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Distintos matices de fastidio estarán presentes en la tarde de este jueves 17 en la reunión entre senadores blancos y colorados que estudiarán los más de 50 aditivos propuestos para la Rendición de Cuentas. El motivo de enojo es la decisión del Frente Amplio de votar el proyecto tal como llegó de Diputados. Haciendo pesar su mayoría, el oficialismo cierra así el paso a cambios y a una eventual tercera cámara.
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Los tonos más duros surgieron del Partido Colorado. El senador Robert Silva dijo a Búsqueda que “una vez más” el Frente Amplio “demuestra falta de oficio” para gobernar. “Se paran en el discurso fácil de pintar muros y decir que ‘blancos y colorados están contra las infancias’, cuando a la hora de concretar cosas en beneficio de la gente, se paran del otro lado y se victimizan”, añadió. Su colega de bancada Tabaré Viera aseguró que la decisión del oficialismo “cayó muy mal” y que no recuerda “que haya existido en el Parlamento una actitud similar”. Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, puso énfasis en que “varios ministros reconocieron que hay artículos que tienen errores o inconstitucionalidades”, y aun así “no los corrigen para no tocar nada”.
En el Partido Nacional el abanico de reacciones fue más amplio. “Es una falta de respeto al Senado”, dijo la senadora Graciela Bianchi, agregando que la Cámara fue convertida “en una escribanía del gobierno”. En diálogo con Búsqueda, la legisladora aseguró que en la coalición la decisión del oficialismo causó “mucho enojo”. “No diría que hay malestar (con la actitud de la bancada oficialista), pero sí que no se comprende, ya que no habilita ni a corregir los errores. El Frente te Escucha, pero no te oye”, prefirió ironizar su colega de bancada Rodrigo Blás. Similares conceptos vertió el también blanco Carlos Camy: “La del Frente Amplio es una postura que no esperábamos, está reñida con la tradición parlamentaria. Por más que la oposición no lo vote en general, se puede abrir el debate a modificar un artículo u otro. Y si algo hubo fueron propuestas de nuestro lado”.
El oficialismo, en tanto, reprocha a la coalición que cuando llegó el proyecto al Parlamento, organizó una conferencia de prensa para anunciar que no votaría la ley en general, lo que ponía en riesgo su aprobación en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría. A fines de agosto, un acuerdo con Cabildo Abierto permitió finalmente la media sanción del proyecto de ley en Diputados. La intención del Frente, que tiene 17 de los 31 votos del Senado, es que el texto surgido de la Cámara Baja no se modifique.
En rueda de prensa, el senador frenteamplista Daniel Caggiani expresó que el articulado actual permite hacer énfasis en los cuatro pilares que propuso el gobierno —infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle— y que la mayoría de los aditivos y sustitutivos propuestos por la oposición significan “aumento de gastos, sin que se diga cómo se va a financiar, como una cartita a los Reyes Magos”. También recordó que la oposición ya le había “pegado un portazo a la gente” con su negativa a votar el proyecto en general.
Fuentes parlamentarias dijeron a Búsqueda que una lectura realizada por legisladores opositores es que el Frente Amplio no quiso arriesgarse a perder los votos de Cabildo Abierto si modificaban el proyecto. Es que si el texto tiene modificaciones en la segunda cámara, debe volver a la primera cámara que lo votó (lo que se llama tercera cámara) para que sea ratificado o rechazado.
Parteaguas
Entre los aditivos y sustitutivos que la oposición aspiraba a incorporar al texto, Silva destacó los referidos al financiamiento del Instituto Nacional de la Leche, a los problemas de competitividad del comercio en la frontera y a recursos para los juzgados especializados en violencia de género. “El Frente Amplio se rasga las vestiduras con ese tema, pero vienen los representantes del Poder Judicial, te cachetean con la necesidad urgente que tienen, y les da la espalda. Lo mismo pasa con la Fiscalía”, agregó.
Bordaberry, por su parte, además de reiterar sus críticas a los cambios en las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, cuestionó “problemas de constitucionalidad notoria” del articulado, como el que le da al Poder Ejecutivo la potestad de cesar discrecionalmente a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, “cuando la Constitución exige que sea por omisión, delito o decisión del Senado”. También apuntó al ministro de Economía, Gabriel Oddone, que ayer miércoles asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado: “Las previsiones de crecimiento de este gobierno (del 1,6%) solo las sostiene él tozudamente, sin ver que se cae todo el castillo de naipes armado por él; esa es la objeción mayor para no votar la ley en general”. Viera subrayó esta última postura: “No solo no hay negociación de por medio, nos están pidiendo que aprobemos números que no estamos dispuestos a avalar”.
El viernes el proyecto se aprobará en la comisión; el tratamiento en la Cámara de Senadores comenzará el lunes 21 y se espera que a lo sumo se extienda hasta el miércoles. “Al menos vamos a hacerles ver sus errores, que muchos reconocieron; y eso es lo grave”, señaló Bordaberry.
Distintos legisladores deslizaron que la actitud del oficialismo que cuestionan puede marcar el tono del resto del período legislativo. “La verdad es que como antecedente no es bueno, más en un país en la situación en la que está”, afirmó el senador blanco Sergio Botana. “Nos preocupa lo que está pasando, sobre todo si se va a mantener este criterio para futuras rendiciones y para otros proyectos de ley”, señaló por su lado Bianchi. “Nosotros queremos colaborar, pero nos están cansando”, agregó la senadora.
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