Tres meses después de asumir, en junio, el presidente Yamandú Orsi puso en marcha un acuerdo interinstitucional para entablar un contacto directo con referentes adultos de niños y adolescentes que no se inscribieron en ninguna propuesta educativa y que, por ello, eran candidatos a perder el beneficio de la Asignación Familiar. El gobierno diseñó entonces la Estrategia Nacional de Revinculación 2025 Volver a los Sueños, que identificó a 5.382 menores de edad que deberían estar dentro están por fuera del sistema educativo. Los funcionarios públicos lograron revincular en la primera etapa, hasta el 31 de julio, a 2.246 de ellos, cuyas asignaciones no fueron suspendidas. En la segunda etapa, durante la primera quincena de agosto, revincularon a 182 estudiantes más, como revela el informe preliminar del equipo interinstitucional a cargo de la estrategia, al que accedió Búsqueda.
El documento presenta datos sobre ciertas características de quienes deberían estar inscriptos en algún centro educativo, pero no lo están. Además, enumera fortalezas y debilidades de la estrategia.
El Banco de Previsión Social (BPS) suspende la Asignación Familiar, que oscila entre $ 1.291 y $ 3.702 al mes, en dos etapas del año, como establece la ley. En agosto dio de baja a 3.136 niños y adolescentes que no se inscribieron antes del 31 de julio en ninguna propuesta educativa. El 30 de setiembre se produjo el segundo corte, por el que dejan de percibir la Asignación Familiar quienes superan determinada cantidad de inasistencias. Por este motivo, suspendió este beneficio a otros 1.418 estudiantes, informaron fuentes oficiales a Búsqueda.
El informe preliminar destaca que “el despliegue de la estrategia trasciende los hitos que suponen los controles anuales previstos para esa prestación”, tanto el de julio como el de setiembre, y “busca centrarse en el afianzamiento de políticas asociadas a la revinculación educativa en un sentido amplio”, a partir de la premisa de que estudiar, además de una obligación, es un derecho de niños y adolescentes. El proceso fue liderado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social, y contó con la participación del BPS, los Centros de Capacitación y Producción del Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto del Niño y Adolescente, y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Colaboraron además la Secretaría Nacional de Deporte, la Organización Nacional de Fútbol Infantil y el Ministerio del Interior.
Fortalezas y debilidades
El equipo define esta estrategia como “un hito y una experiencia inédita en la política educativa de la actual administración y del país” por su alcance y su carácter interinstitucional. También reconoce una serie de debilidades.
De los 2.246 que no estaban inscriptos en ninguna propuesta educativa, pero se registraron, 1.665 fueron contactados por los equipos que trabajaron en la estrategia de revinculación. De ellos, “solamente” a 30 se les suspendió el cobro de la transferencia por no haberse incorporado a ningún proyecto educativo, expresa el informe.
El trabajo con las familias se estructuró en tres acciones: se estableció contacto telefónico y se realizaron entrevistas en el domicilio; se realizaron búsquedas barriales a través de consultas a vecinos, locales comerciales y allegados cuando los domicilios no coincidían; y se brindó orientación singularizada a estudiantes y familias sobre la oferta educativa y las oportunidades de revinculación.
El documento destaca la mayor incidencia de varones entre el grupo que no se logró contactar, lo que “se ha observado en otros estudios”: de los 3.106 desvinculados que no fueron contactados, el 59,8% son varones y el 40,2% son mujeres.
Por otra parte, tras la segunda etapa de la estrategia, que finalizó el 15 de agosto, “las situaciones con las que no se pudo hacer contacto, habiéndose intentado, fueron 1.728”. De ellas, 99 corresponden a “respuestas que insinúan una eventual mudanza al exterior”. El equipo alertó sobre “la limitada información respecto a egreso del país” y consideró “relevante” desarrollar acciones que permitan confirmar la eventual salida, porque los equipos territoriales advirtieron que el planteo de solicitud de pase al exterior podría “enmascarar” situaciones de vulneración u otros motivos que expliquen la desvinculación.
El informe preliminar consigna que la “principal debilidad de la estrategia” radicó en “la baja calidad y error de algunos datos clave, provenientes de los sistemas informáticos”. Cuestiona en particular “la falta de registro de la inscripción en centros educativos privados (tanto en educación inicial y primaria como en media)”, dado que “no se encuentra registro en los sistemas informáticos de ANEP”.
A su vez, “en algunos casos, se generó desconfianza por parte de las familias ante las visitas a domicilio y las llamadas telefónicas con preguntas y solicitud de información”, lo que se asocia a “la precariedad en términos de recursos y señales de identificación institucional”.
Las autoridades también constataron al inicio de la gestión “un marcado repliegue de los equipos territoriales”. Identificaron “dificultades específicas de zonas de frontera seca y en situaciones de movilidad humana”. En cuanto al primer punto, en Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha “la dinámica de mudanzas, residencia y escolarización en contextos binacionales complicó el contacto directo y el seguimiento desde los equipos nacionales”. En cuanto a lo segundo, no hay política ni normativa que permita ”verificar la escolarización en el extranjero”.
También se identificó una falta de oferta adecuada y atractiva para las situaciones puntuales de los estudiantes (en particular para adolescentes de 15 a 17 años) y se hallaron barreras de acceso, como la lejanía geográfica, la falta de recursos (boletos, uniformes, kit escolar), en algunos casos asociadas a la necesidad de estudiantes del ingreso al mercado laboral o al cuidado de familiares. “Las situaciones en las cuales los estudiantes o sus familias no ven la utilidad de la educación (por baja percepción de utilidad, por múltiples vulneraciones y/o procesos de exclusión), que han tenido experiencias negativas previas, enfrentan dificultades para acceder a la oferta educativa disponible, o han optado por la educación en el hogar, configuran las situaciones más complejas de abordar para los equipos en territorio”, agregó el equipo.
Otro aspecto que se identifica como debilidad es el diseño del instrumento de registro. “Priorizando la brevedad de la información a registrar y la simplicidad del formato a los efectos de alivianar la tarea de las personas que relevaban, el diseño y contenido resultó ser insuficiente al momento de evaluar en profundidad el impacto, los logros y aspectos pendientes de lo realizado”, expresó el gobierno. La información recolectada “es mínima y remite a grandes rasgos de las situaciones, acciones e instancias siguientes del proceso de revinculación”.
Las autoridades estiman “necesario mejorar la articulación interna entre los diferentes ámbitos de ANEP involucrados” y señalan que “la articulación con el Consejo de Formación en Educación fue prácticamente nula”.
Tres áreas clave
El informe sostiene que cada organismo involucrado en esta estrategia debe elaborar una propuesta interna de mejora. En este sentido, la ANEP en particular plantea que debe atender tres “áreas clave”: sistemas informáticos y gestión de información, adecuación de la oferta educativa y acompañamiento socioeducativo.
En cuanto al primer punto, propone establecer, por un lado, acuerdos con centros educativos privados y, por otro, crear mecanismos de registro frente a solicitudes de pase al exterior y estudiantes que se inscriben con pasaporte o documento extranjero y luego obtienen cédula uruguaya.
Sobre el segundo, concibe que “la revinculación debe entenderse como un proceso, no como un evento aislado”, por lo que resulta clave la adecuación de la oferta educativa, diseñada para adolescentes de 15 a 17 años con trayectorias interrumpidas, múltiples repeticiones o incompatibilidades horarias debido a obligaciones laborales, y para “estudiantes en situación de maternidad o con problemas de salud, cuyas trayectorias demandan mayor flexibilidad en tiempos y modalidades de cursado”. Para ambos grupos, propone “explorar nuevos dispositivos de acreditación y adecuación curricular”.
También recomienda, entre otras medidas, fortalecer los equipos socioeducativos en los centros, definiendo estrategias claras de recepción y acompañamiento de estudiantes revinculados.
