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Por derecho propio, la inseguridad se convertirá en uno de los ejes de la campaña electoral. Tal vez en el más relevante. Aunque para las elecciones faltan 16 meses, esa carrera se corre desde hace rato con argumentos basados en demandas al gobierno, en “y yo más”, y en drásticos cambios legales que buscan satisfacer las exigencias de la población. Su resultado puede ser el contrario al buscado.
El vocero del Ministerio del Interior, Fernando Gil, admitió que este año Uruguay registrará “un triste récord en materia de violencia”. El ministro Eduardo Bonomi y sus dos patrones, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el expresidente José Mujica, ahora expresaron preocupación por la actual situación. Inevitable. Tenían que asumirlo porque arriesgan la deserción de sus votantes que no están vacunados contra la inseguridad.
“El fin justifica los medios”, apostilló Napoleón tras leer El príncipe de Machiavelo. Desde entonces el aserto se ha generalizado. Se usa para cualquier justificación, incluso para endilgarles la responsabilidad a otros. Cuando aún había tiempo, empecinado y cobarde, este gobierno evitó asumir su responsabilidad de protección.
Ahora reparte la culpa: benignidad o errores de jueces y fiscales, liberalidad del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y su aplicación incorrecta, aumento de las mafias y la droga, o ajustes de cuentas. Convenientemente olvida su siembra para la médula: la pérdida de valores. Hizo germinar entre los delincuentes el desprecio por la vida y alentó que esos malandras buscaran sobresalir entre pares demostrando dureza. No hay que engañarse. A la mayoría de esos delincuentes adolescentes y adultos les importa un pito que aumenten las penas o que deban enfrentarse a la Policía. Salen dispuestos a matar o morir. Y en general ganan.
La justificación oficialista llega a razonamientos absurdos. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, atribuyó a la inclusión financiera el aumento de las rapiñas. Como hay menos dinero en la calle los delincuentes tienen que robar más veces, dijo en El Observador. Después, patético, aclaró que no dijo lo que dijo, sino que lo dijo diferente. ¡Claro que lo dijo!, pero le vino diarrea tras los rezongos del ministro de Economía, Danilo Astori, y de su hermanito mayor: “No seas nabo”.
Los uruguayos están angustiados, temerosos, indignados, desconcertados y furiosos con la deficitaria política de seguridad. El gobierno y los partidos tienen claro que nadie que pretenda contemplar esos sentimientos puede quedar afuera de proponer eventuales soluciones.
Desde siempre la fuerza policial ha sido el brazo auxiliar de la Justicia. Son los policías (y sus conductores) quienes con su trabajo tienen la obligación de proteger al ciudadano. También la obligación de detener a los responsables y de proporcionar a fiscales y jueces los elementos para probarlos. Sin ese aporte nada es posible. Poco importa cuáles sean los códigos vigentes.
Hace algunas semanas, en la calle Buschental, frente al domicilio del presidente Tabaré Vázquez, se produjo una emblemática manifestación de protesta. Unos días antes, a media cuadra, el joven Mateo Urtiaga había sido asesinado durante una tentativa de rapiña.
La gente se concentró convocada por Facebook y WhatsApp. Responsabilizaron a Vázquez y le urgían soluciones. Una señora gritó furiosa: “¡No me importan los derechos humanos, el malandrinaje tiene que morir!”.
Esa frase terrible es consecuencia de la lava del volcán de la inseguridad. Corre por diferentes barrios donde los vecinos integran cuadrillas para proteger sus hogares. Todavía no hay quienes tomen la ley en sus manos ni han surgido justicieros anónimos. Todavía.
Las propuestas de medidas singularmente duras comenzaron en febrero. El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) propuso instalar la cadena perpetua revisable para homicidas, violadores y sicarios, entre otros delitos. Ahora junta firmas para una reforma constitucional que incluya los allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional. Más puede ser menos.
El diputado Guillermo Facello (Partido de la Gente) gritó “retruco”. Quiere que el gobierno adopte Medidas Prontas de Seguridad para combatir el estado de conmoción interna, como dice la Constitución. Un desborde en la dirección de los reclamos populares; varios estarán de acuerdo y algunos votos puede haber ganado en su batalla interna con el exfiscal Gustavo Zubía.
El gobierno procura no quedarse atrás y propone reformas al CPP. Amplía la posibilidad de aplicar la prisión preventiva y limita el juicio abreviado. Como varios sectores de la oposición tratan de congraciarse con los reclamos sociales es probable que lo apoyen para evitar reproches. ¡Luego de 13 años de análisis del código le siguen poniendo curitas!
Con el nuevo CPP Uruguay salió de la Edad Media procesal luego de haber sufrido cuestionamientos de Naciones Unidas por no contemplar el principio de inocencia. Con los cambios aumentarán los presos sin condena. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, uno de los redactores del CPP original, ahora apoya “soluciones quirúrgicas” porque están en juego la vida, la integridad física y la propiedad. Tiene razón, pero en las cirugías también hay mala praxis.
Si se producen los cambios propuestos, y con sanciones más duras, las cárceles volverán a convertirse en depósitos. Desaparecerá el principio de inocencia. Imagino el desconcierto del comisionado parlamentario de Cárceles, Juan Miguel Petit, que no hace mucho expresaba su satisfacción por la disminución del número de reclusos.
La cuestión es saber si alguien cree, honestamente y sin demagogia, que con mayor número de presos por más tiempo, o mediante leyes con sanciones más duras, algo cambiará. Lo que padecemos llegó para quedarse por mucho tiempo. No hay que hacerse trampas al solitario.
Según las últimas estadísticas, en 2016 más de 6.000 procesados tenían entre 18 y 25 años y quienes no tenían antecedentes penales eran la mitad del total. Dentro de una década los actuales escolares, que maman el delito desde la cuna, y asumen valores degradados, tendrán más de 18 años. Serán muchos más que hoy.
Con más tiempo de reclusión, con satisfacer la sed de venganza y ver a los delincuentes detrás de las rejas, difícilmente cambie algo en lo inmediato y aun en lo mediato. Lo que está roto será difícil de reconstruir. La trama social es más compleja de recuperar que la destrucción de un edificio sobre el cual debe levantarse uno nuevo.
Al edificio del Sodre lo destruyó un incendio el 18 de setiembre de 1971. El nuevo fue inaugurado el 21 de noviembre de 2009. En términos electorales actuales ese lapso equivale a más de siete administraciones nacionales y a fuertes inversiones económicas.
