Ximena Bogarín define su cuerpo como “disidente”: “Soy gorda —peso 125 kilos—, tengo barba y un montón de cosas”. No cumple con los estereotipos asociados a su trabajo. “La gente piensa que por ser gorda no tengo sexo y que mi cuerpo no es erótico”, dice. Sin embargo, desde hace cuatro años, se dedica al trabajo sexual. Lo dice de forma pública desde hace un año y medio. Eso, explica, es porque le llevó tiempo reconocerse como trabajadora y aceptar que la actividad por la que obtenía dinero era, en verdad, un trabajo.
Antes de dedicarse a la prostitución, Bogarín fue muchos años empleada doméstica en Carrasco, y antes trabajó en un call center. Asegura que en sus empleos anteriores sufrió la misma “explotación” que la que padecen hoy las trabajadoras sexuales.
Trabaja de forma independiente, en su casa o en hoteles, y siempre lo hizo así. Ofrece sus servicios a través de redes sociales y páginas web. Prefiere esta modalidad para no tener que depender de nadie y porque, además, le deja tiempo para ver a sus hermanas y hacer militancia política.
Desde 2007 existe un monotributo que contempla los servicios sexuales. Sin embargo, de las alrededor de 11.000 trabajadoras que están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajo Sexual, solo unas 80 son monotributistas.
Pero su realidad no es la de todas las trabajadoras sexuales. Muchas, sobre todo en el interior, trabajan en whiskerías o prostíbulos. Los dueños de las whiskerías “obligan” a las trabajadoras sexuales a “hacer copa”. Esto es, conseguir que el cliente las invite a tomar un trago para obtener ganancias. Según Bogarín, en el mejor de los casos, la whiskería se queda con el 50% de las ganancias y la prostituta con el otro 50%. Pero, por lo general, la whiskería se queda con el 70% y la trabajadora con 30% “o mucho menos”, explicó. Además, los dueños hacen los pagos cuando ellos deciden.
Bogarín, que integra la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), se muestra conforme con su trabajo y las libertades que le brinda y no se plantea dejar de hacerlo. Pero reconoce que hay mujeres que, después de un tiempo, deciden dejar el oficio y “reorientarse” en el mercado laboral. Sin embargo, asegura que eso “no es posible”.
El trabajo sexual está bajo la órbita del Ministerio del Interior y de Salud Pública. Para poder trabajar de forma legal, las prostitutas deben registrarse en Interior y obtener una licencia. Para ello, se les toma una foto de frente y una de perfil, algo que, según Bogarín, “criminaliza” su trabajo. Esto genera que queden “fichadas por el ministerio” y su oficio figure como un antecedente penal. Más tarde, si la prostituta decide buscar otro trabajo, eso resulta un inconveniente. Sobre todo en las empresas públicas y organismos del Estado, donde los jerarcas tienen acceso a los antecedentes y suelen fijarse en ellos, afirma. Karina Núñez, que también integra la organización, asegura que las empresas privadas también “consiguen” el registro, por lo que el estigma se da en todos los ámbitos.
Los empleadores no tendrían por qué saber que la postulante es una exprostituta pero, según Núñez, en los pueblos chicos, sobre todo del interior, sucede que “todo el mundo sabe”.
Establecer “un piso”.
El trabajo sexual dependiente es más frecuente en Montevideo que en el interior. Núñez es de Young, Río Negro, y conoce de cerca la situación del interior. Sostiene que la mayor oferta está en la capital del país. Las situaciones fuera de Montevideo son diversas, según el departamento. En Río Negro “los prostíbulos no existen” y la mayoría de las trabajadoras sexuales ejercen en la calle, dice Núñez. Colonia, por el contrario, es el departamento con más prostíbulos en funcionamiento. Paysandú, por su parte, fue en el pasado “la meca de los prostíbulos y whiskerías”, pero hoy la mayoría del comercio sexual se da en la calle.
Bogarín también señala que las condiciones de trabajo son distintas en la capital y en el interior. Según ella, en Montevideo la mayoría de las trabajadoras sexuales cobran por hora. Las que trabajan en casas de masajes cobran alrededor de $1.500 la hora, y las autónomas cerca de $2.000, pero son una minoría. “En Paysandú vas a encontrar en la calle a gurisas haciendo sexo oral por $100”, asegura.
Y es que no existe ninguna ley ni decreto que oriente a las trabajadoras sexuales sobre cuánto cobrar por sus servicios. “Estamos averiguando cómo son los laudos”, dice Bogarín. Reconoce que es algo muy relativo y que depende de muchos factores. Sin embargo, desde la organización trabajan para establecer “un piso” para la legalidad del trabajo sexual. Todo servicio que se realice por debajo de ese piso entraría, entonces, en el terreno ilegal.
“La información no está llegando”.
Desde 2007 existe un monotributo que contempla los servicios sexuales. Sin embargo, de las alrededor de 11.000 trabajadoras que están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajo Sexual, solo unas 80 son monotributistas, según datos de la organización. Bogarín atribuye esto a que “la información no está llegando”, ya que asegura que la mayoría de las trabajadoras desconocen que pueden ser monotributistas.
Además, el monotributo existente no las conforma, porque no se adapta a la realidad del trabajo sexual. Núñez reclama que es necesario que sea “escalonado por edades, y que contemple las especificidades” del oficio. A los 70 años, por ejemplo, las ofertas laborales son más escasas y se hace difícil pagar el monto que requiere el monotributo, unos $ 2.000. “A veces no llegan a hacer $ 2.000 en el mes”, explica.
Tampoco les conforma que las condiciones y los montos sean los mismos, por ejemplo, para los vendedores de tortafritas o de mercadería en los ómnibus, ya que las condiciones son distintas.
Reformar la ley.
Desde hace casi dos meses, las trabajadoras nucleadas en Otras realizan una campaña de recolección de firmas para reformar la ley 17.515 de trabajo sexual. Si bien reconocen que, en su momento, sirvió para reivindicar la prostitución como un trabajo, la califican de “higienista” y aseguran que obedece a los intereses de los clientes, los dueños de los prostíbulos y whiskerías.
Para ello se contactaron con la representante del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, Tamara García, quien se mostró dispuesta a ayudarlas. Hoy las trabajadoras sexuales no están sindicalizadas, pero lo estuvieron hasta el 2015, con la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay.
En noviembre, el PIT-CNT realizará un congreso de trabajadoras sexuales y, según García, uno de los objetivos es que “sea el pilar fundacional del sindicato, nuevamente”.
Las trabajadoras sexuales pretenden llevar sus propuestas de reforma al Parlamento a través de un grupo de legisladoras con las que ya tuvieron reuniones. Entre ellas se encuentran Cristina Lustemberg (Participar, Articular, Redoblar), Daisy Tourné (Partido Socialista) y Constanza Moreira (Ir).
Lustemberg dijo a Búsqueda que el miércoles 17 mantendrá una reunión con Otras y un grupo de parlamentarios para escuchar las propuestas de las trabajadoras y establecer una base sobre la que plantear las reformas a la ley, que también calificó de “higienista”.
Entre los principales reclamos de las trabajadoras se encuentra el de salir de la órbita de los ministerios del Interior y de Salud Pública para pasar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aparte de la criminalización de su trabajo, advierten que los controles de salud que las obligan a realizarse de manera mensual no son para cuidarlas a ellas, sino para asegurarse de que “no contagien nada”, dijo Bogarín.
La diputada Lustemberg dijo que las conversaciones recién comienzan, pero que sí está convencida de que la ley de trabajo sexual tiene que reformarse “desde los derechos” y que no debe legitimizar “el proxenetismo”. Según Lustemberg, los legisladores que están trabajando el tema se ubican en una postura intermedia entre el “reglamentarismo” y el “abolicionismo” del trabajo sexual. “Voluntad hay”, aseguró.
