Abortos legales tuvieron un “crecimiento sostenido” en el último quinquenio

“El número de abortos legales refleja la magnitud de una necesidad en salud reproductiva que, antes de la reforma legal, en la gran mayoría de los casos se realizaba de manera ilegal, exponiendo a las personas a riesgos significativos para su salud, vida y seguridad”, indica el observatorio en un informe de balance sobre el último período de gobierno que recoge cifras oficiales y de elaboración propia a partir de pedidos de acceso a la información pública.

Cifras de cesáreas son cuatro veces más altas de las recomendadas por la OMS

Los datos recopilados por el observatorio muestran que en el último quinquenio los nacimientos tuvieron una caída de 16% (pasaron de 35.874 en 2020 a 29.899 en 2024). Algunas de las causas de esto son la extensión del acceso a los anticonceptivos, que hoy llegan a más sectores de la población, incluyendo a jóvenes y adolescentes, y también la postergación de la maternidad en ciertos sectores, en línea con un fenómeno mundial. Según el observatorio, “el peso de las tareas de cuidado no distribuidas de forma equitativa y delegadas mayoritariamente en las mujeres impacta en las decisiones reproductivas”, por lo que “garantizar un sistema de cuidados potente podría favorecer una cierta reversión en la caída de la fecundidad a futuro”, aunque “no modificaría sustantivamente la tendencia”.

Otro fenómeno que resalta el estudio es el alto porcentaje de nacimientos por cesáreas (49% del total) que se producen en Uruguay. Este porcentaje está muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja un máximo de 15%. Si bien el alto porcentaje se registra en todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, “hay un número aún mayor en el subsector privado (tanto en las mutualistas como en los seguros privados)”, subraya el reporte. “Salvo mínimas variaciones, la cifra aumenta año a año”, añade.

En la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) el porcentaje de nacimientos por cesárea fue de 43% sobre el total, mientras que en las mutualistas y los seguros privados rondó el 60%, cuatro veces más de lo aconsejado por la OMS.

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, el estudio resalta la escasa diferencia (5%) entre el número de consultas realizadas para realizarse una IVE y los procedimientos efectivamente concretados. Es decir que la gran mayoría de las mujeres que inician el procedimiento lo culminan. “La información evidencia que ante un embarazo no intencional la amplia mayoría ya adoptó la decisión cuando inicia el tránsito del proceso legal”, indica el informe.

La mayoría de los abortos se realizan por propia voluntad de la mujer (95%). Del total de abortos practicados en el quinquenio (52.667), 27 fueron por violación, nueve por riesgo de salud de la mujer y 33 por anomalías fetales incompatibles con la vida; el resto (52.453) fueron por decisión de la mujer o persona gestante. Para Mysu es llamativa la baja incidencia de la causal violación, “teniendo en cuenta los altos índices de violencia sexual y de género que se registran en el país”. En ese sentido, sostiene que el plazo establecido de 14 semanas para esta causal “no es un tiempo suficiente que permita captar todos los casos y, probablemente, muchos se resuelvan antes o fuera del sistema legal”. La exigencia de denuncia policial previa “podría actuar como otro factor obstructor para acudir a esta posibilidad”, añade. A su vez, “los abortos realizados antes de las 12 semanas, aun cuando son por violación, se registran bajo la categoría de ‘propia voluntad’”, indica el estudio, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud Pública.

Por otra parte, la organización señala que la objeción de conciencia de los profesionales médicos que se niegan a practicar abortos “debería ser mejor regulada” porque “atenta contra la equidad territorial del acceso, especialmente en departamentos con escasa disponibilidad de profesionales”. Además, “la ausencia de registros nominales impide conocer, a cabalidad, el número de profesionales objetores en el sistema y no existe la forma de fiscalizar que la objeción sea en una institución pública pero no en la práctica privada, lo que la ley prohíbe”.

La nueva ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo en entrevista con Búsqueda poco antes de asumir que los derechos sexuales y reproductivos serán una de las prioridades de su gestión y manifestó su intención de revisar la ley de despenalización del aborto para eliminar las barreras de acceso.