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Junta anticorrupción: oficialismo rechazó propuesta de registrar en video sus sesiones
El director de la oposición, Luis Calabria, argumentó que sería una herramienta “para acreditar con fidelidad” lo que ocurre durante las sesiones del organismo; la mayoría entendió que podía provocar “efecto inhibidor” entre sus integrantes
En un contexto de tensión creciente en la interna de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), oposición y oficialismo volvieron a chocar sobre las dinámicas de trabajo en la sesiones del organismo. En la sesión del 5 de junio, el representante de la oposición, el blanco Luis Calabria, propuso que haya un registro audiovisual de las reuniones de directorio para “acreditar con precisión el contenido de lo efectivamente resuelto o comprometido” y así “evitar controversias que en algunos casos han tenido consecuencias jurídicas relevantes”.
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Calabria argumentó que contar con la grabación de las sesiones “elevaría el nivel de la deliberación institucional, en tanto todos los participantes saben que sus palabras —y también su tono, sus formas y su actitud— quedarán documentadas”.
La posición fue rechazada por la mayoría del oficialismo integrada por la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. De acuerdo a las actas de la sesión, Ferraris cuestionó que un registro de audio y video “podría generar un efecto inhibidor en los integrantes del directorio y en los funcionarios asesores”. Argumentó que “si se sabe que cada palabra quedará registrada y potencialmente expuesta, puede limitar la franqueza y profundidad del debate técnico-jurídico; desalentar la expresión de opiniones preliminares, consultas o dudas”, además de “afectar la colaboración interinstitucional cuando participan representantes de otros organismos, que podrían negarse a exponer información sensible”.
Calabria, sin embargo, sostuvo que el razonamiento de Ferraris “invierte la lógica institucional”. “La función pública no se ejerce en el ámbito de la espontaneidad privada. Los directores actúan en nombre de un organismo del Estado y en ejercicio de potestades públicas”, dijo. Y añadió que la conciencia de que las propias palabras y conductas quedan registradas “no es una limitación al ejercicio de la función, sino precisamente uno de los mecanismos que disciplina su ejercicio en términos de responsabilidad y decoro institucional”.
Para el director de la oposición, si algún integrante del directorio entendiera que la existencia de un registro audiovisual podría comprometer la calidad o la libertad de sus intervenciones, “ello revelaría una preocupación” que “no comparte” y “cuya justificación institucional resulta difícil de precisar”.
En la resolución por mayoría del directorio, se consideró que la grabación puede ser utilizada como “instrumento de obstrucción a la lucha contra la corrupción”. “La experiencia comparada demuestra que las grabaciones han sido empleadas para filtrar selectivamente fragmentos con el fin de desacreditar investigaciones, ejercer presión mediática y política sobre los directores”.
Y agrega: “Esta Junta no puede adoptar una medida que, lejos de disuadir la corrupción, ofrezca nuevas herramientas a quienes pretendan obstruir sus funciones”. Además, concluye que las actas y las resoluciones del directorio son “plenamente accesibles al público” y que desde 2025 se publican “en forma íntegra y sistemática en el sitio web oficial de la Jutep”.
Luis-Calabria
Luis Calabria.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Fundamentos en minoría
En la misma sesión, la mayoría oficialista confirmó además que los fundamentos de los votos disidentes dejarán de integrar las resoluciones del organismo y quedarán registrados únicamente en las actas del directorio.
Calabria también cuestionó la medida, según consta en el acta de la sesión. Reprochó que se modificó “un criterio consolidado” y que, además, se hizo de forma retroactiva: “modificando actas y resoluciones, reelaborándolas, quitando de la web para esa modificación y su posterior republicación”. Señaló que esto “afecta la transparencia”, es “incompatible con las buenas prácticas administrativas” y “violatorio de toda la normativa relativa a documentos públicos y su debida preservación”.
