Con este desafío por delante, en la coalición encienden alertas porque en la bancada oficialista hay un solo abogado, la profesión históricamente asociada a la técnica legislativa. En el Frente Amplio, en tanto, quitan relevancia a ese hecho y aseguran que ese déficit se suple con los asesores.
El Frente Amplio cuenta en Diputados con un abogado, Álvaro Lima, quien, además, es candidato a intendente de Salto. Si es electo el próximo domingo, el partido de gobierno se quedaría sin abogados entre sus parlamentarios, ya que el primer suplente del salteño, Eduardo Varela, es rematador.
El coordinador político de la 609, Charles Carrera, que hubiese sido el único abogado del oficialismo con banca en el Senado si no retiraba su nombre de la lista a último momento, le quita relevancia al asunto. “Ser abogado o tener un título profesional no te da garantía de nada. Pensar que tenés que tener un título para ser legislador es de otra época y otro mundo. Algunas de las personas más inteligentes y capaces que conozco no tienen título, y algunas de las personas con menos luces y menos materia gris que conozco han pasado por la Facultad de Derecho”, dijo Carrera a Búsqueda.
Sin embargo, en la oposición advierten que la bancada frenteamplista flaquea en el expertise de hacer leyes. El senador blanco Sebastián Da Silva, por ejemplo, planteó el 8 de abril en rueda de prensa que “Daniel (Caggiani) tiene la dura tarea de coordinar una bancada de senadores donde no hay abogados”.
En la historia de los partidos fundacionales abundan los doctores en Derecho, a diferencia de lo que ha sucedido en filas frenteamplistas. En 2012, Miguel Serna, Eduardo Bottinelli, Cristian Maneiro y Lucía Pérez publicaron Giro a la izquierda y nuevas élites en Uruguay. ¿Renovación o reconversión?, un ensayo que revela cómo desde el año 2000 pierden peso en el gabinete y el Palacio Legislativo las profesiones liberales clásicas como derecho y ganan terreno las carreras vinculadas a las ciencias humanas, de forma más notoria entre las élites frentistas. Esa transformación moderada que reconocían los autores se profundizó en la última década, al punto que hoy hay solo un abogado entre los 65 parlamentarios del oficialismo.
El asunto está en el tapete desde hace décadas. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, el exfiscal Enrique Moller, parafraseó, en diálogo con Búsqueda, lo que solía decir Gonzalo Aguirre, vicepresidente de la República entre 1990 y 1995, con quien trabajó en un estudio jurídico durante 10 años: “Es necesario tener abogados en las bancadas parlamentarias para discutir de igual a igual”, repetía el constitucionalista blanco que falleció en 2021, “porque es la única manera de prevenir errores de técnica legislativa”.
La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay formó el año pasado una comisión integrada por Gonzalo Fernández (secretario de Presidencia y ministro de dos carteras durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez), Paul Pereira Schurmann y Moller para redactar un nuevo CPP, proyecto que enviarán al Parlamento cuando quede validado por el colectivo.
Paul Pereira Schurmann, Gonzalo Fernández y Enrique Moller
Los legisladores tendrán en estudio otras cuatro iniciativas para reformar el sistema procesal penal: la que prevé presentar Presidencia antes de fin de año, la que desarchivaron senadores de la coalición e impulsó en la anterior legislatura el Colegio de Abogados del Uruguay, la que reflotó el senador Zubía (para modificar el artículo 272 del CPP) y la que acordaron elaborar diputados colorados y frentistas.
Staff de asesores
A nivel político, habrá al menos dos ámbitos que trabajarán en paralelo en la redacción de un nuevo CPP: el grupo formado en Presidencia y una comisión especial que se creará a raíz de una propuesta presentada en marzo por el coordinador de la bancada de diputados del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. El coordinador de bancada del Frente Amplio, Mariano Tucci, y el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, también del MPP, informaron a Rodríguez el lunes que apoyarán su iniciativa para crear esta comisión especial, para lo que se requiere una mayoría absoluta que ambos partidos pueden alcanzar.
Rodríguez considera que es en el Parlamento donde debe discutirse la reforma del código y adonde se tiene que convocar a catedráticos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, a la Defensoría de Oficio, la Fiscalía General de la Nación y la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. “Si el grupo convocado por Presidencia termina antes su propuesta que esta comisión, les pediremos que nos manden los insumos que desarrollaron en ese equipo”, dijo el diputado colorado a Búsqueda.
Por su parte, Carrera celebró la iniciativa de Rodríguez de crear esta comisión especial y definió la reforma del CPP como “una cuestión de Estado”. Que haya solo un abogado en los escaños frentistas “no afecta en nada”, sostuvo el exsenador, porque “el rol del legislador es representar una parte del pueblo” y si en ese proceso existe “alguna deficiencia”, se cubre con “un muy buen staff de asesores técnicos”. El coordinador político de la 609 estimó que ese espacio cuenta con unos 40 asesores parlamentarios, en su mayoría abogados, contadores y economistas, entre otros profesionales, que trabajan en conjunto con los de los demás sectores. A su vez, sostuvo que más que el título universitario, “lo importante es estudiar los temas”.
“Lo que tenemos que hacer es solicitarles a los expertos que hagan la propuesta. Los doctores Gonzalo Fernández, Jorge Barrera, Germán Aller, Gabriel Valentín, Ignacio Soba y Abal Oriú nos pueden aportar muchísimo”, ejemplificó Carrera. Y agregó: “Hay que hacer una actualización y dar garantías. El CPP tal cual está no es garantista. Yo siento que la norma anterior era más garantista que esta. El estándar para pedir una formalización hoy es muy baja y por algo en el 99,9% de las solicitudes de formalización se hace lugar. Entonces, ¿para qué tenés un juez de garantías?”.
El perfil del Frente
Al politólogo Daniel Chasquetti no le sorprende que haya solo un doctor en Derecho en las bancadas oficialistas. “El Frente nunca se distinguió por tener muchos abogados”, dijo a Búsqueda, y expresó que “los legisladores de izquierda a lo largo del siglo XX, a excepción de Emilio Frugoni, tenían otro perfil”, diferente al de los partidos tradicionales en los que “la profesión de abogado pesa mucho”. El Frente Amplio “modificó el perfil” del político al promover a docentes y profesionales de otras disciplinas.
El profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República destacó que “el posible déficit que puede tener el partido en cuanto a la formación técnica de sus políticos lo suple con asesores”, y recordó que en la legislatura pasada el Frente Amplio tenía como asesores a 11 abogados en el Senado y a 22 en la Cámara de Representantes. En aquel staff se destacaban otros técnicos que hoy integran el gabinete: la contadora Gabriela Valverde (subsecretaria del Ministerio del Interior) y los economistas Martín Vallcorba (subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas) y Jorge Polgar (subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto).
Chasquetti, que publicó en 2023 una investigación titulada ¿Cómo se asesoran los parlamentarios uruguayos? Análisis, balance y propuestas, subrayó la diferencia entre el rol de las bancadas oficialistas y opositoras. “Cuando sos partido de gobierno te apoyás en el Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo envía una reforma de un código, es obvio que los parlamentarios del partido de gobierno van a defender el proyecto y lo van a hacer intentando que no se lo cambien. Cuando empiecen a discutir sobre los cambios, traerán a los técnicos del Poder Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene más recursos humanos que el Parlamento. El que está en el gobierno tiene una ventaja”, dijo, y especuló con que la bancada frentista convocará a Díaz y al ministro del Interior, Carlos Negro, para defender la iniciativa.
En cuanto al cambio de perfil de los legisladores, el politólogo aseguró que hoy “no tenés oradores como Zelmar Michelini, pero eso no es decisivo”, sino que “lo decisivo son los resultados” y “desde 1985 hasta acá, salvo dos años, la economía mejoró y vivimos mejor que en 1984”. En síntesis, “la política de ahora es infinitamente mejor de lo que era antes del golpe”, porque, “de hecho, antes del golpe la política no evitó el golpe, y ahora llevamos 40 años de democracia”. La hipótesis de Chasquetti es que luego de 1985 se produjo un trade off por el que el Parlamento perdió “un poco de calificación” y ganó “representatividad”, en el sentido de que “los parlamentarios se parecen un poco más a la gente”, un proceso que “a mucha gente la pone mal”, porque “hay muchos conservadores que preferirían verlos a todos de traje y corbata, todos leguleyos”.
