Bases subterráneas, “tokenización” de recursos naturales y sobrediagnósticos: los pedidos de información de Identidad Soberana

Por ejemplo, el 6 de mayo de 2025, Nicolle Salle envió pedidos de informes al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Vivienda para preguntar si Uruguay tenía “bases subterráneas, suboceánicas o bajo la superficie de cualquier tipo de cuerpo de agua”, ya sea con “fines militares u otros”. La diputada explicó que la consulta surgía a partir de una entrevista realizada en el podcast estadounidense The Tucker Carlson Show a la exbanquera especialista en inversiones Catherine Austin Fitts, quien dijo que fondos gubernamentales no contabilizados se utilizaron para construir búnkeres e instalaciones subterráneas en el mundo. “El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene conocimiento de la existencia de bases del tipo señalado”, dice la respuesta firmada por la ministra Lucía Etcheverry. Las demás carteras se expresaron en el mismo sentido.

Ese mismo día, Salle cursó un pedido al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para indagar acerca de “aspectos vinculados a la distribución y uso de dispositivos de Plan Ceibal” y también sobre las consecuencias del uso de pantallas en áreas como la concentración, el desarrollo del lenguaje, la motricidad, el relacionamiento social y la salud mental. El ministerio le devolvió una extensa respuesta con informes de Ceibal y del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad que indican que “existen investigaciones que abordan el impacto y los cuidados asociados al uso de pantallas en estudiantes”. Además, mencionó que “se brindan orientaciones específicas a los equipos de dirección y al cuerpo docente”, con miras a “asegurar un uso pedagógico reflexivo, gradual y pertinente de estos recursos tecnológicos”.

Manipulación climática y vacunas

El pasado 16 de julio, Salle remitió un pedido de informes al Ministerio de Defensa sobre “aspectos vinculados a las prácticas de manipulación climática con fines militares o estratégicos”. El cuestionario de unas 16 preguntas incluye consultas acerca de “cuál es el posicionamiento oficial del ministerio ante las prácticas de manipulación climática con fines militares o estratégicos”, o los “protocolos de actuación” ante “denuncias ciudadanas sobre estelas aéreas persistentes o presencia de compuestos metálicos en la atmósfera”.

La respuesta enviada por la ministra Sandra Lazo incluyó tres informes del jefe mayor del Estado de la Defensa, Rodolfo Pereyra, y de las tres fuerzas, donde mayormente niegan cualquier conocimiento en la materia. La respuesta más completa es del subjefe para operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el coronel Williams Veistaras, quien sostiene que si bien “el personal Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea tiene conocimiento respecto a la geoingeniería, modificación climática, siembra de nubes, dispersión de aerosoles en la atmósfera, el mismo no cuenta con formación académica ni expertos” en la materia y su conocimiento “proviene únicamente de medios no académicos y se puede considerar como cultura general”.

El 27 de agosto, Salle envió consultas al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Educación. Preguntó acerca de un llamado promovido por Unicef, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la creación de un laboratorio de ciencias del comportamiento para políticas públicas infantiles. Entre otras cosas, la diputada consultó si “se cuenta con la aprobación o dictamen del Comité de Ética del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay) sobre la posibilidad de aplicar métodos experimentales o de modificación conductual en niños bajo su jurisdicción”.

La respuesta del MEC, con un informe de la Administración Nacional de Educación Pública, sostuvo que ya se habían dado otras “intervenciones” basadas en “ciencias del comportamiento” que “fueron oportunamente analizadas cuidando los aspectos éticos” y “no mereciendo ningún reparo que supusiera una vulneración de los derechos de los actores participantes”.

El Ministerio de Salud Pública ha sido uno de los destinatarios principales de los pedidos de información de Salle, aunque no siempre la diputada tuvo éxito. Por ejemplo, el 22 de mayo consultó acerca del “estado vacunal completo” de todas las personas que participaron en sesiones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas entre 2020 y 2024. Una escueta respuesta de la ministra Cristina Lustemberg negó la información, aduciendo que “no puede ser proporcionada sin el consentimiento expreso y escrito de los titulares de los datos”. Otro pedido remitido el 17 de junio por Salle consultó acerca del sobrediagnóstico, y la respuesta de la cartera fue que la División de Epidemiología “no lleva registro” de este fenómeno.

Los pedidos de informes de la diputada Salle con frecuencia también se remiten a temas de coyuntura. El 5 de mayo, luego de que el diario italiano Il Fatto Quotidiano diera a conocer que la adopción de un niño por parte de la familia del empresario italiano Giuseppe Cipriani había causado polémica tanto en su país como en el INAU, la diputada cursó una solicitud a dicha institución. Como en la sentencia judicial se reconocía que tanto Cipriani como su esposa, Nicole Minetti, coordinaban para que niños del INAU asistieran a su hogar para “aprovechar las instalaciones con esparcimiento y juegos”, la legisladora consultó acerca de cuáles fueron las “actividades recreativas organizadas, autorizadas o avaladas por el instituto en predios de carácter privado pertenecientes a particulares”, bajo qué marco jurídico se realizaron y quiénes las autorizaron.

La diputada fue contactada para este artículo, pero no respondió a las consultas de Búsqueda.