La imputación del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi (Partido Nacional) ocurrió el pasado jueves 13 en el juzgado de Mercedes. Hasta ahora, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no publicó el pedido de formalización de la fiscal —un documento que detalla los presuntos delitos que se quieren investigar, los hechos y los presuntos responsables— y tampoco dio acceso a él a los periodistas que lo solicitaron.
Esto ocurre pese a que el artículo 9 del Código del Proceso Penal vigente establece el principio de publicidad del proceso penal y pese a que la propia fiscal del caso, Stella Alciaturi, se expresó a favor de su publicidad.
En una entrevista este lunes 17 con Radio Sarandí, Alciaturi dijo que “se estila habitualmente colgar en la página (de la Fiscalía el pedido de formalización) con las modificaciones que implica proteger, por ejemplo, a los testigos”.
“Tal vez haya faltado tiempo para que la Fiscalía suba a la página como corresponde la formalización”, comentó, y agregó que si estuviera publicada “todo el mundo podría tener una idea acabada de todos los delitos que se están imputando”.
Hasta ahora la única información que se dio a conocer de manera oficial —a través del vocero de la Fiscalía, Javier Benech, el jueves a la medianoche— fueron los delitos por los cuales resultaron imputados Besozzi y otros jerarcas de la Intendencia de Soriano.
Búsqueda consultó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, si el pedido de formalización de Besozzi será publicado o si hay una decisión de no hacerlo, pero hasta el momento no recibió una respuesta. A escala institucional tampoco se dio una explicación.
Fuentes del Ministerio Público dijeron que fue Ferrero quien decidió que, al menos por el momento, el documento no fuera subido a la página web de Fiscalía.
La audiencia de formalización del jueves 13, una instancia que también es pública de acuerdo al artículo 135 del Código del Proceso Penal (salvo excepciones fundadas), también fue declarada reservada y no se permitió el acceso a la prensa.
Según supo Búsqueda, quienes solicitaron que no se habilitara el acceso a la audiencia fueron los abogados de los jerarcas imputados. Si bien trascendió que la reserva se había dispuesto para preservar las investigaciones en curso, fuentes judiciales aclararon que no fue la fiscal la que solicitó la reserva dispuesta por la jueza del caso, Ximena Menchaca.
El juzgado definió que tampoco es posible acceder a los audios de la instancia. Según explicaron la actuaria del juzgado y el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, a Búsqueda, “las actuaciones están reservadas porque la investigación está en curso”.
Consultada esta tarde sobre la decisión de restringir el acceso a los audios y su motivación, la jueza Menchaca, por el momento, no respondió. Fuentes del Ministerio Público dijeron que en la sede de Mercedes no estaban al tanto de que se haya tomado tal decisión y que la Fiscalía no pidió que los audios fueran reservados.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, publicó el domingo 16 en su cuenta de X que “el proceso penal —salvo reserva judicial— es público, x (sic) razones de transparencia todos los ciudadanos deberían acceder a esos actos para controlar los fundamentos de las solicitudes de la Fiscalía y de las resoluciones judiciales, para hacerse una composición de situación propia”.
Consultado por Búsqueda, Rosa dijo que el pedido de formalización “es público” y que “cualquier persona debería acceder” si lo solicita en el juzgado de Mercedes, aunque en causas de gran relevancia “usualmente la Fiscalía sube (a su página web) las formalizaciones, apelaciones o condenas”.
“En un caso donde hay un interés de la ciudadanía por saber cuál era el corpus de la imputación, corresponde que se acceda por la vía formal, que las instituciones hagan pública esa información”, afirmó, y aclaró que se realiza con “los recaudos correspondientes”, como eliminar el nombre de los imputados o de los testigos.
“La transparencia es saludable y es un principio del Código del Proceso Penal”, agregó.
El exintendente de Soriano fue formalizado por la Justicia en el marco de una investigación sobre el uso irregular de dineros públicos en la comuna. Al jerarca del Partido Nacional, que renunció a la intendencia para hacer campaña por su reelección, se le imputaron varios delitos de corrupción, como reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones.
Junto con el exintendente fueron detenidos y formalizados otros seis jerarcas de la comuna. La Fiscalía lleva imputadas a cerca de una treintena de personas por esta causa, entre funcionarios y particulares.
El Directorio del Partido Nacional emitió este lunes 17 una declaración cuyo primer punto es “respaldar la trayectoria personal y pública” de Besozzi, “a quien le asiste el estado de inocencia”.
El directorio decidió “respaldar plenamente” su candidatura a la intendencia, como fue resuelto por la convención departamental del partido. El tercer punto de la declaración emitida hoy expresa la “preocupación” de la autoridad partidaria “por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad de los procedimientos, así como su rechazo a las filtraciones con motivos políticos”.
Besozzi, que se encuentra en arresto domiciliario y con tobillera electrónica, dio una conferencia de prensa desde su casa el domingo 16 en la que defendió su inocencia. “Nunca pedí nada a cambio de una gestión”, aseguró. El exintendente dijo que quizás cometió “errores” por poner lo “humano” por delante. Aseguró que actuó “siempre dentro de la ley”. Sin nombrar a nadie, dijo que hay ediles que pedían favores, pero hora hablan sobre su caso como si estuvieran “inmaculados”.
Distintos criterios
En los últimos meses —con la fiscal Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía— se han publicado en la página web institucional varias noticias con la información sobre diversas solicitudes de formalización, a diferencia del caso de Soriano. En estas noticias tampoco se difundió el documento, pero sí se informó un resumen de los delitos que se imputaron.
Por ejemplo, el 25 de febrero, una noticia fue titulada Se formalizó la investigación de una funcionaria de INAU por abuso sexual y el 2 de enero se publicó otra noticia titulada Funcionario policial imputado por abuso sexual y violencia privada; en ambos casos, dando información sobre las conductas de los presuntos implicados.
El auto de formalización de Besozzi —el documento que recoge la decisión de la jueza de formalizar la investigación, tras el pedido de la fiscal— indica que “la Fiscalía dio cuenta acabada de que contaba con los elementos objetivos suficientes de la comisión de los delitos cometidos y la identificación de los presuntos responsables” y que “los hechos expuestos en la solicitud de formalización fueron contundentes en cuanto a determinar prima facie la participación de los mismos en las imputaciones atribuidas”. Pero en ese documento —distinto al pedido de formalización— no se mencionan cuáles son los hechos concretos por los cuales la fiscal pidió su imputación.
