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El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores
Una resolución del Poder Ejecutivo señala que las medidas gremiales han afectado de forma relevante la actividad portuaria, “con incidencia sobre el interés general”
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En un comunicado público, el martes 8, la empresa anunció que pediría formalmente a las autoridades la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo y que continuaría analizando las medidas administrativas y legales correspondientes para “proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados”.
El mismo día, una resolución firmada por los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas) señaló que la “alteración constatada” en la prestación de los servicios de la terminal afectaron “seriamente la normalidad y continuidad del funcionamiento de la única terminal especializada de contenedores del país”, y planteó que la continuidad de las medidas gremiales provocan una “afectación relevante” de la actividad portuaria, “con incidencia sobre el interés general”.
Por ende, apuntó el texto de la resolución, “resulta necesario asegurar servicios mínimos de funcionamiento y operación”, lo que se enmarca en los principios desarrollados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en procura de “compatibilizar” el ejercicio sindical con la protección de los “intereses generales”. Con ese objetivo, convocó a las partes para instrumentar y asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos en un plazo de 72 horas, que se cumplirán en la tarde de mañana, viernes 11.
De esa forma, el Ejecutivo toma distancia de una eventual declaración de esencialidad. Etcheverry dijo en rueda de prensa el martes que, de no llegar a un acuerdo, “será el gobierno el que avance en la reglamentación” de los servicios mínimos.
Castillo, en tanto, declaró expectativas de que “se liquide la discusión” esta semana.
La conflictividad en el puerto debido a la falta de acuerdo entre TCP y los trabajadores provocó en las últimas semanas distorsiones en la operativa; las cámaras empresariales y la oposición política han reclamado al gobierno actuar para evitar esos problemas.
Proyecto de inversión y cese de demanda
Por otro lado, Neltume Ports, el principal accionista de Montecon —el operador de contenedores en los muelles públicos—, firmó el viernes 4 en Presidencia de la República el cese del arbitraje que había iniciado contra Uruguay en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La demanda se había originado a partir de la firma entre el gobierno y Katoen Natie en 2021 que extendió la concesión de TCP en el Puerto de Montevideo hasta el 2081.
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