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Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"
El diputado colorado Felipe Schipani solicitó la convocatoria a comisión de las autoridades del Consejo de Formación en Educación para despejar dudas sobre “posibles motivaciones políticas” detrás de la medida contra Claudio Rama
Claudio Rama, el director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) separado del cargo el 19 de setiembre por parte del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP a raíz de la denuncia de 11 funcionarios por acoso laboral, presentó el lunes 13 un recurso de revocación y otro jerárquico contra la resolución. Ese mismo día, lo recibió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado. A su vez, el diputado colorado Felipe Schipani solicitó a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes que cite a las autoridades del CFE para despejar dudas sobre “posibles motivaciones políticas detrás de la medida adoptada”, en referencia a que Rama planteó en diálogo con Búsqueda que fue apartado de la dirección del instituto debido a “una persecución” vinculada a su postura “crítica frente al proyecto de creación de una universidad de la educación”, una de las principales propuestas del gobierno y el oficialismo en materia educativa.
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El asunto, entonces, recorre dos caminos paralelos: el administrativo, mediante los dos recursos presentados, y el político, con acciones partidarias y parlamentarias.
Rama expresa en el recurso, al que accedió Búsqueda, que el sumario que se inició con su separación del cargo y retención de la mitad de su salario es “una decisión absolutamente lesiva” de sus “derechos laborales, económicos y sociales”, lo que impacta en su “prestigio profesional y funcional, sin tener ninguna prueba material, sin tener ni siquiera claro quiénes firman la denuncia”. En atención al “daño” causado a su “honor” y “prestigio profesional”, exige “la adopción de un acto de reparación que restituya plenamente” su “buen nombre” y “la confianza de la que gozaba”. Reclama a su vez, teniendo en cuenta “la gravedad de la imputación injusta” en su contra, que se disponga “una medida concreta que compense el perjuicio ocasionado”.
Claudio-Rama.jpg
Claudio Rama.
Nicolás Der Agopian
Denunciantes
La denuncia contra Rama, que derivó en el inicio de un sumario por su actuación (y otro sobre la de Nelson Simatovich, su asistente académico, dispuesto también con separación del cargo y retención de la mitad del sueldo), fue presentada por 11 funcionarios, tal como se desprende del recurso presentado por el director del IPES. Rama alegó que “en la supuesta denuncia no se establece quiénes son los accionantes”, sino que “solamente al final de la denuncia existe una serie de firmas, algunas de ellas sin aclaración, por lo que la denuncia debió ser rechazada in limine por no contar con los presupuestos básicos de la presentación en sede administrativa”.
La resolución por la que fueron separados del cargo preserva la identidad de los denunciantes por “la posible lesión a su dignidad e integridad” de acuerdo a “los hechos” denunciados y “la obligación” del CFE “en el mantenimiento de un clima de trabajo acorde a los fines institucionales”. El presidente del consejo, Walter Fernández Val, que firmó la resolución, dijo a Búsqueda que en el caso de denuncias de acoso laboral, “el protocolo prevé la más estricta confidencialidad y reserva para proteger la dignidad de todas las personas involucradas”.
Sin embargo, Rama planteó en el recurso que presentó que “el secreto de la denuncia y del contenido de la misma, y de la actuación administrativa secreta y reservada para supuestamente proteger a los denunciantes, ha sido violada por los mismos denunciantes” si se tiene en cuenta un artículo de prensa publicado en la diaria el jueves 2, donde “exponen públicamente al compareciente al escarnio público”.
La referida nota expresa que si bien Rama dijo que la denuncia fue “armada” por el sindicato y la Asamblea Técnico Docente del CFE, “solo siete de los 11 denunciantes están sindicalizados y en su totalidad se trata de funcionarios no docentes”. Los denunciantes declararon, agrega el artículo, que “constantemente los jerarcas hacían alusión a su respaldo político y también a su pertenencia a la masonería para mostrarles que difícilmente fueran a ser sancionados”. También manifestaron que Rama les llamaba “inútiles” y que la situación estaba afectando la salud mental de algunos funcionarios.
El denunciado lamentó esta publicación. “Ya nos juzgaron y sentenciaron y como si fuera poco: lo publicaron”, afirma en el recurso.
En la ampliación del recurso, Rama añade que uno de los denunciantes “hace varios meses no está trabajando en el IPES, sino que fue trasladado a la sede del CFE y cumple funciones como asistente de la consejera (del CFE, Laura) Donya en su secretaría privada”. La presencia de su firma en la denuncia “parecería que tiene por función agregar personas para sumar denunciantes (que avalen la mentira de que son la mayoría de los funcionarios del instituto)”, sostiene el denunciado, para quien “al mismo tiempo pone en evidencia (como si hiciera falta) que se trata de una iniciativa de la consejera Donya, con una clara e inconfesable intencionalidad de amparar la denuncia de unos pocos funcionarios”.
“Pesquisa secreta” y renuncias
Rama considera que “el expediente se ha tramitado con carácter reservado y secreto”, lo que le ha impedido conocer “con antelación” los cargos formulados y las pruebas tenidas en cuenta. “No se me ha otorgado oportunidad alguna de ejercer mi derecho constitucional de defensa, presentar descargos ni ofrecer prueba en tiempo y forma”, agrega.
Luego, responde a cada una de las acusaciones en su contra, a las que cataloga como “falsas”.
El denunciado dijo a Búsqueda que siete personas renunciaron al IPES desde que fue separado del cargo, entre ellos, Simatovich, sobre quien también se inició un sumario. Los siete “tenían cinco horas académicas cada uno de apoyo a la dirección” y fueron quienes “ayudaron a formular los proyectos de posgrados”, informó Rama. Consultado al respecto por Búsqueda, el presidente del CFE no negó ni confirmó estas renuncias.
Por otra parte, el director del IPES tramitó el 15 de julio la última solicitud de prórroga para mantenerse en el cargo desde marzo de 2026 hasta febrero de 2027, dado que tiene 70 años, que asumió la dirección en 2024 y que el concurso que ganó era para desempeñarse en ese rol por tres años. Sin embargo, al tramitar la solicitud, la Asesoría Letrada del CFE sugirió a ese consejo “no acceder a la prórroga” que pidió Rama, “por haber alcanzado el límite de edad de 70 años previsto en la normativa”. Además, recuerda que el Codicen puede otorgar la autorización “por necesidad del servicio, previa iniciativa fundada del CFE o de la Dirección General de Educación cuando corresponda”. La Asesoría Letrada destaca que “de existir aspirante con derecho al cargo interno de referencia, no se configurarían necesidades de servicio”.
