Foto: Presidencia.

Vázquez respalda al Tribunal en su fallo sobre Sendic e insiste en que él se “hubiera ido”

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Nº1934 - al de Septiembre de 2017

El mandatario Tabaré Vázquez manifestó su respaldo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, cuyo informe crítico del proceder del vicepresidente Raúl Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap profundizó el delicado momento político del oficialismo.

Consultado por Búsqueda, el presidente aseguró que “respalda” al Tribunal de Conducta Política y “sostiene” la misma opinión que expresó un mes atrás en una entrevista con el semanario: “Yo me hubiera ido”, dijo, ante la hipotética situación de que él hubiera recibido un fallo en contra por parte de ese órgano cuando en 1996 fue cuestionado por la compra de equipos médicos en el Instituto de Oncología.

Vázquez acotó que “aún” no habló con el vicepresidente sobre el pronunciamiento del Tribunal, cuyo contenido completo fue entregado el lunes 4 a representantes de los sectores y de las bases en el Plenario Nacional del Frente Amplio y tomó estado público de inmediato. Con una contundencia que sorprendió a muchos dirigentes, señala que las compras con tarjetas corporativas realizadas por Sendic cuando estuvo en Ancap “comprometen su responsabilidad ética y política”.

En función de ese pronunciamiento del Tribunal, el próximo sábado 9 el Plenario se reunirá para tomar una decisión respecto al caso. Sendic dijo que se defenderá en ese ámbito.

Mientras, en los últimos días los principales dirigentes del Frente Amplio han mantenido encuentros para intentar acordar una resolución de consenso. La mayoría coincide en que es necesaria una sanción, si bien no tienen claro cuál es la medida indicada.

El miércoles 6, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, llamó a los jóvenes a “recuperar” el valor de la “ética” al hablar en un homenaje al fallecido dirigente comunista Germán Araújo.

Citaciones.

Además del proceso interno en el Frente Amplio, Sendic tiene abiertas otras dos investigaciones. Por un lado, en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también sobre el uso de las tarjetas corporativas de Ancap (y, de hecho, tomará en cuenta el informe del Tribunal de Conducta Política). Por otro, en la Justicia penal, por presuntas irregularidades ocurridas en ese ente entre 2010 y 2015.

El martes 5, la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, a pedido del fiscal Luis Pacheco, dispuso la citación como indagados de los 11 directores de Ancap durante ese período. Los citados son los frenteamplistas Sendic, José Coya, Germán Riet, Juan Gómez, Rubén Barboza y Fernando Acuña; Carlos Camy, Elena Baldoira y Diego Labat del Partido Nacional; y los colorados Juan Justo Amaro Cedrés y Juan Máspoli. Los indagados irán a declarar entre el 26 de setiembre y el 25 de octubre, y Sendic será el último, informaron a Búsqueda fuentes judiciales.

El abogado de Sendic, Gumer Pérez, dijo a Búsqueda que aún no le llegó formalmente la citación, y que evaluarán cómo proceder según cómo se cite al vicepresidente. “Si se lo cita por una vía común, como ciudadano, es una cosa; si llega a través de un oficio del Poder Judicial al Poder Legislativo, es otra”, afirmó. De todas formas, dijo que en ambas situaciones “es claro” que a Sendic, por ser el presidente de la Asamblea General, le rige “el estatuto del legislador previsto en el artículo 150 de la Constitución”, con lo cual “no tiene la obligación de concurrir” al Juzgado y puede declarar por escrito (según el artículo 223 del Código del Proceso Penal). “Dicho Estatuto prevé que un legislador no puede ser ‘citado a audiencia indagatoria’ de delitos en sede penal, si no le fueron levantados previamente los fueros por su respectiva cámara como establecen los artículos 113 y 114 de la Constitución”, explicó Pérez. “Presentarse obviamente que se va a presentar. El tema es si lo hace por informe o personalmente”, señaló.

No obstante, tanto el fiscal como la jueza entienden que la posibilidad de declarar por escrito solo rige para las autoridades que son convocadas como testigos, pero no para los indagados. Pérez discrepa y sostiene que la “jurisprudencia y doctrina mayoritaria respaldan” su posición.

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