Este mes legisladoras se reunieron con representantes de la ONG Iniciativas Sanitarias, que en abril publicó un informe con recomendaciones sobre la ley, para discutir el tema, y prevén continuar con las instancias de intercambio con la sociedad civil.
Los aspectos centrales que se analizan modificar son ampliar el plazo para abortar de 12 a 14 semanas —hoy la norma ya habilita hasta 14 semanas para los casos de violación—, suprimir los cinco días de reflexión obligatorios y eliminar la exclusión de las migrantes con menos de un año de residencia en el país.
Desde que se aprobó la ley 18.987 se realizaron en Uruguay unos 10.000 abortos en promedio por año.
Un debate que polariza, en un contexto hostil
“El Frente Amplio tiene en agenda mejorar la ley”, dijo a Búsqueda la diputada del Movimiento de Participación Popular Margarita Libschitz, que integra el grupo de trabajo de la bancada bicameral de mujeres oficialista que estudia la revisión de la norma. “La idea es impulsar el debate” no solo en el Parlamento, sino “también en la sociedad”, dijo.
“En 2012 se hizo lo que se pudo con la realidad política que había. Hoy la realidad no es mejor, pero el sistema político entendió que la sociedad lo apoyaba, y los estudios de opinión muestran que el respaldo sigue siendo fuerte”, afirmó. Por otra parte, reconoció que hoy “hay otras prioridades” en la sociedad, y por eso dijo que las legisladoras oficialistas quieren poner el tema en agenda para discutirlo. Señaló que también hay que debatir cuáles son los aspectos a mejorar de la norma, ya que no todas las legisladoras “tienen las mismas preocupaciones”.
Diputada Margarita Libschitz
MPP
Libschitz resaltó como prioritario quitar la exclusión de las mujeres migrantes con menos de un año en el país, y opinó que es un punto en el que podría ser más “sencillo” conseguir acuerdos con la oposición. Mencionó también el período de “reflexión” que mandata la ley como un aspecto a revisar, al igual que la extensión del plazo. “Quizás no logramos una ley que modifique todo, pero hay compañeros con los que podemos conversar, punto por punto, y conseguir acuerdos”.
La diputada dijo que en parte del oficialismo y la sociedad civil creen que no es oportuno abrir el debate porque hay un “riesgo de retroceso”. A su juicio, ese miedo es infundado: “Si no damos los votos, no va a haber un retroceso, porque la oposición tampoco tiene mayoría”. Y aunque reconoció que los “discursos regresivos contra las mujeres están más potentes que 14 años atrás”, opinó que hay que hacer el esfuerzo de “conversar”.
“Está en la agenda de la bancada, el tema es la oportunidad y el momento”, dijo por su parte la senadora suplente por el Espacio 1001 Lilián Abracinskas a Búsqueda. Porque “no tenés el contexto parlamentario idóneo” y hay que ser “realista” respecto a los consensos que se pueden conseguir, “sabiendo que es un debate polarizado”.
De todas formas, la legisladora y activista feminista, fundadora de la ONG Mysu, opinó que eso no puede “paralizar”. Porque “no hacer nada también tiene consecuencias”, en particular para las mujeres “más vulnerables”, que tienen menos posibilidades de acceso, resaltó. “Hoy tenemos la evidencia que nos da haber implementado la ley durante 13 años. Hay hipótesis, que se dijeron en su momento, que se demostraron equivocadas. Entonces el instrumento debería corregirse”, afirmó. Aunque expresó temor por la calidad del debate que se pueda lograr en un tema que provoca mucho rechazo en la “derecha y la ultraderecha”.
Señaló como ejemplo que la norma prevé días de reflexión y la consulta con un equipo multidisciplinario, y quienes defendieron esas etapas planteaban que las mujeres podían cambiar de opinión, algo que hoy las cifras demostraron equivocado, ya que más del 95% de quienes inician el proceso lo finalizan.
Abracinskas también señaló que una ley que fue “de vanguardia” en su momento hoy quedó “rezagada” ante el avance de otros países. A su juicio, 2027 sería un buen momento para darle impulso.
Posición favorable en el MSP
“Vamos a evaluar todas las barreras de acceso que estamos viendo, con las inequidades que eso genera. Son decisiones que van a requerir mucho diálogo”, dijo Lustemberg, en entrevista con Búsqueda poco antes de asumir el cargo, consultada sobre la ley. Añadió que “en lo personal” estaba de acuerdo con ampliar el plazo de despenalización del aborto, pero que quería “tener toda la evaluación de quienes tienen toda la información, estudiar y conversar mucho políticamente”.
En entrevista con Canal 4 en febrero, Briozzo mencionó como aspectos a mejorar de la norma los plazos legales, la exclusión de las migrantes y el período de reflexión. Briozzo incluso se ha expresado a favor de ir hacia una legislación como la francesa, que consagró el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución.
Viceministro de Salud, Leonel Briozzo
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Con la llegada de las nuevas autoridades al MSP en 2025, se reanudaron las reuniones de la comisión asesora en derechos sexuales y reproductivos, integrada por representantes de la sociedad civil y la academia, que tiene en su agenda de trabajo la revisión de la ley.
Barreras que limitan el acceso
En abril la asociación Iniciativas Sanitarias difundió el estudio “Justicia reproductiva en agenda: hacia una ampliación del derecho a la IVE en Uruguay”, que concluye que la evidencia sobre la implementación de la ley “muestra la persistencia de barreras legales, administrativas y territoriales que limitan el acceso efectivo” a la interrupción del embarazo, “especialmente para poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”.
A partir de este diagnóstico, recomienda un conjunto de medidas prioritarias, como la eliminación de las restricciones de acceso para mujeres migrantes, la ampliación del plazo general a 14 semanas, y la flexibilización del carácter obligatorio del equipo interdisciplinario y del período de espera.
También propone avanzar en reformas reglamentarias inmediatas, como la actualización del manual de procedimientos y la incorporación de la telemedicina como modalidad de atención.
Militante por el aborto legal.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
La politóloga Lucía van Velthoven, directora de proyectos de la asociación, dijo que el estudio buscó hacer un diagnóstico de lo que ocurrió en los últimos 10 años para identificar los elementos más prioritarios a mejorar. Incluye un análisis comparado de otros países que despenalizaron el aborto y cómo avanzaron en los últimos años ante el rezago de Uruguay.
Explicó, por ejemplo, que las demoras en la atención, a veces por falta de especialistas dispuestos a realizar abortos en el interior del país o por la dificultad de reunir al equipo interdisciplinario que debe intervenir en forma simultánea, provocan que el plazo de 12 semanas sea insuficiente.
Por otra parte, planteó que para la organización la intervención del equipo interdisciplinario es positiva y es “una fortaleza del modelo uruguayo”, pero no debe ser obligatoria.
La politóloga se refirió a las “dudas” que existen entre los parlamentarios sobre el “contexto y el momento político”, y sostuvo que los sondeos de opinión pública muestran que el apoyo de la población uruguaya ha ido siempre en ascenso. “El lugar del debate tiene que ser el Poder Legislativo. Porque se trata de corregir una inequidad de la norma. Y, más allá de los votos y del resultado, es necesario que el tema se posicione en la agenda pública”, planteó.
+ 
