—La presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, declaró en Búsqueda su “preocupación” por los escasos recursos asignados en este presupuesto. ¿Comparte?
—Sí, hago mías las palabras de la presidenta. El organismo pidió $16 millones para el presupuesto. Y lejos de darle los $16 millones que pedía, se le rebajaron dos millones. Ahora, en el tratamiento de la Ley de Presupuesto, habría reasignaciones y se estarían obteniendo $3 millones de gastos de funcionamiento. O sea, bastante menos respecto a las necesidades que había planteado el organismo. Entonces, efectivamente, hace falta fortalecer en materia de recursos humanos y recursos materiales. Es un organismo que, lo requiere el diseño estructural de la democracia, tiene que funcionar bien. Y con las distintas leyes se le van asignando más responsabilidades y menos recursos. Un connotado dirigente del gobierno dice que en materia de presupuesto el aprecio se muestra, justamente, con recursos. Este gobierno no ha demostrado demasiado aprecio a la hora de darle presupuesto a la Jutep.
—Y el anterior tampoco y el anterior al anterior tampoco…
—El anterior creó cargos de abogados que no había, creó cargos de contador que no había.
—No se llenaron.
—Se crearon los cargos de abogados y se llenaron. No se llenó el cargo de contador, allí hubo una dificultad. Pero igual no entro en esa. No tengo problemas en decir que todos los gobiernos tuvieron que darle mayores recursos a un organismo que considero fundamental.
—Recién hacía referencia a la prevención del “secuestro político”. Usted es representante del Partido Nacional y por cuestiones de cuota política va a integrar un directorio que está compuesto por una mayoría de representantes del Frente Amplio. ¿Está bien que el máximo organismo anticorrupción sea cuotificado políticamente?
—A ver, yo creo que sí, que está bien. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Este tipo de organismo lo que necesita es credibilidad. Y, para tener credibilidad, lo técnico le tiene que ganar a lo político. ¿Eso significa que no tiene que haber dirección política? No. Tiene que haber dirección política con sensatez y con razonabilidad. Pero creo que en una materia que hace al ejercicio del gobierno, al control de sus actos, se requiere la presencia de representantes que, una vez que son designados, dejan de tener esa representación. Por eso nosotros no podemos hacer política, al igual que los demás integrantes de entes autónomos y servicios centralizados. A tu pregunta, sí, yo creo que sí, que está bien. Con esa salvedad: tenemos que hacer que lo técnico le gane a lo político.
—¿Para qué se necesitan los recursos que reclaman?, ¿qué está faltando?
—Hoy por hoy hay 10 funcionarios que tienen que hacer todo el control, por ejemplo, de las declaraciones juradas. Se necesita personal calificado, se necesita tecnología. Más en estos tiempos, donde la inteligencia artificial puede dar una mano sustancial, por ejemplo, en detectar variaciones patrimoniales que puedan generar una alerta, y ahí hacer la investigación del caso. Es mucho el trabajo que tiene para la poca cantidad de funcionarios.
—¿Con qué se encontró cuando asumió? ¿Cuáles son los temas que hoy demandan la atención de la "junta anticorrupción"?
—Hay casi 400 denuncias a la espera de resolución. La idea es ir poniéndonos al día. Antes de que asumiera había surgido un tema con el que, se lo adelanté a los integrantes del directorio, tengo un matiz. Es en el caso del intendente de Salto, Carlos Albisu. Yo tengo una discrepancia porque creo que se sobrepujó el criterio técnico, porque el informe técnico que venía de la jurídica no hablaba ni de corrupción ni de nepotismo. Y eso sí se agregó luego en la resolución del directorio. Y sobre todo porque había un antecedente de parte de la Jutep de que los cargos de particular confianza no estaban limitados. No entraban esas limitantes ni en el decreto 30 del 2003 ni en el código de ética. Incluso en el 2007 la Jutep contrató una consulta al profesor Juan Pablo Cajarville que llegó a esa misma conclusión. Con esos dos elementos me parece que hubo allí un dictamen que fue, a mi criterio, improcedente porque se sobrepujó lo técnico. Pero hasta el momento es la única discrepancia que he tenido.
—A usted le hizo ruido la palabra “corrupción” en la designación de un director de Obras en la Intendencia de Salto, que es hijo del secretario general y que depende funcionalmente de él.
—Creo que no hay problema en la designación por esto que le digo: los cargos de particular confianza no están afectados por esa limitación. Pero no toda irregularidad es corrupción. Entonces, yo creo que se hizo un énfasis que no venía incluso en lo técnico. En el dictamen de la jurídica no venía una mención a ese artículo o a esos artículos del código de ética y al decreto 30. Eso se agregó a nivel de directorio.
—¿Hubo entonces una valoración más política que técnica en la Jutep?
—No hago una valoración, yo hago una constatación. No venía en el informe técnico y sí quedó luego que pasó por directorio. A partir de esa constatación, yo sí digo que me parece que no fue procedente porque no aplica al fondo del asunto.
—¿Está disconforme con la aparición de ese concepto de “corrupción”, pero también está en desacuerdo con que la Jutep señale ese caso como uno que no está amparado en las normas?
—En realidad estoy de acuerdo con el dictamen o la resolución de la Jutep del 2007, que decía exactamente lo contrario a lo que dice ahora, en base a esa consulta que se hizo a Cajarville. Entonces, cuando uno se aparta de un precedente, creo que hay que fundamentarlo mucho. Creo que ahí el directorio hizo seguramente una valoración. Yo no le atribuyo ninguna mala fe, por lo contrario. Sí creo que no fue procedente esa calificación de corrupción.
—El hecho de que se contraten familiares para cargos de confianza que después tienen que ser controlados por sus propios familiares, ¿no cree que hay hacia la opinión pública una señal complicada?
—Muchas veces se llega a posiciones de gobierno y uno recurre a las personas de confianza. Evidentemente es interpretable, tan interpretable es que un catedrático como Cajarville decía que acá no aplica otra cosa que la Constitución, y la Constitución no limita a los gobernantes a la hora de recurrir a personas para cargos de particular confianza. Pero te puedo conceder que es discutible, eso sí, sin duda.
—Dijo que hay 400 denuncias que tienen que ir sustanciándose. ¿Cuáles son las prioritarias? ¿Cómo se establecen las prioridades? ¿Son del gobierno anterior, de este gobierno?
—Hay de todo, hay algunas que tienen muchos años y que han quedado en tratamiento o se ha requerido información. La idea es actualizar, ponernos al día.
—¿En cuáles se podría hacer foco, cuáles son urgentes?
—Creo que lo más reciente requiere una respuesta más rápida, por una cuestión de la señal política que supone que el órgano está funcionando. No desconozco que un órgano con las características de Jutep tenga que dar mensajes políticos en el sentido de política pública. Por ejemplo, esto de los parientes. Se puede llegar a un nuevo criterio y ahí la Jutep puede decir: bueno, a partir de ahora vamos a tener un nuevo criterio fundamental. Lo que no puede pasar es esto otro de que según el caso sea el cambio. Yo creo que para eso es fundamental tener un criterio técnico más allá del control político del organismo.
Luis-Calabria
Luis Calabria en su oficina de la Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
—Hay algunos casos recientes y, en esa búsqueda de señales hacia la ciudadanía, quizás la Jutep tenga que actuar rápido. Por ejemplo, el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. ¿Tiene que tener un tratamiento?
—Se va a tratar a la brevedad.
—¿Tiene una posición ya?
—Tengo una posición, sí.
—¿Cuál es?
—No, se la voy a decir a mis compañeros de directorio primero.
—Hubo otros casos polémicos: el de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, el de la exvicepresidenta de la Administración del Puerto, Alejandra Koch.
—Se van a tratar a la brevedad.
—¿Y sobre el tema del excanciller Francisco Bustillo y el asesor jurídico de Cancillería Carlos Mata, sobre los que una investigación administrativa detectó irregularidades?
—Como está actuando la Justicia, eventualmente Jutep no actuaría. Podría hacerlo luego.
—¿Y con la situación de Valentina dos Santos en Artigas, quien ya cumplió la condena que acordó con Fiscalía?
—Todos los casos que ameriten un pronunciamiento… Yo lo veo bien, no tengo inconveniente ninguno en abordar esos temas.
—Uruguay aparece al tope de los índices de transparencia. ¿Le parece que hay un problema de corrupción en el país como para que haya una necesidad de fortalecer a la Jutep?
—El tema de este tipo de organismos es la capacidad de prevenir, de detectar y eventualmente sancionar. Por eso son las declaraciones juradas, porque tienen un espíritu preventivo y, luego sí, la posibilidad de investigar y sancionar. Está en la agenda también el proyecto de ley de corrupción privada, y yo creo que hay que agregar el lobby. Así se tendría un marco jurídico completo. Y ahí apretar todas las clavijas que hay que apretar.
—Cuando surgió su nombre para la Jutep, hubo quienes recordaron su renuncia al Ministerio de Interior por haber recibido consultas médicas en el Hospital Policial.
—Yo renuncié porque consideré que era incompatible con lo que había dicho en su momento el presidente Lacalle Pou.
—¿Pero éticamente no estaba mal lo que había hecho?
—La valoración que hice en aquel momento fue que era incompatible con lo que había dicho el presidente. Hay biblioteca de los dos lados, de que se podía y de que no se podía. No creo que mi vida pública esté marcada por un error de valoración. Salvo que acá sean todos santos.
