Congreso de Intendentes: compensaciones económicas del gabinete de asesores genera cuestionamientos normativos

El economista Gastón Núñez Villarino, profesor de Estadística del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y exvicedirector de Hacienda de la Intendencia de Paysandú, dijo a Búsqueda que “es claro que los tres asesores, que además tienen cargos en sus respectivas intendencias, están percibiendo dos ingresos del Estado, lo cual es ilegal”.

Consultado por Búsqueda, Villegas aseguró no tener “dos empleos públicos ni dos sueldos públicos” y que sus retribuciones las abona la Intendencia de Maldonado. “En representación de la Intendencia de Maldonado y a través de la misma, dada mi especialidad, integro el gabinete de asesores del Congreso de Intendentes, en el que he participado en diferentes temas. Incluso he asistido al Parlamento”, sostuvo. Asimismo, aclaró que no percibe retribución del congreso, sino que “por la representación y mayores tareas asignadas por la comuna”, ésta le paga un complemento por sus tareas.

Sobre este argumento, Duclosson dijo a Búsqueda que los tres asesores hoy “cobran a través de las intendencias respectivas ese ‘complemento’", pero a su entender se trata de "dos sueldos del área pública”.

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42° Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes en la Intendencia de Montevideo

Mauricio Zina / adhocFOTOS

“Está claro que Villegas percibe ese dinero de la intendencia, pero es a pedido de otro organismo diferente (el Congreso de Intendentes). Lo tendría que hacer en forma honoraria o la intendencia tendría que designar a otra persona no vinculada a ningún organismo público”, opinó el edil. En la misma línea se manifestó Villarino, quien afirmó que se intenta hacer pasar como un único pago, “cuando claramente son dos designaciones y por lo tanto dos pagos diferentes”.

También coincide con esta mirada el abogado penalista Federico Álvarez Petraglia, exdirector del Departamento de Tránsito y encargado de la Asesoría Letrada de la intendencia sanducera durante la gestión del frenteamplista Guillermo Caraballo. Según informó El Telégrafo el pasado 4 de diciembre, Álvarez, junto a Mario Díaz, exsecretario general de la intendencia y candidato actual a las elecciones departamentales en Paysandú por el Frente Amplio, presentaron días atrás un pedido de acceso a la información pública para conocer “los ingresos que percibe por todo concepto” Farinha, en el entendido de que “el secretario general percibiría ingresos de un órgano público distinto de la Intendencia de Paysandú” al integrar el gabinete de asesores del Congreso de Intendentes.

Farinha, en tanto, se refirió a estos cuestionamientos y aseguró que “es falso” que posea otro empleo o contrato con el Estado, y que “quien sostenga lo contrario, miente y falta a la verdad”.

“En mi calidad de secretario general y a través de la Intendencia de Paysandú, se me ha solicitado aportar desde mi especialidad técnica al Gabinete de Asesores, unidad que se vincula políticamente con la Mesa del Congreso y administrativamente con la Secretaría Ejecutiva”, indicó el jerarca según consignó el mismo medio. Además, aseguró que su desempeño como secretario general o como docente universitario “no supone en ningún caso una incompatibilidad, como tampoco lo es su participación en el ámbito del Congreso de Intendentes por la Intendencia de Paysandú”.

Consultado por Búsqueda, Álvarez Petraglia dijo que es claro que los tres dirigentes del Partido Nacional que integran el gabinete “están obteniendo un sobresueldo en un cargo público”. Agregó que en el caso de Farinha, incluso, ese ingreso no fue incluido en la declaración de ingresos ante la Jutep realizada en setiembre de 2023, en la que solo declara su salario como secretario general y como docente de la Universidad de la República, según pudo chequear Búsqueda. “Eso podría ameritar una denuncia penal”, señaló.

Por otro lado, el abogado indicó que tras asesorarse con colegas del Tribunal de Cuentas de la República, “todos coinciden en que este segundo ingreso es claramente ilegal”, ya que la interpretación de la norma es muy clara. “Ellos tienen un cargo por el congreso de intendentes donde desarrollan otra función aparte de la que desarrollan en su respectiva intendencia y por esa tarea le pagan un sueldo. Son dos ingresos que perciben por dos cargos públicos, dos remuneraciones públicas que están claramente prohibidas por la ley, que solo admite otro sueldo por cargos docentes”, afirmó.

En cuanto al hecho de que esa compensación sea abonada por las respectivas intendencias, dijo que la resolución que crea el gabinete indica que es el Congreso de Intendentes quien transfiere esas asignaciones a los gobiernos departamentales, aunque opinó que eso es irrelevante. “No importa quién pague. Es una forma fraudulenta para eludir una norma que claramente prohíbe percibir esa remuneración”, sostuvo.