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El MEC deja sin efecto las autorizaciones definitivas a universidades privadas firmadas en febrero y llama al diálogo
El Ministerio de Educación y Cultura inició el proceso para anular resoluciones del gobierno anterior por “vicios de forma” y convocará al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada para elaborar nuevo marco normativo
José Carlos Mahía, actual ministro de Educación y Cultura, y Luis Lacalle Pou, expresidente de la República, en 2024, durante el 40 aniversario de la CAF
Entre el balotaje y el cambio de mando hubo 96 días, lapso en el que el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, firmaron un decreto que regula la enseñanza terciaria privada, y el secretario de Estado aprobó un procedimiento para otorgar “autorización definitiva” a las instituciones del rubro, luego lo modificó y otorgó al día siguiente este aval a cinco universidades y al Instituto Universitario Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ).
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El actual gobierno comenzó a desandar este camino: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) elevó a Presidencia un proyecto de decreto para derogar el firmado dos días después del balotaje, el martes 26 de noviembre, e inició el proceso para dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas en febrero por considerar que hubo “vicios de forma”. La responsable del Área de Educación Superior del MEC, Virginia Villalba, informó a Búsqueda que “se convocará inmediatamente al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) para discutir un nuevo marco normativo”.
El ministerio pretende derogar el decreto firmado el 26 de noviembre, el 316/024, por considerar que “innova en un área que afecta a todo el sistema terciario sin mediar los procesos de discusión necesarios”, explicó la jerarca, porque de su diseño no participó el CCETP, que integran representantes del MEC, de la Universidad de la República (Udelar), de las instituciones privadas y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Villalba destacó, además, que el contenido del decreto que firmaron Lacalle Pou y Da Silveira tampoco fue discutido previamente en la Comisión Coordinadora de la Educación.
En la propuesta que elevó a Presidencia, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, propone derogar este decreto, que quede vigente el 104/014, firmado en el último año del gobierno presidido por José Mujica, y convocar a su vez al CCETP para preparar de forma colectiva un nuevo decreto que contemple algunas novedades del sistema, como la enseñanza virtual, la internacionalización, los títulos conjuntos y las nuevas formaciones y titulaciones. Villalba explicó que “la derogación del decreto 316/024 es una oportunidad para definir un marco normativo actualizado con la participación de todos los involucrados”.
“Vicios de forma”
El decreto 316/024 estableció en su artículo 13 que “el Poder Ejecutivo otorgará la autorización para funcionar, prevista en el artículo 1° del decreto-ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, a aquellas instituciones que, cumpliendo con los requisitos formales y sustanciales (…), proyecten impartir enseñanza terciaria en una o más áreas de conocimiento”. En el artículo 29 estipula que “las universidades o institutos universitarios que cuenten con más de 20 años de autorizadas para funcionar y no hayan recibido observaciones graves durante ese lapso podrán solicitar ante el MEC su autorización definitiva”. A su vez, agrega que “las instituciones que obtengan la autorización definitiva podrán cambiar modalidades, modificar planes de estudio, cambiar la denominación del título final, crear nuevas orientaciones y titulaciones intermedias de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, así como abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, sin otro trámite que informar al MEC a los efectos del reconocimiento y registro de los títulos”.
Dos meses después de firmar este decreto, Da Silveira aprobó el 30 de enero el procedimiento de autorización definitiva a través de la resolución 0093/025 y, menos de un mes después, el 25 de febrero, lo modificó mediante otra resolución, la 0267/025. Ese mismo día, el CCETP emitió opinión sobre la solicitud que presentaron cinco universidades privadas y el Instituto Universitario ACJ, y al día siguiente Da Silveira resolvió otorgar las autorizaciones definitivas. Las instituciones que lo consiguieron son la Universidad Católica del Uruguay, la ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa, la Universidad Claeh y el Instituto Universitario ACJ. En los últimos días, el MEC dio vista a estas cinco universidades y al instituto del expediente por el que pretende dejar sin efecto las autorizaciones definitivas aprobadas el 26 de febrero.
Villalba menciona entre “los vicios de forma” que llevaron al MEC a iniciar el proceso para dejar sin efecto estas autorizaciones que la resolución que modifica el procedimiento no contó con informe jurídico que la respalde. Además, mientras que el decreto-ley N° 15.661 dice que el funcionamiento de las universidades privadas debe ser autorizado por el Poder Ejecutivo (es decir, por el mandatario y algunos de sus secretarios de Estado), el procedimiento para su “autorización definitiva” aprobado por Da Silveira en una resolución el 25 de febrero estipula que esta se puede otorgar con la sola firma del ministro de Educación y Cultura, sin necesidad de que cuente con el respaldo del presidente de la República. En el gobierno actual interpretan que para dar esta autorización no alcanza con la rúbrica del ministro, sino que se requiere además la del mandatario, como marca el decreto-ley.
La responsable del Área de Educación Superior del MEC aclaró que, si cae la autorización definitiva de estas instituciones, no se afectarán sus carreras, puesto que ya cuentan con otro tipo de autorizaciones. Villalba también insistió en que este proceso de revisión de la normativa y las autorizaciones responde a una búsqueda de un nuevo marco normativo. “La responsabilidad del Estado en la construcción de un sistema de educación terciaria supone brindar garantías y escenarios claros de desarrollo para las distintas instituciones, en base a la confianza en la trayectoria en el ámbito educativo y a la perspectiva de trabajar conjuntamente”, sostuvo la jerarca.
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Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.JPG
Críticas de Udelar y consejeros docentes
El decreto que firmaron Lacalle Pou y Da Silveira 48 horas después del balotaje recibió críticas. La Udelar presentó en diciembre un recurso contra la norma, pero fue desestimado por el anterior gobierno.
También en diciembre, los dos representantes docentes en el Codicen, la maestra Daysi Iglesias y el profesor Julián Mazzoni, cuestionaron la normativa en diálogo con Búsqueda: Iglesias advirtió sobre una “fragmentación del sistema educativo” que podría derivar en “universidades garaje”, en alusión a propuestas de baja calidad ofrecidas en países de la región, y Mazzoni enmarcó el decreto en un “proceso privatizador” y de desregulación de la enseñanza terciaria por el que el gobierno “baja mucho las exigencias”.
Las llamadas “universidades garaje” están en el ojo de la tormenta en España. La proliferación de universidades privadas de discutible calidad en ese país llevó a que los partidos de izquierda (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos) hayan aprobado en marzo en la Comisión de Ciencia y Universidades del Parlamento una propuesta para cambiar la Ley Orgánica del Sistema Universitario. De esta manera, buscan que el informe de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la Conferencia General de Política Universitaria pase a ser vinculante. Votaron en contra el Partido Popular (PP) y Vox.
