.

Los primeros tributos del actual Uruguay estuvieron asociados a la actividad mercantil y la incipiente urbanización. Los principales hacia el año 1825 en la Provincia Oriental eran “abasto”, “tablada”, “corrales”, “sellos”, “puertas”, “ventanas”, “patente de giro”, “serenos”, “faros” y “alumbrado”, que por entonces sustituyeron a impuestos coloniales, como el “diezmo” y la “alcabala”. La Receptoría General hacía la tarea que, pasados dos siglos, ejecuta la DGI con mucha más tecnología, según algunos, orwelliana.

Actualmente, por hablar solo del gobierno nacional (los departamentales tienen los suyos, como la controversial patente vehicular recaudada a través del Sucive), su financiamiento presupuestal incluye más de 200 fuentes de ingresos, incluidos tasas, multas, peajes, timbres, canon a concesionarios, venta de formularios, guías, pliegos, precintos para cargas, arrendamientos diversos, intereses financieros, sobrantes de caja, aciertos no cobrados por apostadores y utilidades de las empresas públicas. Pero los fondos más importantes provienen de los impuestos.

En todo 2025, las empresas y las personas pagamos a la DGI un monto que, convertido a dólares para ayudar a dimensionar un número largo, fueron unos US$ 14.600 millones: un 48% por IVA (que grava el consumo), otro 18% por IRPF (impuesto a los ingresos del trabajo y de capital de los individuos), 13% por IRAE (a las ganancias empresariales), y un 8% por Imesi (a la compra de combustibles, algunas bebidas y cigarrillos, por ejemplo), por mencionar los principales.

Expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB o PBI), esa recaudación anual significó aproximadamente un 18%. Esa es nuestra “presión” de los impuestos colectados por la DGI. Considerando otros tributos, como los aduaneros, los departamentales y las contribuciones a la seguridad social, en los últimos años la carga fiscal total estuvo en el orden del 27% del PIB.

Nuestra presión impositiva es alta respecto de otros países de América Latina (tenemos, también, un sistema de protección social más amplio que el promedio de la región), pero no tanto si nos comparamos con las economías desarrolladas en general.

El 2026 empezó con algunas innovaciones impositivas —por ejemplo, el nuevo Presupuesto creó la adaptación uruguaya del impuesto mínimo global a las multinacionales— y durante el año seguiremos escuchando hablar de tributos, tanto por la propuesta del “impuesto al 1%” más rico de la población —al que aludí en esta anterior entrega de la newsletter— como por los cambios al sistema jubilatorio y de protección que decantarán a partir del Diálogo Social convocado por el gobierno.

Nosotros y los impuestos

La DGI estima que la evasión del IVA ronda el 20% y la del IRAE supera el 40%. Sus autoridades han explicitado que quieren bajar esas cifras; la estrategia fue explicada por el director de Rentas en esta entrevista que le hice el año pasado para Búsqueda.

¿Cómo es nuestro comportamiento frente al fisco? Encuestas que Equipos Consultores hace para esa oficina recaudadora dan pistas sobre lo que se conoce como la “moral” tributaria de los uruguayos. La última publicada es del 2022.

Desde el 2016 se ha mantenido en torno a ocho de cada 10 la proporción de quienes dicen que evadir está mal.

Otra pregunta —“¿cuánto se justificaría evadir impuestos?” en una escala de 1 (nunca) y 10 (siempre)— relativiza un poco ese porcentaje. Más de la mitad (54%) señaló respuestas entre 1 y 4, por lo que deploran de manera más o menos categórica el no pago de tributos. Otro 22% tuvo una postura ambigua —5 y 6—, en tanto que un 17% dio contestaciones de 7 a 10, justificando en menor o mayor grado evadir; el resto no opinó.

Ante la interrogante de “¿por qué cree que la gente deja de pagar impuestos?”, la razón ampliamente más mencionada fue porque “son muy altos”. Después apareció el argumento de la “viveza” o “falta de honradez” y, menos, otros como que el contribuyente “no ve el beneficio de pagar impuestos”, “porque los que tiene más no pagan”, “porque se malgastan” los recursos públicos o debido a que “hay corrupción”.

¿Los impuestos son muy altos? En un país caro en general para producir y vivir como es Uruguay, es posible que se perciban así.

Las tasas medias efectivas para un conjunto de gravámenes estimadas en el estudio Estructura tributaria en Uruguay: las fuentes de financiamiento del Estado y su efecto redistributivo, publicado en 2025 por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, muestran que los hogares más “pobres” tributan en torno a 17% de su ingreso, para aquellos de ingreso medio significan algo menos de 14%, y para los más “ricos” son un 19%.

Otra investigación, publicada este verano también por el Iecon, indaga por qué algunos uruguayos evaden y otros no; se titula What makes a tax evader?

Cruzando información enmascarada (sin individualizar a nadie) de los formularios de declaración que, por un lado, presentan a la DGI los contribuyentes de IRPF por sus rentas del trabajo y, por otro, las empresas empleadoras por sus nóminas, y usando otras técnicas de investigación, el estudio constató que las “preferencias sociales” (por ejemplo, la honestidad medida a través de “juegos de laboratorio”) tienen escaso poder predictivo de la evasión, mientras que los “factores económicos” (como la tasa marginal de un impuesto) son más relevantes, aunque el “comportamiento de los pares” (de compañeros de trabajo actuales y pasados) es el predictor más fuerte. Llamativo, ¿no?

Los autores dejan planteada como línea de análisis a futuro si ese hallazgo refleja una relación causal y, de ser así, a través de qué mecanismos: “¿Discuten sus estrategias de evasión de manera informal (por ejemplo, junto al dispensador de agua), o el comportamiento se deriva de las acciones o recomendaciones de los contables o del personal de Recursos Humanos de la empresa?”.

¿Me están estafando?

Sostener el funcionamiento del sector público —el total de gastos corrientes e inversiones— implica en torno a un 35% del PIB. Cuánto debe ser el gasto y el tamaño del Estado es un debate inevitablemente sesgado por las preferencias ideológicas de cada uno.

Con su mirada de “liberal de izquierda”, primero en el Parlamento cuando fue a defender recientes cambios al cálculo del Fonasa, y después en esta entrevista que le hicimos en enero con Guillermo Draper para Búsqueda, el ministro de Economía criticó que se diga que los impuestos sean “mala palabra” o “algo horrible”. Gabriel Oddone opina que ese enfoque forma parte de un “debate público de mala calidad sobre temas tributarios (...). Porque la lógica de hablar todo el tiempo mal de los impuestos conduce a que los ciudadanos crean que están siendo estafados, por un lado, y a que, por otro lado, habría buenas condiciones para no pagar esos impuestos. Esto mina el régimen de convivencia”.

En la misma entrevista —apenas dos “chizitos” antes—, el ministro reconoció que “hay millones de cosas para hacer” para “aumentar la eficiencia del sector público y de gastar menos en muchas cosas”.

La investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos ya tiene algunos años —se publicó en el 2018, con datos de años anteriores—, pero es valiosa por su profundidad analítica y la comparabilidad con otros países.

Para Uruguay, el BID estimó que el “derroche” en las compras estatales, en gasto salarial por los empleados públicos (calculado como la brecha respecto del sector privado) y en transferencias sociales asignadas de manera ineficiente equivalía a 3,7% del PIB. Para la región en promedio, el cálculo fue de un 4,4%, con Argentina y Chile como extremos.

Graf. BIDGasto

El estudio sentencia que corregir estas ineficiencias “sería más que suficiente para eliminar la brecha de la extrema pobreza e incluso para disminuir la pobreza moderada en numerosos países” latinoamericanos y caribeños. O bien, los ahorros se podrían utilizar para construir 1.225 hospitales con 200 camas (unos 47 hospitales más al año en cada uno de los 26 países).

En la misma línea, otro documento del BID, preparatorio de un préstamo al gobierno ahora en fase de implementación, fue inusualmente crudo al señalar problemas en la gestión fiscal uruguaya. La síntesis que hice en octubre pasado en Búsqueda la podés leer acá.

Estoy bastante de acuerdo con las dos afirmaciones hechas por el ministro Oddone. Como contribuyente, quiero pagar los tributos que, por decisión democrática, me corresponden. Pero siento que el Estado abusa de mí cuando gasta con ineficiencia, ya sea en grandes compras e inversiones o al permitir ese pequeño goteo de recursos desperdiciados por falta de planificación, de evaluación de resultados o por simple desidia de funcionarios y responsables políticos. Así como se pretende de nosotros “moral” tributaria, los ciudadanos tenemos el derecho —la obligación— de exigir “moral” en el uso de la plata de nuestros impuestos.

Antes de despedirme hasta el último lunes de marzo —la newsletter pasó a tener una frecuencia mensual, porque no me dan las manos—, te recomiendo lectura de Búsqueda, que complementa mi perorata anterior: esta columna de Adolfo Fito Garcé en la que reclama “resultados contantes y sonantes” al sistema político y a la democracia.

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