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Cuando el máximo órgano judicial venezolano se asignó las atribuciones del Poder Legislativo, la comunidad internacional lo condenó, el Frente Amplio nada dijo. Cuando el TSJ revirtió la decisión por orden de Maduro, la comunidad internacional nada dijo, pero el FA exigió que se felicitara al régimen de Maduro por corregir el “error”. ¿Acaso el Frente Amplio no advirtió que esa acción no solo no restablecía orden democrático alguno sino que reforzaba la inexistencia de la separación de poderes? Sin dudas lo advirtió, porque no tienen su capacidad intelectual disminuida, el problema es que la separación de poderes y, más concretamente, la independencia del Poder Judicial no es un valor para esa fuerza política. Ese Poder encarna el respeto por lo jurídico y están convencidos que ello debe quedar supeditado a los designios políticos que, claramente, no encarna el Poder Judicial.
Hace ya mucho desde el Frente se escucharon voces que reclamaban la necesidad de que hubiera ministros de la Suprema Corte de Justicia comprometidos con la línea del gobierno. Hace menos tiempo el FA intentó negociar políticamente ascensos a la Suprema Corte de Justicia —por fuera del orden de la lista de ministros a ascender— basándose en el compromiso que la propuesta tenía con el tema laboral y los derechos de la clase trabajadora. Y ahora la senadora Topolansky sale a plantear que hay jueces que ella propondría como candidatos o candidatas a la Presidencia de la República por el Frente Amplio.
Tenemos confianza de sobra en la honorabilidad de nuestros magistrados, tenemos la plena convicción de que conocen su función, sus obligaciones, sus derechos y sus prohibiciones, sabemos de su ecuanimidad y alto compromiso democrático. Es por ello que la preocupación no proviene de la desconfianza del Poder Judicial uruguayo ni de sus representantes, sabemos que no saldrán a ponerse al servicio de las fuerzas políticas para que los tengan en cuenta en eventuales candidaturas.
El problema está en que debemos estar alertas porque no han sido pocas las ocasiones en que los más conspicuos representantes del Frente Amplio nos han demostrado que quieren aterrizar políticamente sobre el Poder Judicial, que lo quieren transformar en una herramienta más de un aparato puesto al servicio de un gobierno, que quieren poner en manos de los gobernantes de turno —ellos o cualquiera que fuera— el último reducto de defensa incondicional de los derechos de los individuos, la última garantía de la plena vigencia de las libertades, el último bastión en que la conciencia de los decisores no está puesta al servicio de aspiraciones personales ni de convicciones ideológicas sino al servicio del derecho y su fin último, la justicia.
Cuidado, entonces, la receta no es nacional y si bien el avasallamiento del orden democrático es actual y gravísimo en Venezuela, no está lejos de nuestro país.
