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El exsecretario general de la Intendencia de Paysandú (IDP) Fermín Farinha, quien asumió el sábado 15 su banca como diputado electo por su departamento, fue denunciado penalmente el viernes 14 por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien integra la lista de suplentes del candidato a la comuna por el Frente Amplio, Guillermo Caraballo.
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En el escrito que presentó ante Fiscalía, Álvarez Petraglia asegura que Farinha, además de ejercer como secretario general de la Intendencia de Canelones, fue nombrado asesor del Congreso Nacional de Intendentes en marzo de 2022, y para ello recibió una remuneración de $ 79.480, según se refleja en una resolución del propio congreso. Esto se suma a los $ 151.058 que recibía como secretario general, según consta en una resolución jurada que presentó en 2023.
“Como se comprenderá, desde el día 3 de marzo del 2022 el Sr. Farinha pasó a cobrar dos remuneraciones simultáneamente, de dos órganos públicos distintos, una como secretario general de la IDP y otra como asesor del Congreso Nacional de Intendentes”, dice la denuncia, que recuerda que la Ley 11.923 establece que “ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional, ya de la Municipal, ya de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley”.
Según el denunciante, el hecho de que Farinha no haya denunciado la situación en la que se encontraba puede derivar en una pena de tres a 18 meses de suspensión, de acuerdo con el artículo 164 del Código Penal.
Álvarez Petraglia también señala que mientras Farinha admitió ante un pedido de acceso a la información formulado por el propio abogado el sueldo que recibía del Congreso de Intendentes, omitió mencionarlo en la declaración jurada que presentó en setiembre de 2023 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en la que solo incluyó en sus ingresos su salario como secretario general de la intendencia, además de otro salario de $ 18.754 por ser docente de la Universidad de la República, lo que no está impedido por ley.
“Lo relatado hasta aquí no solo demuestra un acto ilegal por parte del Sr. Farinha de aceptar cobrar dos remuneraciones de órganos públicos diferentes, sino que además al no declarar tal ingreso en su declaración jurada ante la Jutep, ha incurrido en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal”, de “falsificación ideológica por un particular”, dice la denuncia. Además, argumenta que Farinha “no puede alegar desconocimiento o ignorancia de los hechos imputados”, dado que se trata de un “profesional del derecho, que sirvió durante años en el Tribunal de Cuentas de la República, docente de Derecho Administrativo, lo que lleva a la convicción que la imputación es claramente a título intencional, es decir, dolosa”.
El abogado pide, finalmente, que se cite al senador y exintendente de Paysandú, Nicolás Olivera; al director de Administración de la intendencia, Martín Thomasset, y a la actual secretaria general, Mariana Mazzilli.
Farinha, que presentó la semana pasada su renuncia a la secretaría general, ya ha declarado que no es verdad que cobre dos sueldos públicos. “Es falso que poseo otro empleo o contrato con el Estado, y quien sostenga lo contrario, miente, falta a la verdad”, dijo en declaraciones recogidas por el medio local El Telégrafo, el 4 de diciembre. “En mi calidad de secretario general y a través de la Intendencia de Paysandú, se me ha solicitado aportar desde mi especialidad técnica al gabinete de asesores, unidad que se vincula políticamente con la mesa del Congreso y administrativamente con la secretaría ejecutiva, espacio de asesoramiento técnico que también integra la Intendencia de Maldonado y Durazno, según lo dispuesto por la resolución de la Mesa”, aseguró.
